Un alto costo

1.- Un alto costo

Más allá de las justificaciones jurídicas esgrimidas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en la reclasificación del delito de violación espuria por el de abuso sexual, permitiéndole seguir en libertad el proceso en su contra al diputado federal electo, Jorge Romero Vázquez, el costo político para el PAN y la procuración de la justicia guanajuatense ha sido muy alto y seguirá cobrando efectos.

Todo apunta a que fue una jugada política del PT en la Cámara de Diputados federal, en alianza con Morena, protestar por un presunto intento del irapuatense de tomar protesta al cargo, logrando un gran interés noticioso de medios nacionales y estatales. A esta hora nadie ha encontrado la solicitud por escrito del panista para que pudiera realizarse tal acto y todos escucharon en San Lázaro al presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, afirmar que no estaba en la agenda parlamentaria el tema. Es más, Jorge Romero ni siquiera habría estado en la Ciudad de México, según afirmó Jorge Espadas, coordinador de los diputados panistas de Guanajuato. Y todos coinciden que no puede ocupar el cargo, porque venció el término para ello, por mandato constitucional.

Sin embargo, el ruido se hizo y ganó presencia el tema de Romero Vázquez en la Cámara Baja. Al grado de que sus abogados ya presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por violar los diputados del PT su presunción de inocencia, dado que no ha sido sentenciado. Y al PAN de Guanajuato se le siguió endosando que utiliza las instituciones para revictimizar a quienes sufren violencia sexual en la entidad, además de fomentar la impunidad.

2.- Habrá mesa de trabajo

Y tal y como lo adelantamos en esta columna la semana pasada, será este miércoles 15 de diciembre cuando la Junta de Gobierno y Coordinación Política, junto con la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, se reúnan en mesa de trabajo con el fiscal general, Carlos Zamarripa, para revisar el estado que guarda la procuración de justicia, explique los niveles de impunidad y algunos casos polémicos de los últimos días donde intervino el Ministerio Público. Cuando se acordó la mesa el encuentro, la semana pasada, el coordinador de Morena, Ernesto Millán, estuvo ahí y restaba saber si participarían, porque no había consensos en su grupo.

Por esta circunstancia, Morena no puede llamarse a sorpresa. El presidente de la Junta de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, presentó la propuesta y tiene el consenso con las demás fuerzas políticas. La costumbre de imponer en el Congreso de la Unión no permite a los legisladores morenos a aprovechar lo que se les presenta como oposición.

Su inasistencia les dejará sin la oportunidad de encarar al fiscal respecto a temas polémicos como el caso Jorge Romero; los homicidios irresueltos; o cómo es que, en el espantoso crimen de Cuerámaro, donde fueron atropelladas y asesinadas cuatro jovencitas por un menor, el responsable desde el primer momento fue protegido, primero por la administración de la exalcaldesa Ana Bueno, que lo liberó. Tras ser atrapado el homicida, queda la duda de su juicio, donde recibió la oportunidad del Poder Judicial del Estado, a cargo del magistrado Héctor Tinajero, de tener prisión domiciliaria; luego la Federación lo amparó para dar purgada su condena, sin que al momento se haya logrado la reparación del daño para las familias de las niñas, tema que debe litigar el Ministerio Público. Los rojos marrones quieren al Fiscal en el Senado, ¿pero en Guanajuato no lo cuestionarán?

3.- Salud Pública

Con suma ligereza se atiende en el estado de Guanajuato el tema de la operatividad de los rastros municipales. Vea si no: el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, Juan Jesús Martínez García, pidió a los Ayuntamientos de Yuriria y Moroleón construirlos tras 20 años de no contar con ellas, justificando la tolerancia oficial a este incumplimiento legal por cuestiones económicas, hasta señalando que los sitios en clandestinidad cumplan con las normas de salud en sus operaciones.

El llamado desde la JS5 resulta todo un caso, pone en evidencia que no hay controles sanitarios y que se hace administración de la salud pública desde el criterio y no desde la Ley. Un tema para revisar por el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

En Silao, también el rastro municipal emerge como otro de los grandes problemas heredados en la administración de Carlos García Villaseñor. Nos cuentan que, a pesar del optimismo del nuevo responsable de Servicios Públicos, Roberto López Remus, la planta tratadora del rastro y la cámara de refrigeración, señaladas entre las 30 observaciones de mal funcionamiento por la Secretaría de Salud, necesitan más que la “mano de gato” que se le ha dado en las últimas semanas. En todos los casos, lo común es la falta de supervisión y del interés por la salud pública.

De la Valija. El caballo gallo

La escultura del consumador de la independencia en San José de Iturbide apenas y si logró mantenerse en pie por poco más de dos meses desde que la inauguró con bombo y platillo el exalcalde morenista, Genaro Martín Zúñiga. La puso en una base hueca, sin cimientos, en la famosa glorieta de “La Rondana”, otro adefesio hecho monumento en las fiestas del bicentenario. A punto del colapso, se ordenó el retiro del bronce de Agustín de Iturbide a caballo y el derrumbe de la malhecha base.

La alcadesa panista Cinthia Arvizu, dispuso junto al Ayuntamiento zanjar el tema de forma directa y quitó la polémica escultura y su base, que habría costado los 5 millones de pesos. No hay una decisión sobre su destino, pues la obra no goza del agrado popular. Eso sí, la remoción sirvió también para que muchos ciudadanos pidieran también la demolición de la “O” o “Rondana”. Ya entrados en gastos…

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Al admitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y suspender provisionalmente el acuerdo presidencial que hacía que toda obra de infraestructura en el sexenio sea considerada como asunto de “seguridad nacional”, reservando así su información, consolida el equilibrio entre Poderes en el orden federal y da confianza sobre la preservación del orden constitucional.

Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, presidente magistrado de la SCJN, ha ido acumulando decisiones, junto con sus pares en el Poder Judicial, que muestran los límites de los actos gubernamentales frente a la Constitución. Tarea nada fácil ante quienes creen que este es el país de un solo hombre.

La decisión de la Corte, de paso fortalece el papel del INAI en la preservación del derecho que tenemos los mexicanos a saber sobre lo que hacen nuestros gobernantes desde el poder que les otorgamos y con nuestras contribuciones. La base de la democracia.