Municipios: entre evasores y complacientes
1.- Municipios: entre evasores y complacientes
Las prestaciones sociales para la plantilla de trabajadores de cada municipio, muestra diversas caras; desde las prestaciones fuera de proporción, hasta aquellos que de plano parecieran rayar en la informalidad al omitirlas completamente.
Muchas de estas decisiones se han ido tomando al correr de los trienios, sin embargo, existen casos excepcionales en las que además del IMSS, se carga una pensión adicional al gasto corriente municipal. Prestaciones fenomenales que tras años de acumulación, después se volvieron inviables por estar fuera de la prudencia financiera.
Este último es el caso de Celaya, donde el gobierno de Javier Mendoza Márquez sólo este año debió presupuestar 72 millones 965 mil pesos para el pago de jubilaciones de los empleados de la administración, que se prevé aumente los siguientes dos años hasta rayar los 100 millones de pesos.
Todo es debido a un reglamento que data del 4 enero de 1983, años de dominio total del PRI, cuando el médico pediatra Salvador Guerra Jiménez acababa de asumir la presidencia municipal. Todavía nueve de sus sucesores mantuvieron esta prestación –incluido Mendoza Márquez en su primera incursión- para luego ser derogada en 2012.
Sin embargo, en la actualidad son 480 jubilados que perciben doble pensión, entre la que les paga el municipio y la del IMSS. Por supuesto, esa cantidad se ensancha para todo aquellos trabajadores que ingresaron antes de 2012 y que apenas están por ejercer su retiro laboral.
Se calcula que para el 2024 serán casi 600 jubilados a cargo del municipio.
Pero del Celaya con prestaciones, se puede voltear a los municipios que no reportan ni siquiera como Apaseo el Grande, Jaral del Progreso, Pénjamo, Salamanca, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca y Victoria. O bien, Atarjea, Santa Catarina y Xichú que no reportan personal jubilado.
Entre los que destinan recursos para jubilaciones, está el municipio de Salvatierra justo debajo de Celaya, pues con 165 trabajadores destina más de 14 millones de pesos anuales para pagarles su jubilación.
Algunos con prestaciones directas, otros con las mínimas de ley y otros sin aspirar al menos a la asistencia médica, los municipios de Guanajuato presentan realidades laborales diversas que en casos como el de Celaya saltan a la vista por su disparidad.
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Municipios: entre evasores y complacientes
2.- Batalla por el kínder: ahora es personal
No es otra que la propia impunidad, la que involucionó las investigaciones sobre las responsabilidades del extesorero de León, Enrique Sosa Campos, en una reyerta política que ha terminado por personalizarse con el síndico José Arturo Sánchez Castellanos.
El gobierno municipal que encabeza Alejandra Gutiérrez Campos, decidió iniciar las investigaciones sobre las irregularidades que llevaron al municipio a modificar arbitrariamente el terreno del kínder Juan Aldama, para que llegara a manos del empresario Gabriel Padilla Cordero en la gestión del exalcalde Héctor López Santillana.
El caso fue incluido en el paquete de asuntos pendientes que la actual administración encabezó con una energía que se fue diluyendo. No obstante, el expediente siguió su curso. Fue el propio Sánchez Castellanos el que lo encabezó en su papel de representante legal del municipio, pero sin duda también como miembro de un nuevo grupo político.
Con elementos de sobra para apuntar al papel que la tesorería jugó en el asunto, es cuando las responsabilidades son endilgadas a Sosa Campos, quien entrado el 2022 recibió como “premio” un nuevo puesto directivo en la Secretaría de Desarrollo Económico, que luego mejoró a plaza de subsecretaría.
Oh decepción. Aún con los elementos y la investigación de la contraloría municipal ya encabezada por Viridiana Margarita Márquez Moreno, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que preside Eliverio García Monzón absolvió al extesorero, por lo que ahora están por resolverse las impugnaciones.
Es aquí donde comienza el enfrentamiento personal. El síndico acusó abiertamente en un artículo al extesorero de ser un sin vergüenza y cínico, luego de que presentara una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), al violarse, dijo, su presunción de inocencia.
“No se demanda al municipio, no estoy exigiendo ninguna indemnización de nada en el municipio ni lo estoy afectando, porque esto no tiene que ver con la administración, se acaba volviendo un tema de personas”, advirtió el ahora funcionario estatal ya en la referencia directa.
De esta manera, aún cuando el asunto está por dirimirse en los juzgados, un tema de la mayor importancia al implicar el uso excesivo del ejercicio público, este se degrada en un enfrentamiento personal poniendo en riesgo la justicia. Al tiempo.
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Municipios: entre evasores y complacientes
3.- El delgado hielo de la restricción
El toque de queda, es la suspensión de garantías que sólo el Presidente de la República puede declarar en aras de su propia conservación. Por lo tanto, ni alcaldes ni gobernadores pueden aplicar restricciones a la libre circulación en las calles de sus demarcaciones.
No, en Irapuato la alcaldesa Lorena Alfaro García no declaró toque de queda, pero sí fue víctima de su propia declaración que, amén de los tergiversadores, fue interpretada como un toque de queda que adquirió cierto sentido tras el anuncio de las limitaciones de horario para bares, antros y demás centros nocturnos a las 12 de la noche.
“Después de las 2 de la mañana ya nadie tiene que andar en la calle, ya que se vayan a sus casas”, fue la declaración que la alcaldesa lanzó de forma coloquial pero también inoportuna. Sin duda motivada por las apuradas medidas a las que la ha orillado la crisis de violencia e inseguridad.
Dependiendo del permiso, la indicación general a los negocios nocturnos fue reducir una hora sus operaciones, de esta manera quienes habitualmente cierran a las tres de la mañana ahora lo harán a las dos, pero en otros casos a la medianoche, lo que ya ha provocado quejas de empresarios agraviados.
Pero en el complemento de esta medida está el despliegue policial ordenado al secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, para patrullar la ciudad ya con el refuerzo de la Guardia Nacional y el Ejército. Las madrugadas, por tiempo indefinido, serán de retenes, revisiones y posibles detenciones.
Por ello aunque queda claro que no hay un toque de queda formal en Irapuato, el gobierno de Irapuato emprende medidas extraordinarias en un momento de crisis. Habrá que cuidar que esto no atraiga excesos o abusos policiacos, un azote que debió ser corregido y por el que ya no hay margen de error.
Por si te lo perdiste: “Después de las 2:00 a.m. ya nadie tiene que andar en la calle”: Lorena Alfaro
Municipios: entre evasores y complacientes
CONTRA RETRATO
Alejandro Navarro Saldaña
Sólo él es capaz de opacar un conflicto con otro conflicto mayor. Tras meses de conflicto abierto entre los dueños de las fincas que dan cuerpo al callejón del beso, se dispuso a intervenir de la manera más insospechada provocando con esto un escena de reclamos y confrontaciones a su persona.
Al final de la semana pasada, el alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro Saldaña, hizo alarde de una rara estrategia para bloquear y poner hielo a la problemática que tiene como escenario este punto ineludible del turismo local, al cerrar el paso a la vía pública sin previo aviso.
El sábado pasado Navarro debió dar la cara. En medio de reclamos de vecinos y comerciantes, reabrió el callejón del beso argumentando que este se encontraba en mantenimiento y aseveró que sin más, propietarios de inmuebles y fotógrafos trabajarán con orden y control.
Pero la cólera ahora llegó de sus detractores afectados por la interrupción intempestiva. El edil fue encarado y respondió a medias conteniéndose; hasta fue señalado por caer en un acto de misoginia al identificar a una inconforme como “la mujer de…”
El hecho es que alrededor de las 10 de la mañana se retiraron los tablones colocados para dar paso al remodelado callejón.
El tema de fondo fue atacado con advertencias. Navarro señaló que en caso de que los fotógrafos no acaten el reglamento, se les retirará el permiso o se les cambiará a otro sitio. Incluso el director de Fiscalización, Gustavo Buck, refirió que los fotógrafos recibieron una amonestación.
Aunque la idea de la expropiación siguió rondando la cabeza del alcalde, al final fueron otras medidas poco ortodoxas las que escogió por ahora. ¿Asunto arreglado? Hasta no ver, no creer.
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JRP
