Menos Pluris y el riesgo de los equilibrios

1.- Menos Pluris y el riesgo de los equilibrios

Reducir la cantidad de diputados plurinominales en la Cámara de Diputados es una vieja exigencia con la que la clase política ha coqueteado, pero poco ha avanzado. Ahora, Andrés Manuel López Obrador plantea hacerlo realidad, sin dejar de lado su tendencia a lo extremo.

Como sabemos, la mesura no es su fuerte y ha planteado una reforma constitucional que nuevamente cimbrará los estados, aunque no necesariamente garantizará los equilibrios.

La reforma plantea la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados Organismos Públicos Locales (Oples), como el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG), lo mismo de los tribunales electorales locales.

Apelando a la ‘coherencia’ del proceso electoral, hay una eliminación de los diputados plurinominales. En el caso de la Cámara de Diputados, pasarían a 300; en el caso de la Cámara de Senadores se reducirá a sólo 96 representantes.

En el caso de los congresos locales lo tildaron como “un acotamiento” para el que se establecerán rangos: mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los estados, conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas.

En un estado como Guanajuato con la hegemonía del PAN, los diputados locales plurinominales son la única y aislada garantía para frenar su mayoría, que ya se refleja hoy en día con 21 diputados, frente a los 15 de oposición de los cuales 14 son de representación proporcional.

En números, con la reforma electoral se tocarán 18 artículos constitucionales, siete artículos transitorios y el primer tema sería la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

¿Pasará esta reforma? Se antoja difícil, por lo pronto nuevamente el debate se enciende.

Ver nota: Envía AMLO reforma electoral a Cámara de Diputados, ¿qué propone?

2.- Ejecuciones extrajudiciales, otra cara de la violencia

El asesinato del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel a manos de la Guardia Nacional en Irapuato, se convirtió en la muestra de un foco rojo que se ha mantenido tintineante desde que la violencia recrudeció en Guanajuato, junto con las violaciones a los derechos humanos.

La criminalización de las víctimas, se ha convertido en una estado frecuente sobre todo cuando se habla de jóvenes que, de diferentes estratos y circunstancias, se han vuelto el blanco de estas agresiones provenientes de los diferentes organismos que, en teoría, están enfocados a la seguridad.

Leonardo Reyes Cayente fue abatido en diciembre de 2018 por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, cuando se había retirado de su casa a las afueras de San Miguel de Allende para hablar por teléfono.

En este caso la impunidad ha privado con la negativa absoluta de investigar, al menos, el actuar de los agentes civiles que alegaron ‘defensa propia’.

En ese caso como el que nos ocupa hoy, la criminalización a priori por parte de los efectivos de seguridad, derivó en una reacción desproporcionada y característica entre las fuerzas militares.

“…integrantes de esta Institución realizaban reconocimientos disuasivos sobre el ducto de PEMEX “Salamanca-León”, a inmediaciones del poblado Ex Hacienda el Copal…”, indicó la Guardia Nacional en su postura, tras el más reciente episodio que cobró la vida de Ángel.

Justamente el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tocó la relevancia del uso excesivo de la fuerza. Hemos citado estos casos que se hicieron públicos y evidentes pero desconocemos el porcentaje de casos con el uso exacerbado de las armas, no sólo para disuadir sino para eliminar.

Esta, sin duda, es otra cara de la violencia que padece Guanajuato que no hay que perder de vista.

Ver nota: Gobierno de Guanajuato implementará estrategia de seguridad en sedes de la UG

3.- Petroleros: vulnerados y utilizados

Si bien las recientes protestas tienen orígenes legítimos como lo son el mantenimiento de las instalaciones, el otorgamiento de equipo de trabajo y medicinas en los hospitales, los líderes sindicales han aprovechado estas demandas para intentar conservar el control de plazas y contratos.

La Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA) en Salamanca llegó a ser considerada la más grande de América Latina, con 53 plantas que tienen capacidad para procesar hasta 200 mil barriles diarios de crudo. Está a punto de cumplir 72 años de operaciones el próximo 30 de julio.

Ahora, este ícono de la industrialización en Guanajuato de los años cincuenta, está en riesgo ante la falta de insumos, tanto para desempeñar sus labores como para el mantenimiento de los equipos y plantas.

Fidel Vizcaíno García quien fue nombrado gerente de RIAMA en 2018, sabe de las demandas de los trabajadores petroleros, mientras el secretario general de la sección 24 del sindicato, Luis Miguel Lee Palos, anima las protestas.

Pero sólo hay una medida viable frente a las movilizaciones: la inversión real.

La apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la refinería de Dos Bocas, contrasta sobremanera con las circunstancias que atraviesan las ya existentes. Es en buena medida, el caldo de cultivo perfecto para que el sindicato encuentre en los trabajadores un pretexto perfecto de presión.

Al final, quienes padecen el abandono y la vulnerabilidad, son los trabajadores.

Ver nota: Trabajadores petroleros de RIAMA retoman protesta contra Pemex por insumos y apoyos

CONTRA RETRATO

Luis Felipe Guerrero Agripino

Sin dilación, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, se presentó la noche del miércoles en la comunidad El Copal.

Desde el campus donde estudiaba Ángel Rangel, asesinado por un elemento de la Guardia Nacional, exigió justicia. Prometió también no escatimar en apoyo a las familias del joven y de su compañera Edith Carrillo, herida durante la agresión.

La UG enfrenta una nueva e inesperada crisis. Las ‘abejas’ sienten otra vez comprometida su seguridad luego del ataque a los alumnos de la División de Ciencias de la Vida.

El rector acompañó a los estudiantes en las manifestaciones que organizaron en Irapuato y Guanajuato, vistió de blanco como ellos, encendió una vela por Ángel, pidió un minuto de aplausos en su honor.

Los universitarios no tuvieron que demandar su presencia, recibieron a un Luis Felipe Guerrero Agripino que comparte sus exigencias y consternación.

Resulta imposible no comparar este escenario con la movilización de finales del 2019, cuyo detonante fue el asesinato de Daniela Vega; la colmena exigía el cese a la violencia, abusos y acosos contra alumnas y docentes.

Fueron necesarios seis días de plantón para conseguir el diálogo y entablar acuerdos con autoridades universitarias, municipales y estatales.

En 2019 hubo revictimización y deslinde de responsabilidades, al atribuir el crimen de Daniela a la violencia generalizada en el estado.

Las ‘abejas’ enfrentaron indiferencia e impunidad, que contrastan con la empatía y solidaridad que imperaron los últimos dos días en la UG.

Fue necesario “un caso extremo”, como lo ha llamado el propio Guerrero Agripino, para que la comunidad universitaria fuera por fin escuchada y atendida por su rector.