Universidades en crisis
1.- Universidades en crisis
Las universidades de México y Guanajuato pasan por un difícil trance de limitaciones presupuestales, carencias en infraestructura, agotamiento de modelos y violencia.
En suma, una serie de agravios que han crecido hasta el hartazgo de sus estudiantes de al menos siete instituciones de nivel superior, además de las de media superior alcanzadas por los recortes presupuestales.
La respuesta del estudiantado ha sido de altura. Tras el hito marcado por el movimiento estudiantil de la Universidad de Guanajuato de 2019, las comunidades universitarias han seguido una línea de protesta enérgica, formal, respetuosa y profunda, exigiendo respuestas y proponiendo soluciones.
Se trata de una circunstancia que ha exhibido los efectos de los recortes presupuestales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también ha sacudido la dinámica acostumbrada de las autoridades de cada institución con los estudiantes, distante, vertical y sin una comunicación fluida.
El común denominador en instituciones como la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, así como de los campus de León e Irapuato del Tecnológico Nacional, han sido las carencias que se mantiene sin resolver sin un presupuesto que las considere.
Este impacto financiero también ha sido resentido por otras instituciones como la Universidad del Bienestar, cuyo proyecto ha sido truncado por irregularidades, recortes e insuficiencias que terminaron por exasperar a sus estudiantes, calificados como ociosos por su coordinadora general Raquel de la Luz Sosa Elízaga.
Pero un tema compartido es el de la violencia escolar, casos de acoso por parte de estudiantes y profesores, también ha ocupado un sitio en la lista de demandas como el caso de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato (BCENOG).
En todos los casos, hay un común denominador. La falta de un intercambio fluido entre las direcciones y los estudiantes, han agravado las complejidades que enfrentan, además de demostrar la falta de observancia en sus desempeños. Ingredientes explosivos cuando los casos de acoso y violencia se acumulan sin una ventanilla de atención efectiva.
Prueba de los anterior es que la medicina aplicada para atender las demandas estudiantiles, al menos en la UPIIG y el BCENOG, ha sido la comunicación directa del rector del IPN, Arturo Reyes Sandoval y del Secretario de Educación de Guanajuato Jorge Enrique Hernández Meza. En ambos casos, los acuerdos salieron adelante.
Es por ello que en este auge de inconformidad estudiantil, la comunicación horizontal y cercana es la única arma frente a las dificultades, con capacidad para remontarlas y ajustar sus estructuras. Actuar en sentido opuesto, es apostarle al anacronismo.
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2.- Las respuestas de Alvar y Zamarripa
Con ataques a negocios, viviendas, vías de comunicación, masacres y el intercambio exhibido de mensajes entre grupos criminales, Guanajuato vive una coyuntura especialmente delicada dentro de sus crisis extendida de violencia.
El desparpajo criminal para actuar en contra de la vida ordinaria de los ciudadanos, hace preguntarse qué papel desempeña la Secretaría de Seguridad Pública de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, así como la efectividad para detener y procesar a los responsables por parte de la Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.
Ayer, ambos salieron al paso con una rueda de prensa cuya información ofrecida parece más jugar con las percepciones, que con las certezas en la respuesta oficial.
Zamarripa Aguirre apostó a plantear el contexto de los recientes ataques de un grupo criminal en la zona Laja Bajío, para presumir la detención de 71 personas cuya temporalidad no aclaró, ni mucho menos su involucramiento específico en los hechos delictivos que él mismo citó.
Los datos ofrecidos mencionan detenidos que son “clasificados como objetivos relevantes”, sin justificar la razón del epíteto. Citó que se les relaciona a los “actos delictivos que alteraron la paz social”, pero sin especificar fechas ni circunstancias. De los 71, sólo se destacaron seis detenidos con acusaciones inconexas.
Por su parte, Cabeza de Vaca se refirió a la respuesta que manifestó uno de los grupos criminales la madrugada de ayer. Sin el mayor empacho, confirmó que se localizaron nada más y nada menos que 83 pancartas en 32 municipios de Guanajuato, por las que sólo se detuvo a dos sujetos en Celaya.
Aunque justificó que los mensajes impresos se pueden colocar ‘en un minuto’, no explicó cómo una organización criminal puede actuar de forma alevosa realizando ataques variados, mientras otra responde con un despliegue de tal magnitud.
“Lo dicen uno y lo dicen otros, Guanajuato es controlado por la autoridad, de sus tres órdenes de gobierno y acciones que hacemos todos los días y resultados como los que hoy presentamos”, sentenció engallado, quizá todavía sin dimensionar la información que acaba de confirmar.
Al final, las dudas prevalecen frente a las certezas.
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3.- Bañuelos se esperanza en la deuda
Era algo anunciado y advertido. El campo de Guanajuato no ha recibido ni recibirá recursos de los programas federales, pese al escenario de inflación y sequía que los productores han enfrentado en los últimos años.
Ante este panorama, ha sido notable la inacción del secretario de desarrollo agroalimentario y rural, Paulo Bañuelos Rosales, quien quien se mantiene en una dinámica de quejas y señalamientos que a estas alturas es insuficiente e improductiva.
Ayer fue cuestionado sobre las declaraciones del presidente del distrito de riego 11, Agustín Robles Montenegro, quien advirtió que los agricultores que riegan con agua de las presas, no sembrarán el ciclo agrícola otoño-invierno por la poca agua que les asignaron. Su respuesta fue la resignación.
Paulo Bañuelos prácticamente descartó que se entregue algún apoyo pro encontrase en el cierre presupuestal, pero terminó endilgando al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cualquier posibilidad de que se hagan efectivos.
“Ya estamos cerrando las políticas públicas y si no va dentro de lo que es el presupuesto del 2023, se me hace difícil, pero si el señor gobernador nos instruye a que hagamos alguna política pública cómo la que se sacó para apoyo de fertilizante, lo haremos”, dijo.
La gran pregunta es cuál política públicas se ha desarrollado para enfrentar estas dificultades políticas y climáticas, aparte, claro, de los reproches mediáticos. Si bien el titular de SDAyR presumió 26 políticas públicas para 2023, poca certeza ofreció para los agricultores.
Es así que la falta de apoyos federales para el campo guanajuatense, se agrava con la displicencia estatal.
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CONTRA RETRATO
Juan José Álvarez Brunel
Su designación se dio en momentos de emergencia. Con la pandemia a cuestas, el sector turístico de Guanajuato requería de nuevas ideas además de un apoyo estatal contundente para rescatar el sector. Sin embargo, pasada la coyuntura no parece ser ahora mismo el mejor aliado de esas pretensiones.
El secretario de turismo, Juan José Álvarez Brunel, representa en este momento el trago amargo del sector hotelero que observa crecer sin control a las unidades de negocio de hospedaje vía plataforma digitales, sin que se haga cumplimiento del impuesto ideado para emparejar esa competencia por el mercado.
Especialmente los hoteleros de San Miguel de Allende han expresado su molestia ante las tibias respuestas de Brunel, quien no ha podido gestionar la incorporación del impuesto al hospedaje que ya se mandata en la ley para las plataformas de alquiler de casas habitación.
Es el tema recurrente en sus encuentros con el Secretario de Turismo, quien únicamente argumenta que se niegan a pagar el cargo cedular, sin profundizar o establecer una medida de cobro como en otras entidades como la Ciudad de México, donde se hace de manera ordinaria.
No por nada, en los hoteleros prevalece la percepción de la falta de firmeza para hacer cumplir a plataformas como Airbnb, con el cargo del impuesto.
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JRP
