Guanajuato, el vecino incómodo
1.- Guanajuato, el vecino incómodo
Al inicio del 2023, la violencia ya es la marca de Guanajuato. Los asesinatos, ataques a las vías de comunicación, los aparatosos operativos y la desaparición de personas, han provocado que el triunfalismo por las reducciones marginales en los índices delictivos pase a segundo término.
Los gobiernos de Querétaro y Jalisco han decidido intensificar sus acciones preventivas en la conectividad con Guanajuato.
Ambos estados instalaron operativos permanentes, incluso como una instrucción estructurada en sus planes de gobierno, amén de la imagen de un Guanajuato convulsionado por las masacres, delitos comunes y reacciones virulentas del crimen organizado.
El gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro Ramírez fue el primero en tomar la iniciativa el 5 de enero. La decisión sobrevino justo después de que en la carretera que lleva d León a Lagos de Moreno, se suscitara un enfrentamiento entre fuerzas estatales y civiles que aparentemente procedían de Guanajuato.
Es necesario recordar el abandono histórico de esta zona, ligada a múltiples delitos de alto impacto, sin que se haya desplegado una coordinación interestatal al respecto.
En el caso del gobierno queretano del panista Mauricio Kuri González, los retenes en las comunidades colindantes con Guanajuato se justificaron con el objetivo de “preservar” el bienestar de sus ciudadanos.
Aparentemente, en estos primeros días de operativos ya habría resultados positivos que, de confirmarse, pintarían las dimensiones del tránsito criminal que hasta ahora, ha sido cotidiano entre las entidades.
Por supuesto, habría que recordar la irrupción que hubo de agentes ministeriales de Guanajuato, en una persecución que terminó en la muerte de un presunto hampón ya en territorio queretano. Todo, en el contexto de las aciagas horas de los bloqueos y ataques del crimen organizado a vías de comunicación y tiendas de conveniencia.
Es así que Guanajuato se convierte en el vecino incómodo. Al margen de las cifras oficiales, el nivel de la violencia que persiste en la entidad ha motivado estos filtros policiales que deben ser un nuevo llamado de atención para los tres niveles de gobierno.
2.- Norma Nolasco, la víctima
Siempre presumiendo títulos honoríficos, convenios de beneficencia y su cercanía con el poder político, Norma Nolasco Acosta, fundadora del Grupo Unido de Madres Solteras A.C. (Gumsac), enfrenta serias denuncias penales en su contra por fraude.
No es un escenario desconocido por la activista que ha sido abanderada del PRD, Convergencia después Movimiento Ciudadano y el efímero Fuerza Por México. Estas denuncias se sostienen en su labor de reclutamiento para ofrecer supuestas casas para personas de escasos recursos.
Junto a su compañera de andanzas, María de la Luz Cortez Osuna, Nolasco tuvo que enfrentar la audiencia de formulación de imputación en su contra por el delito de fraude bajo la causa penal 1P3122-334, citada por la Juez de Control la licenciada Ana Laura Plascencia Torres.
Las afectadas la señalan por haber hecho la labor de convencimiento afirmando que Gumsac, era beneficiada de un programa donde se otorgaría a cada integrante una casa, les pidió difundir la noticia y el acopio de un grupo de personas. Los testimonios coinciden en municipios como León, Guanajuato, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón.
Pero ayer, en una declaración inaudita, Norma Nolasco reconoció que sí hubo fraude, pero aseguró ser una víctima y no la responsable. Afirmó que ella es una más de las embaucadas.
Pero al parecer hay otra situación de la que es “víctima”.
En su última sesión del 2022, el Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos solicitó la remoción de la protección que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) le brindan, a través de una orden indicada por el mecanismo federal de protección.
La verdad es que esa escolta no tiene razón de ser. Derivó de las amenazas que dijo sufrir, tras denunciar públicamente en 2018 los casos de abuso sexual cometidos por el exsacerdote Raúl Villegas en Irapuato. El aludido ya fue sentenciado de forma definitiva a 120 años de prisión y la protección se mantiene de forma injustificada.
Más aún, la solicitud del consejo derivó de una situación inaceptable. Resulta que Nolasco fue acusada de usar a sus escoltas para intervenir en una disputa familiar por una propiedad intestada en la comunidad el Ramillete. Los elementos estatales habrían golpeado a los implicados que presentaron su denuncia ante Derechos Humanos.
El desenlace de estas historias aún está por conocerse. Lo que es ineludible, es que las acusaciones en contra de Norma Nolasco se acumulan e intensifican. Al tiempo.
3.- Un infame viaje a España
A medida de que la información fluye, más injustificado se vuelve el viaje con cargo al erario que realizaron 20 diputados locales de Guanajuato, para recibir cátedra en materia de derechos humanos en la Universidad de Salamanca.
Paradójicamente, ayer iniciaron actividades en el viejo continente, mientras el propio Congreso del Estado arrancó con el Seminario Evaluación de Impacto Legislativo que también contempla el tema.
De manera más que justificada, desde finales del año pasado causó escándalo el millón y medio de pesos por el pago del curso de capacitación, vuelos y hospedaje, que el director general de Administración, Juan Caudillo Rodríguez, admitió para los legisladores que cobran 130 mil pesos al mes.
Pero para mayor ofensa, el curso en Salamanca, España, es similar a diversos programas que ofrecen otras instituciones como la UNAM que la supera por mucho en el ranking mundial de universidades. Podrían adquirir los mismos conocimientos sin necesidad de salir del país, ni gastar más de 1.5 millones de pesos.
La Universidad de Salamanca ocupa el puesto 601 a 650 a nivel mundial en el Ranking QS World University 2023, mientras la UNAM se ubica en el puesto 104 del ranking mundial, donde los cursos sobre derecho parlamentario rondan los 20 mil pesos, dependiendo de si son exalumnos o personas externas.
No hay pretexto. Testimonios de exdiputados locales advierten el carácter meramente turístico de estos cursos, que no han tenido aplicación real y una utilidad pública.
El viaje de los panistas Rolando Alcántar, Javier Torres, Víctor Zanella, Katya Soto, Jorge Ortiz, Martha Hernández, Bricio Balderas, Melanie Murillo, Martín López y Angélica Casillas; los morenistas Edith Moreno, David Martínez, Cuauhtémoc Becerra, Hades Aguilar, Ernesto Millán e Irma González; los priistas Yulma Rocha, Alejandro Arias y Ruth Tiscareño, así como el pevemista Gerardo Fernández, fue injustificado e inmerecido.
CONTRA RETRATO
José Luis Oliveros Usabiaga
Su alarde de capacidad de gestión, cercanía con la gente y de resolución pronta de los conflictos, ha quedado en tela de juicio por la falta de pericia para atender una protesta ciudadana que era más que previsible.
El alcalde de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga, fue rebasado por la circunstancias tras la represión policial que cometieron sus elementos municipales en contra de los comerciantes de la calle Victoria, quienes se manifestaron ayer contra la reubicación que les aplicaron para la remodelación de esta calle.
Si bien la protesta incluyó el bloqueo de la calle Matamoros, una de las principales hacia el centro de la ciudad junto a la Presidencia Municipal, las imágenes que prevalecen reflejan una mayor gravedad en el actuar de los policías que literalmente se liaron a golpes contra los comerciantes.
La capacidad de diálogo de Oliveros quedó en entredicho. En su lugar, personal de la Secretaría de Ayuntamiento no logró ningún acuerdo, misión difícil de lograr cuando la decisión oficial ya estaba dada.
Al final, un nuevo cuadro político como el del “Chelis” no atinó a la gestión anticipada o la resolución civilizada de los conflictos, cayendo en el juego.
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