Hacer lo posible

Contagios en las escuelas

1.- Hacer lo posible

Al ser consistente en Guanajuato la baja en la cuarta ola de contagios y hospitalizaciones -esta última al 10.9 por ciento, ya en el lugar 18 a nivel nacional en el índice de casos activos por COVID-19, la idea de imponer las clases presenciales obligatorias de forma total en los planteles educativos de la entidad es manifiesta en la Secretaría de Salud local, a cargo de Daniel Díaz, aunque no del todo en el sector educativo.

Y es que la duración de la pandemia no sólo ha sostenido preocupación en padres de familia y maestros sobre la salud de alumnos y ellos mismos, sino que también apareja problemas de otra índole. El delegado de la región IV de la SEG, Nicolás Rangel, precisa que, en 11 escuelas ubicadas en los municipios de Guanajuato, Silao e Irapuato, el retorno presencial total será imposible: las clases deberán seguirse a distancia porque sufrieron vandalismo. La historia se repite en otros municipios, siendo 53 los planteles, al momento en esas condiciones.

El secretario de Educación, Jorge Hernández Meza, plantea el regreso a clases presenciales para 1.7 millones de estudiantes de forma obligatoria antes de las vacaciones de Semana Santa. No necesita convencer a los padres de familia de que hay condiciones de seguridad sanitaria en las aulas, pero si debiera presionar para que al menos en la ruta de los hogares a las aulas, estas condiciones encontraran réplica, sobre todo en el sistema de transporte, la ola de contagios.

Ver nota: Hay más contagios en vacaciones que en clases: SSG pide enviar niños a la escuela

Contagios en las escuelas

2.- Interés superior

De no haberle ganado la ansiedad de anunciar propósitos para analizar la posibilidad de atender punitivamente -la salida fácil- la violencia que involucra a menores de edad, reduciendo la edad penal a los 16 años, el diputado local panista Martín López Camacho, habría tenido la oportunidad de saber que eso es imposible porque el interés superior del menor está tutelado por la Constitución del país y tratados internacionales a los que México está adherido. Sería revictimizarlos.

La propuesta hecha ante los medios a media semana y apuntalada por el alcalde de Celaya, luego de afirmarse que se ha incrementado el número de homicidios donde el crimen organizado involucra a menores, fue retirada de la mesa por el legislador ayer, aceptó la imposibilidad y cambió su propuesta de forma rápida, lo cual debe reconocerse en López Camacho, que ya ha tenido experiencia como diputado. Ahora quiere endurecer las penas a quienes inciten u obliguen a los menores de edad a delinquir.

Lo mejor, señala que las reformas para atender estos problemas deben ser viables: “pertinentes, oportunas, prudentes de acuerdo con el contexto que se vive”. Lo que no debe escapársele es exigir a sus asesores ponerse al día en derecho. Y su ejemplo, debe servir para que la diputada de su partido, Katya Cristina Soto Escamilla, psicóloga, que quiere imponer deberes a la niñez, también sepa que hay regulaciones superiores a las locales sobre la materia.

Ver nota: Bajar edad penal en Guanajuato violaría tratados internacionales

Contagios en las escuelas

3.- Privilegio mediático

El secuestro se considera un asunto sumamente delicado pues se pone en riesgo la vida de una o varias personas, debido a ello se les exige a las autoridades manejarlo con el mayor sigilo, pues los secuestradores tienen información de víctimas y familiares; en todo caso, se busca proteger las vidas de quienes han sido privados de su libertad. Por esas razones se puede exteriorizar que el tratamiento a la causa de los “8 exmineros” de la bocamina de San Cayetano de Guanajuato, careció de mesura al privilegiarse el “impacto mediático”.

Después de que la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la batuta de Carlos Zamarripa, anunció que en una operación conjunta con la SSPE y Guardia Nacional se logró “rescatar” a los “secuestrados, los liberados el lunes 21 de febrero comunicaron por medio de “un video”, el miércoles 23, que no fueron privados de su libertad. La causa del desmentido aún se desconoce.

Aunque… la FGE tiene la especie de as de la causa: 9 secuestradores detenidos, armamento y equipo decomisado. Fueron vinculados a proceso a pesar del contradicho de las víctimas quienes incluso volvieron a la Bocamina para “atender a los visitantes”. El otro asunto con la cual deberá “lidiar” la fiscalía guanajuatense: los ministeriales que torturaron a buscadores y familiares de desaparecidos; asunto en manos en manos de la CNDH y PDHEG que aumentará el quehacer a Zamarripa Aguirre.

Ver nota: Exmineros podrían estar negando su secuestro para proteger su integridad: Alcántar

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De la Valija. Reclama justicia

El litigio forjado por los hermanos Magdaleno Ramírez, de Pénjamo, no sólo está desvelando la actuación de un funcionario emanado del partido conservador PAN, sino además la “actuación” de la Fiscalía General del Estado para la procuración de la justicia. Daniel Magdaleno interpuso una denuncia penal por lesiones en contra de su hermano, J. Ascensión, funcionario de la SEDESHU, amén de reclamar al Ministerio Público la falta de seguimiento a su denuncia presentada en 2017 por despojo, también en contra de su hermano, “Don Chón”.

Este asunto mostró que la actuación del MP “podría depender de una decisión política”, también puso a prueba a otra funcionaria en la familia, la diputada local panista, Briseida Anabel Magdaleno González, hija de J. Ascensión, quien precisó, ante el asunto entre su padre y su tío, que no tiene nada que ver con su ejercicio pues es un asunto familiar que data 15 años. La demanda del tío, Daniel, es válida, amén de que los casos: despojo de hace cinco años y las lesiones de hora, dejaron el orden privado para inscribirse en el público. La legisladora debe velar por la aplicación de la ley.

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Luis Gerardo González García

Debiera preocupar entre el empresariado leonés que el hombre que coordina y debiera ser la voz aglutinante de las cámaras del sector privado no domine el concepto de pobreza laboral y considere que esta refiere desempleo. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que puede auxiliarle con sus análisis, podría orientarle y hacer saber que uno de los motivos de la movilidad de trabajadores en las empresas también deviene de los bajos salarios.

Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) descalificó el estudio de la organización “México ¿cómo vamos”?” donde se indica que 2 millones 516 mil guanajuatenses se encuentran en pobreza laboral, aduciendo que lo que sobra en Guanajuato es empleo y que los jóvenes no trabajan porque tienen becas federales.

Alguien debiera explicarle que la pobreza laboral es un indicador sobre los bajos salarios. Los trabajadores no pueden ganar lo suficiente para comprar la canasta básica. Luis Gerardo González, podría pedir referentes de otros estados industrializados, donde hay una mejor calidad de vida frente a Guanajuato donde abundan empleos con salarios de hambre y eso se nota en las estadísticas y en muchos problemas sociales.

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