Transparencia, función pública y la promoción personal
1.- Transparencia, función pública y la promoción personal
Es un hecho que las ansias políticas rebasan el calendario electoral. Tanto en Guanajuato como en el espectro nacional, quienes suspiran por el siguiente cargo público que emane de las elecciones del 2024, se encuentran desatados y en muchos casos al filo de la ley cuando se trata de promover su persona sutil o explícitamente.
Ahí es donde cabe el llamado para funcionarios como Roberto Salcedo Aquino de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en lo federal, y de Carlos Martínez Bravo de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) en lo estatal. Ambos tienen el encargo de observar y castigar al funcionario público que transgreda la ley.
Aquí es donde es preciso invocar el artículo 134 de la Constitución, que ya analistas, colegas y enterados de la cosa pública han subrayado: no se puede hacer propaganda incluyendo nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
¿Qué hace el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, placeándose –en esa calidad- por las ciudades de Guanajuato? ¿Qué hace el logo de la Secretaría de Gobierno en un video que muestra un paseo de su titular, Libia Denisse Muñoz Ledo? Dejamos las respuestas a su juicio.
En ambos ejemplos, se trata de dos claros aspirantes a la gubernatura de Guanajuato. Autoproclamados o no, lo que hay son funcionarios mostrándose en sus redes sociales que, al no haber un proceso electoral abierto, quedan ante la observancia de los organismos de control, obligados a revisarlos.
No se puede normalizar que los políticos tiendan a escamotear la ley, como tampoco se puede aceptar que se mantenga una actitud displicente y pasiva de la STRC, que además puede ser ventanilla que remita los casos de los funcionarios federales a la SFP. Ni Martínez Bravo o Salcedo Aquino, pueden quedarse al margen.
Intentonas de los políticos para difundir su imagen vienen a granel, de manera que obligarlos a que se apeguen a la ley, es responsabilidad oficial más allá de que sean funcionarios subordinados a un presidente o gobernador.
Dirimir si se promovió su imagen, usaron recursos públicos o entraron en algún otro supuesto, debe ser una misión a partir de ahora para todo funcionario inquieto y suspirante.
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2.- Sí, Irapuato está en crisis policial y criminal
El asesinato de J. Reyes Méndez Jiménez representa sin duda el punto más alto –hasta ahora- de la crisis policial y criminal que padece Irapuato, desde el inicio del gobierno de Lorena Alfaro García.
Es inevitable contextualizar esta ejecución con la de su escolta Félix Martínez, que derivó en la renuncia de Reyes Méndez el 21 de mayo.
Estos hechos provocaron que Ricardo Benavides Hernández enfrentara su primer momento álgido como secretario de Seguridad Ciudadana, apenas cinco días después de tomar el encargo. En esa ocasión, fue enfático: no hubo amenazas directas y no había solicitudes de protección de parte de ningún policía.
Hoy, ambas aseveraciones del funcionario que llegó respaldado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, quedaron en entredicho. El asesinato de Reyes Méndez no se puede desligar a esta secuencia de hechos.
¿Dónde quedó la protección policiaca para el exdirector de Policía? ¿no se le concedió pese a ser una obligación legal, ni por lógica de riesgo y amenaza?
El no haber protegido a un exmando, sería la gota que derramó el vaso y una responsabilidad del titular del SSC, en medio de una escalada violenta que parece no tener freno, si tomamos en cuenta que apenas la noche anterior otro exagente fue ultimado en San Roque.
Sin duda alguna, Irapuato enfrenta una crisis policial y criminal, que no escapa a la vista de los diferentes actores políticos y sociales como el obispo Enrique Díaz Díaz, quien se ha resignado a presentar su postura dada la cruda realidad que enfrenta la ciudad y su cuerpo policiaco.
El prelado incluso ayer hizo mención de los casos de desplazamiento forzado que comienzan a documentarse en las comunidades rurales, lo que sin duda debe sumar preocupaciones al gobierno municipal y a su titular de la SSC.
Los ataques directos y dirigidos contra los policías de Irapuato, se convierten en un indicador de la violencia que crece y se reproduce. Detenerla ya es un asunto mayor.
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3.- Matrimonio igualitario, ¿y el respeto a los derechos?
Jalisco se convirtió el pasado 7 de abril en el estado número 27 de México donde el matrimonio igualitario es legal. Guanajuato parece lejos de sumarse a la lista.
Es el mes del orgullo, mes en que se conmemora el violento enfrentamiento entre integrantes del colectivo LGBT y policías de Nueva York, ocurrido el 28 de junio de 1969. A 53 años de distancia, la comunidad aún pelea por derechos básicos.
El diciembre de 2021, la Secretaría de Gobierno, encabezada por Libia Denisse García Muñoz Ledo, giró la instrucción al Registro Civil de permitir los enlaces entre personas del mismo sexo.
Parejas que antes debían tramitar amparos, enfrentar engorrosos trámites o trasladarse a otras entidades e incluso países, lograron oficializar su relación. En los primeros cinco meses de 2022 se han celebrado 126 enlaces, mientras que en 2019 se registraron sólo ocho. Esto significa que la apertura de las autoridades estatales fue bien recibida.
El Congreso local debería prestar atención a estas cifras, ya que no lo ha hecho a las constantes peticiones de activistas, ni a las iniciativas de los partidos de oposición, para legislar el matrimonio igualitario.
Mientras la bancada del PAN, que tiene en sus manos la legislación, se dijo respetuosa de la orden de la Secretaría de Gobierno, Libia García se dijo respetuosa de lo que decida el Congreso. Y entre tanto respeto, ¿dónde queda el respeto a los derechos de cualquier persona de garantizar servicios de salud a su cónyuge, de iniciar un patrimonio en pareja, de formar una familia a través de la adopción?
En Guanajuato parece que estamos en otra era, a años luz de la inclusión, la equidad y una función pública libre de prejuicios. Estamos a pocos días de que concluya el mes del orgullo, a pocos días de que instituciones y personajes de la vida política devuelvan al closet la bandera del arcoíris.
CONTRA RETRATO
Jaime Rochín del Rincón
En su momento, la designación de Jaime Rochín del Rincón como titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), fue vista con mejores expectativas frente al resquemor que dejó la de Héctor Díaz Esquerra, en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Su preparación especializada, junto a su paso como extitular de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, hicieron ver a Rochín del Rincón como el elemento clave para fundar, fortalecer y estructurar una nueva etapa en la relación del gobierno con las cuantiosas víctimas que ha dejado la violencia en Guanajuato.
Pero en los hechos, no ha habido más que otro descalabro.
Activistas, académicos y colectivos, han hecho ya una exigencia directa para que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pase del discurso y el ofrecimiento de reintegración de recursos, a un presupuesto firme y suficiente desde la ley de egresos, para que esta comisión funcione.
Pero Rochín del Rincón, se ha mantenido en silencio.
Si bien, puertas adentro sus solicitudes y sugerencias se han mantenido en lo formal, puertas afuera se ha mimetizado entre la burocracia estatal sin mayor expresión pública, para al menos conocer su visión del fenómeno social que ha dejado la tragedia de Guanajuato.
Sin duda alguna, un funcionario con su recorrido y experiencia nacional, mucho puede ofrecer en el campo de las ideas. Por eso es preciso que se manifieste por sí mismo, tanto en el campo de los resultados, como en el de la gestión para lograr mayor liquidez para su funcionamiento.
Lo paradójico es que mientras Rochín del Rincón decide ser discreto, otros como el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, se regodean de su autonomía y su capacidad para apoyar a deudos de la violencia.
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JRP
