¿Más PAN en el TJA?
1.- ¿Más PAN en el TJA?
Se avecina una de las designaciones que más pasa desapercibida en cada sexenio. Una condición que ha permitido que la hegemonía partidaria del PAN, ubique a sus cuadros por conducto del gobernador en turno, al amparo de la falta de regulación en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Como informamos con anterioridad, este jueves 15 de diciembre terminan los primeros siete años de gestión de los magistrados de la tercera y cuarta sala, Guillermina Valdovino Guzmán y Cuauhtémoc Chávez Muñoz, que tendrían la posibilidad de seguir por otro periodo, sin embargo, los cálculos políticos han comenzado a operar. Sin mayor impedimento para que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, designe una propuesta que sin mayor problema pasaría como cuchillo en mantequilla por el Congreso del Estado, el radio pasillo ha comenzado a sonar con la determinación de que sean mujeres las designadas en ambos lugares. No sólo eso. Nombres han comenzado a correr y todos van en el mismo sentido.
Valdovino Guzmán salvaría su sitio por otros siete años. Quien tendría que irse sería Cuauhtémoc Chávez, de quien no se conoce una solicitud expresa para ser ratificado. Su lugar sería ocupado, según ha trascendido, nada más y nada menos que por Rosario Corona Amador, actual Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PAN. De ser cierto este rumor, estaríamos frente a la confirmación de un rancio esquema, donde la falta de un candado definido en la designación de los magistrados que componen este organismo autónomo que es, de hecho, el único que permanece en esa anacrónica circunstancia a diferencia del Poder Judicial y del Tribunal Electoral.
Por ahora el criterio es la equidad de género que, aunque es necesaria con tres hombres como Gerardo Arroyo Figueroa en la primera sala, Arturo Lara Martínez en la sala especializada y Eliverio García Monzón como presidente y titular de la segunda sala, sería usada como salvoconducto para una designación discrecional.
Ojalá el rumor esté equivocado. Rosario Corona es abogada, pero carece de una trayectoria pública encaminada a la impartición de justicia. De hecho, desempeña el mismo cargo partidario que tenía su esposo, Vicente Esqueda Méndez, cuando fue designado en 2010 por el entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez. Ya veremos lo que viene. Lo que es un hecho es que los diputados locales de todas las fracciones no han tocado, ni con un discurso, esta anómala condición del TJA que reduce su autonomía a una dependencia sujeta a designaciones políticas.
2.- Semarnat: pequeños grandes requisitos
El mega proyecto para desarrollar un parque para la captación de energía solar en San Diego de la Unión, recibió un revés inesperado. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a cargo de María Luisa Albores, rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por no publicarse debidamente.
Se trata de una determinación no usual para este tipo de proyectos, pues a menudo era menospreciada como un requisito menor, por el que las grandes inversiones no habrían de ser frenadas. Ejemplos hay por cientos.
Resulta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, embarcado en una cruzada contra las trasnacionales generadoras de energías limpias, también está obligado por el Tratado de Libre Comercio a impulsar el tema, así sea con nuevos mecanismos de incorporación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Es en ese contexto que el proyecto de gran escala “La Sauceda Solar” en Guanajuato, fue presentada ante la autoridad el pasado 30 de septiembre como una nueva apuesta, ajena a los vicios y abusos de sus similares como la española Iberdrola, instalada en la entidad desde años anteriores con un permiso otorgado para San Luis Potosí.
Por ello llama la atención este rechazo por incumplir la publicación de un extracto del proyecto en un medio de amplia circulación en Guanajuato, pues, según la Semarnat, el periódico en el que se hizo la publicación no cuenta con esa característica.
Si bien se trata de un diario de la Ciudad de México con circulación nacional, la dependencia federal exige que la difusión se realice con prioridad a la población de San Diego de la Unión. Una característica que parece nimia, pero que tiene una lógica reglamentaria que no solía respetarse.
Resulta que las MIA de cada proyecto público o privado, requieren de la máxima difusión para que la población que potencialmente resulte afectada por este tenga la oportunidad de realizar observaciones u objeciones. En este caso, “La Sauceda Solar” implica 324.276 hectáreas que ocupan el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF). Nadie duda de los futuros beneficios de este proyecto que conlleva una inversión de 1 mil 739.8 millones de pesos para generar 124 megavatios (MW) con 435 mil 150 paneles solares. La cuestión es que, en un país al revés, la normalidad es la ilegalidad y lo atípico es la legalidad. Cosa de entender a reaprender.
3.- Otra de la FGE: líder en quejas ante DDHH
Quizá para un estado como Guanajuato, atrapado en una crisis que se retroalimenta de violencia, es casi una consecuencia ineludible que, además de la impunidad, las violaciones a los derechos humanos priven por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.
Esto parece confirmarse en la última entrega del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2022 del INEGI, donde esta entidad encargada de impartir justicia, prácticamente terminó por posicionar al estado en el segundo lugar nacional con más servidores públicos sancionados.
Aunque habría que especificar que la cantidad, no es igual a la calidad de las sanciones, es un dato relevante la cantidad de asuntos que implican abusos y vejaciones de parte de la FGE, cuando bastante carga de trabajo arrastran con la inseguridad que persiste en Guanajuato.
El documento se realiza con base en información del 2021. En ese periodo se iniciaron 878 expedientes de queja donde se presume la comisión de más de 1 mil 099 violaciones cuyo 40 por ciento versa sobre el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal. Incluso, de ese total de quejas la FGE aparece en 297 casos. Habrá que sumar a la impunidad, las violaciones a los derechos humanos como principales asignaturas sin remontar por el fiscal Carlos Zamarripa, quien las arrastra desde su desempeño como procurador general de justicia. Son ya 13 años con un incremento constante a la par de la crisis de la violencia.
CONTRA RETRATO
GUSTAVO PINTOS GUTIÉRREZ
Con una trayectoria en diversas dependencias ligadas a las prestaciones laborales a nivel federal, hoy se encuentra en el reto de representar en Guanajuato, los nuevos esquemas de una dependencia que en este año cumplió 50 años de existencia. Gustavo Pintos Gutiérrez llegó en 2019 a la delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Guanajuato, con la misión de potenciar las ofertas crediticias, salvar la cartera vencida y, por si fuera poco, orientar a la amplia población de trabajadores formales del estado.
Aunque son labores que se suponía normales para los directores y gerentes estatales que en sexenios anteriores pasaron por el estado, Pintos Gutiérrez los ha encarado con relativa solvencia, obstaculizado por la falta de apoyo estatal y federal, en misiones cuasi imposibles como el llamado a la conversión de los créditos de salarios mínimos a pesos. Además, este funcionario se ha dado el tiempo de allanar la relación del gobierno federal con el empresariado local, normalmente opositor a las medidas de Andrés Manuel López Obrador, ofreciendo acercamiento y gestión directa para sus empleados. Una intervención no vista, por lo menos, en el sexenio anterior. Seguro que Gustavo Pintos no es un funcionario infalible, pero es de resaltar que se trata de un perfil técnico, de esos que trascienden a los cambios políticos e incluso, a las cuartas transformaciones.
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