La quemada

1.- La quemada

Se ha tratado de acentuar el rol del llamado “Juglar de Cuévano”, Ángel Jair Quezada Jasso o Santa Fe Klan, en su caótica presentación en la Feria de León 2022, donde se rompieron todos los protocolos de seguridad, ante casi 20 mil jóvenes que deseaban escuchar al rapero que, en pleno escenario, portó bolsas de presunta marihuana, que repartió entre el público. Pero… su repertorio y actuaciones, incluidos excesos, son de conocimiento popular; quien lo contrató sabía los alcances del concierto y no se preparó para ello.

El Patronato de la Feria, presidido por Juan Carlos Muñoz Márquez, es enteramente responsable de la organización de las fiestas. Validó los cantantes que se presentan cada noche en La Velaria y organizó, en torno a ellos, sus presentaciones, seguridad y protocolos para acceso y estancia del público. No hubo anticipación a los hechos.

Para hoy, fecha del 246 aniversario de la ciudad y fiesta mayor, el Patronato contrató al cantante de narcocorridos, “El Fantasma”; qué se puede decir. La Feria de León quedó manchada por los escandalosos incidentes del martes, que alcanzaron dimensión internacional. Será necesario rendir cuentas.

La alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, deberá emprender la reorganización de la Feria junto a su Cabildo. Por ahora, hoy estará con el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, en los actos del aniversario y ambos votarán las obras propuestas para el presupuesto participativo. La presidenta podrá presumir que en su primer trimestre al frente de la ciudad logró reducir entre la población la percepción de inseguridad en 4.6 puntos porcentuales. Rompió la tendencia de su antecesor.

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2.- Una primera vez

La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso Local, que preside el diputado local panista, Martín López Camacho, encontró el momento oportuno para llevar al cabo la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; una posibilidad de integrar una plataforma básica de la información para suministrar a los proyectos, estatal y municipales; y, sobre todo, supervisar programas ofrecidos a la población.

Con el evento, los municipios tendrán datos de calidad heurística -realidad y verdad para sus elaboraciones, incluido el deseado “vínculo” entre las fuerzas policiales en territorio guanajuatense. Sin olvidar que las propuestas legislativas que se presenten se conocerán y comprenderán mejor.

Existe interés de invitar a autoridades federales y a organismos autónomos, para intercambiar información y hacer frente a la inseguridad. Lo nuevo: la posibilidad de producir investigaciones; repensar programas y enamorarse menos de modelos externos para armar en casa. Martín López, trazó el evento que se instalará mañana viernes, del que se espera mucho por necesidad.

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3.- Contralor ¿a modo?

Con sorprendente rapidez, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), que preside la magistrada Yari Zapata, ya busca a un nuevo titular de su Órgano de Control Interno. Como se comentó en esta columna, Tatiana Guerrero Santana, quedó separada del cargo, para el cual había sido electa apenas el pasado 3 de junio. Sin que se sepan razones. Su nombramiento fue realizado por los magistrados del Tribunal, gracias a que, por modificación legal, en respeto a su autonomía, dejó de hacerlo el Congreso del Estado. Tatiana fue electa entre varios candidatos.

La convocatoria fue lanzada por el TEEG este 18 de enero. Los interesados tienen hasta las 3 de la tarde de mañana, 21 de enero, para presentar la documental que acredite los requisitos legales que marca la convocatoria y ser registrados como aspirantes, lo que mete en un brete a quienes deseen participar, porque deben reunir documentos certificados, inclusive un acta de residencia en su municipio en apenas unas horas, dependen del humor de los funcionarios que les atiendan.

Todo es al vapor para que, el 28 de enero, el Pleno designe nuevo “contralor”, el que les cuadre el ojo. Ni siquiera se dieron la oportunidad de tener un encargado de despacho por tres meses, como les permite la ley, para elegir con calma y dar oportunidad a los interesados para no andar correteados. Hasta parece convocatoria con destinatario. Tampoco esperaron a que el Senado designe al magistrado que sustituya a Gerardo Arzola, están tomando las decisiones con apoyo de Alejandro Javier Martínez Mejía, nombrado en ausencia del titular de la tercera ponencia, como magistrado por ministerio de ley.

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De la Valija. Víctimas de La Seca a La Meca

Cuando los familiares de tres policías y una agente de tránsito, desaparecidos entre 2019 a 2020, principiaron a ver la luz y cobrar una pensión ante su pérdida, les edificaron un dique burocrático que impide resolver sus problemas, que incluye niños en orfandad tácita y carencia de recursos, contraviniéndose los esfuerzos realizados por el alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, que resolvía una cuestión relegada.

Se puede concebir que después de la “palabra empeñada” por el primer edil de Celaya, se dieron una serie de pasos con la finalidad de allanarle el camino a los beneficiarios. Sin embargo, de inmediato emergieron los “cancerberos” que profesan el orden de la burocracia, entre ellos, la oficial mayor Erika Samantha Cruz, que mandó a los familiares a buscar una Declaración Especial de Ausencia y corregir el estatus de desaparecidos para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo les determine las fechas de los finiquitos. En estos enjuagues, puede perderse la buena intención del alcalde Mendoza, pues sus funcionarios aún no “comprenden la dimensión” del asunto que el gobierno busca resolver para incluso ganar la confianza de la policía. No son proactivos.

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Carlos Zamarripa Aguirre

Resulta esencial para el análisis de la seguridad en Guanajuato, que los datos sobre los hechos donde pierden la vida personas, de forma violenta, porten absoluta veracidad. Las diferencias entre el sector salud y la Fiscalía General del Estado en torno a los decesos acaecidos por accidentes, muy notable, alimentan la suspicacia sobre una clasificación “amañada” para reducir la gravedad de la enorme cantidad de homicidios dolosos.

Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general de la entidad, tiene en sus manos la información necesaria para acreditar dónde está el error o dónde faltan datos que permitan cuadrar lo presentado por las diferentes dependencias. Organizaciones civiles que analizan las estadísticas y han encontrado las anomias, creen que no se trata de un simple error aritmético o por desincorporación de datos federales.

A eso se suma la crítica de los partidos políticos, atentos a su actuar como fiscal. En todos los casos, como al resto de los guanajuatenses, les asiste el derecho a saber qué realmente está pasando con esos conteos. El fiscal Zamarripa sabe que es necesario llamar al pan, pan, y al vino… vino. Y demostrarse.