Un libramiento para Grupo México
1.- Un libramiento para Grupo México
Si hay un ejemplo de los beneficios particulares que son conferidos justificándose en la utilidad pública, ese es el libramiento Silao. Una vialidad de 17.4 kilómetros concesionada a discreción al afamado Grupo México en las postrimerías del gobierno de Miguel Márquez Márquez, ya con vialidades terminadas con recursos públicos.
Nuevamente, haciendo uso de la distracción de la víspera de navidad –firmado el 6 de enero pero publicado hasta el 23 de diciembre del año pasado-, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo emitió la declaratoria de expropiación para liberar el tramo para concretar el proyecto.
Se trata de una tarea que ya estaba en responsabilidad de la empresa propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, que desde 2019 ya explota económicamente el Libramiento Silao, pero eso no lo ha exentado de beneficios directos que incluso se plasmaron en el título de concesión.
Como suele ocurrir en estos casos, las condiciones le permiten excusarse de la liberación de la vía, para solicitar la expropiación. Sencillo. La expropiación es la manera perfecta para evitar el pago a precio de mercado del terreno de 14 mil 693 metros cuadrados, para conectar la carretera León-Silao con el Eje Metropolitano.
No es para dejar de lado, que a 20 días de comenzar a operar, Grupo México ‘tiró la toalla’ para adquirir el tramo en los terrenos de la familia Valdovino Miranda, de manera que la solicitud de expropiación fue ingresada el 6 de septiembre de 2019 por el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, Tarcisio Rodríguez Martínez.
Las disposiciones de la concesión contemplan que Grupo México cubra los recursos empleados para la liberación de la vía. Sin embargo, estamos ante un beneficio explícito que debe ser transparentado junto con el resto del proceso en el resto de los tramos.
Sin duda alguna, es una de la vialidades más caras en su tipo a nivel nacional, cuyo peaje inició en los 18 pesos, escalando hasta los 24 pesos en la actualidad. Un negocio pretextado con un impacto público que también debe justificarse y comprobarse a cuatro años de su vigencia.
Al final, el paquete de beneficios incluyó 3.5 kilómetros construidos con recursos públicos que le fueron entregados, el entronque que se localiza entre la planta de General Motors y el Parque del Bicentenario, así como 2.6 kilómetros del Eje Metropolitano que fue construido desde 2015.
De esta manera, pretende consolidarse uno de los temas clave del pacto transexenal. Es la ejecución de un encargo, donde la utilidad pública es el pretexto para la discrecionalidad.
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2.- Programas sociales: el año de disputa
Por muchas razones, el 2023 será definitorio en el terreno político para Guanajuato. Mientras el PAN y Morena disipan sus infiernillos internos para elegir sus candidatos, en juego estarán sus marcas a través de la entrega de los tan llevados y traídos apoyos sociales.
La dispersión de los programas sociales será vital en el entremés del proceso electoral. Su utilidad para el ciudadano común, estrategia de ejecución y eficiencia de entrega, pesarán independientemente de las cantidades que el gobierno panista de Guanajuato y el morenista de México dispongan.
No en balde, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió abiertamente que los programas sociales son su estrategia política. De ahí que haya sacado de la ecuación a las robustas burocracias estatales y municipales, para inyectar de forma directa los recursos a los ciudadanos y potenciales votantes.
El presupuesto federal para los programas sociales en Guanajuato fue de 18 mil millones de pesos, pero para este 2023 superará los 21 mil millones de pesos. Becas, tandas, adultos mayores y personas con discapacidad, toda la gama es coordinada por el delegado Mauricio Hernández Núñez, cuya función es precisa y concisa.
Esta avalancha de recursos tratará de ser contrarrestada por el gobierno estatal con más de 3 mil millones de pesos, cuyo 66 por ciento será financiado con deuda pública.
Al ser marginado de este tipo de recursos por parte de la federación, dicha bolsa de recursos tendrá la posibilidad de dirigirse a puntos ciegos no atendidos, pero que también provoquen una rentabilidad política mayor.
Para dicha misión está hecho el tándem compuesto por el Secretario de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo Herrera y su subsecretario Aldo Márquez Becerra. Sin ser necesariamente aspirantes probables a la candidatura a la gubernatura, son ellos los encargados de trabajar la cara social del gobierno del PAN.
Un buen ejemplo del área donde se podrían desplegar estos recursos es el campo. Con un sistema de apoyos menguado desde lo federal, el estado podría atender esa cartera de manera decisiva, justo en medio de una crisis inflacionaria que hasta la fecha ninguno de los tres niveles de gobierno ha enfrentado.
Pero como en muchas otras cosas de la vida pública, la lógica y la sensatez no suelen ser priorizadas en política. Lo que se vislumbra es una guerra de apoyos sociales.
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3.- Un reto llamado Feria de León
Por primera vez, Alejandra Gutiérrez Campos y David Novoa Toscano tienen el dominio completo de la coordinación de la Feria Estatal de León.
Como alcaldesa y presidente del patronato respectivamente, se encuentran ante el reto de redimensionar el impacto público de un evento que atravesó la controversia durante la gestión de Juan Carlos Muñoz Márquez y la obligada inactividad en los duros años de la pandemia.
Tras el llamado Festival de Verano que, en palabras de Novoa Toscano, fueron de aprendizaje y rectificación, bien se podría reconocer la reconsideración en el programa de eventos abiertos, que antes provocaron cejas alzadas con la contratación de bandas de narcocorridos.
Sin embargo, el reto mayor se encuentra en el impacto público y económico que una ciudad como León espera. No solo se trata del sano esparcimiento o la rentabilidad de la propia feria para su patronato, también está en juego el impacto económico puerta afuera en medio de una crisis inflacionaria.
Hoy por hoy el sector restaurantero local se encuentra casi al margen de la Feria de León. Según su líder, Manuel Bribiesca, sus costos y disposiciones se suman a dificultades vigentes que hacen inviable su instalación dentro del reciento ferial. No obstante, se espera que su eco permee pese a la cuesta de enero.
Así que del 13 de enero al 7 de febrero, la expectativa se centrará en los nuevos bríos de una feria estatal que entre malas decisiones y restricciones sanitarias, buscará resurgir. La misión está puesta, sin lugar a aprendizajes.
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CONTRA RETRATO
Enrique Aranda Anaya
La cruenta realidad ha provocado un cambio sustancial en la relación de las empresas con la sociedad. Para este líder constructor, ha quedado claro que no sólo son las circunstancias económicas y de gobierno, las que le atañen buscando la productividad de su gremio. Ahora, los problemas sociales y de salud pública, son también suyos.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato, Enrique Aranda Anaya, reveló que prácticamente la mitad de los trabajadores en su industria tienen alguna adicción.
Hace meses, su preocupación se centraba en la falta de mano de obra. Ahora es las condiciones de la misma. Tal es su preocupación, que a través de su organización buscan implementar un programa de ayuda, antes que aplicar la acostumbrada medida del despido.
Ya sea motivados por el costo beneficio, o una genuina preocupación social, Aranda Anaya representa a ese sector dentro del empresariado que se ha visto obligado a no abstraerse de este grave problema de salud pública, con trabajadores adictos a sustancias como el cristal, los solventes o el alcohol.
Por ahora, se pretende enfrentar el problema con un esquema de atención a través de la Secretaría de Salud que encabeza Daniel Díaz Martínez, sin que estos trabajadores sean despedidos. Esto es, sin duda, un primer paso en el involucramiento sin indiferencia.
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JRP
