Justicia para Aurora
1.- Justicia para Aurora
El caso de la joven silaoense de 18 años, Aurora Abigail, es la clara muestra de cómo la negligencia que alimenta la impunidad, puede convertirse en un problema social mayor cuando los mensajes de la autoridad, no sirven más que para avivar la llama de la indignación.
Nuevamente el esquema repetitivo de la violencia de género cumple con un antecedente clave, al enmarcar el feminicidio de una joven cuyas aspiraciones estaban más allá de la universidad.
Pese al cúmulo de inconsistencias en la versión de un supuesto secuestro del que habrían sido víctimas Aurora y su pareja -principal sospechoso-, además de haberse encontrado con una escena violenta, la Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, no fue capaz de sustentar el delito.
“Roldán”, como es conocido el presunto feminicida, pudo salir libre sin mayores pruebas que lo implicaran en el crimen, sin embargo, el delito sigue vivo e impune.
Es por estos casos que la desconfianza priva sobre la FGE. ¿Cómo dar credibilidad a los reportes de una fiscalía que no es capaz de elaborar una línea de investigación sobre un crimen tan atroz? ¿Los datos que reporta son confiables?
Difícil creer, por ejemplo, en los 12 feminicidios que reporta Guanajuato en el periodo de enero a julio, dentro del reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Prácticamente dos por mes en un estado inmerso en una crisis de violencia.
Esa cantidad sólo representa el cinco por ciento de los 226 asesinatos de mujeres que fueron encarpetados como homicidios simples, y menos del cuatro por ciento de los 293 homicidios culposos –o accidentales- que la FGE ha registrado este año.
Por lo pronto, el caso de Aurora ya vio pasar la audiencia de oralidad en el que la jueza informó a Roldán que enfrentaba cargos por el delito de feminicidio, y que el hecho de que en ese momento no fuera enviado a prisión preventiva, no significaba que se le retiraran las acusaciones.
Mientras tanto, la presión social se hace presente con una sensibilidad que se ha convertido en motor de un creciente movimiento completamente determinado a evitar que estos hechos queden impunes.
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Justicia para Aurora
2.- Desplazamiento forzado en Guanajuato
Se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de la violencia, violaciones a los derechos humanos.
En México y Guanajuato no existe una legislación específica que reconozca el desplazamiento forzado y en 22 años (1998 – 2020) se han presentado nueve iniciativas para crear una Ley y ninguna de ellas ha sido aprobada.
Sin embargo, no quiere decir que el fenómeno no exista, menos si hablamos del estado que lidera los asesinatos y las desapariciones forzadas en los últimos cuatro años.
En un año y medio en Guanajuato, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) que encabeza Jaime Rochín del Rincón ha atendido 20 personas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia. Un dato que no necesariamente representa la realidad, pero es suficiente para vislumbrarla.
Pero más allá de la labor asistencia que la CEAIV pueda ofrecer, es un tema que debe estar en la agenda de pendiente de la Secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, al tratarse de la consecuencia de la ingobernabilidad y la incapacidad para garantizar la seguridad pública.
Los casos principalmente consisten en amenazas, sobre todo en los municipios de Celaya, Cortazar, Salvatierra, Apaseo El Grande y Apaseo El Alto.
Recientemente, los activistas e investigadores que integran la Plataforma por la paz y la Justicia en Guanajuato, hicieron llegar a la Relatora sobre Desplazamiento Forzado Interno de la ONU la documentación de al menos ocho casos de familias desplazadas por la violencia y las desapariciones.
En una coyuntura donde la violencia sigue viva, la exigencia es garantizar medidas de protección, pues el fenómeno del desplazamiento forzado se identifica cada vez con más frecuencia en la entidad, además de los casos de Acciones Urgentes para al menos tres familias que se encuentran desplazadas como consecuencia de las búsquedas.
Otro trabajo puede ir en paralelo. Analizar y diagnosticar el problema en Guanajuato es también una urgencia, que no admite dobles discursos o explicaciones superficiales.
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3.- En el Distrito León MX, la cerrazón es confesa
Las negativas que por escrito respondieron del gobierno del estado, el municipio de León y los empresarios, sobre las cifras y resultados obtenidos en mes y medio de echado andar el concepto del Distrito León MX, poco tardaron en hacerse patentes como una postura oficial que no admite responsabilidades.
Sin importar las ‘buenas nuevas’ que días antes le confiriera el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en su más reciente gira por Estados Unidos, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos fijó su parte y se negó expresamente a informar sobre los recursos, gastos y afluencias, incluso, cuando hay algunos que caen en su cancha.
Afirmó que éstos sí se darán a conocer, aunque será Rodríguez Vallejo el que deberá hacerlo oficial. Lo único que reveló es que ya se tuvo una primera reunión de consejo – en año y medio- y se tiene otra programada. Eso sí, recalcó que quien preside es el gobernador.
Es verdad, la figura del gobernador fue la incluida como presidente por antonomasia en el consejo de la asociación civil con participación pública y en menor medida privada, pero el organismo aún dista de tener la vida y actividad que se esperaría de un complejo pensado en detonar la actividad deportiva, cultural, económica y de entretenimiento.
Por otro lado, las dudas razonables que Correo planteó vía Plataforma Nacional de Transparencia, en buena medida son materia del orden municipal, por lo que no contestarlas configura un claro deslinde.
Al no tener su propia Unidad de Transparencia, el Distrito León MX ha caído en una situación ambigua bajo la excusa de tener participación privada, aún cuando es mayoritariamente compuesto por instituciones públicas, pero sobre todo con una importante inversión estatal.
La respuesta de la alcaldesa de León es parte de esa posición ambigua por instrucción directa, o bien, por la antipatía hacia un proyecto que no nació de su administración.
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CONTRA RETRATO
Javier Mendoza Márquez
A tres décadas de distancia, el Celaya de hoy prácticamente es otro municipio. Uno muy distinto al que gobernó por primera vez Javier Mendoza Márquez entre 1989 y 1991 bajo los colores de un PRI que entonces ostentaba el poder público.
El empresario vio el deterioro de su ciudad. La inseguridad y la violencia como lastres, al pasar de una problemática de crímenes comunes, al de los delitos de alto impacto y las ejecuciones incesantes. Decidió regresar a la brega política seguro de tener la aclamada respuesta.
Pero el reto es mayúsculo. Tanto así, que a los diez meses de su segundo periodo como alcalde del PAN, la desgracia tocó a su puerta.
Ayer Javier Mendoza habló por primera vez en público sobre el asesinato de su hijo, Guillermo Mendoza Suárez. Frente a vecinos de la colonia Los Naranjos confirmó su convicción de seguir como presidente municipal, como un tributo para una víctima cercana que “se llevaron por hacer las cosas por Celaya y hacerlas bien”.
Indudablemente, las palabras en este evento con colonos estuvo envuelto de la emotividad. El escenario es el de Celaya en el siglo XXI que Mendoza Márquez gobierna aún sin descifrar del todo las claves para contener la violencia, apostando a un Jesús Rivera Peralta en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Javier Mendoza Márquez enfrenta así un Celaya violento en carne propia. Un crudo indicador de los tiempos duros y de la misión de un gobernante resuelto seguir su mandato.
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