Villagrán, huachicol y gobierno
1.- Villagrán, huachicol y gobierno
¿Qué detiene al gobierno estatal y federal para realizar una decidida intervención en el municipio de Villagrán?
Prácticamente desde hace tres años se conocieron públicamente las implicaciones que tiene el crimen organizado en esta demarcación, sin embargo, los hechos sobrevienen sin que motiven una incursión decidida en este municipio del centro sur de Guanajuato.
Gobernado por Juan Lara Mendoza desde 2018 con los colores de Panal y ahora del PRI, este municipio es identificado como el epicentro del robo de combustible que encumbró al autodenominado Cártel de Santa Rosa de Lima liderado por José Antonio Yepez Ortiz originario de la ciudad vecina, Juventino Rosas.
El nexo ha sido ratificado por el propio titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre, quien incluso en septiembre alertó sobre un dato contundente: autos robados fueron detectados en un predio propiedad del municipio.
Este fin de semana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que en el predio que antes albergó el rastro municipal, se almacenaba hidrocarburo robado. Fue con una orden de cateo solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), que las fuerzas federales ingresaron al lugar.
Para variar no hubo detenidos. Sólo encontraron vehículos de carga con capacidad de 40 mil litros de combustible prácticamente llenos, además de una cisterna con 50 mil litros. Lo curioso es que fue el personal del Regimiento Blindado de Reconocimiento, el que detectó el lugar y pidió a la FGR la apertura de una investigación que motivara el cateo.
Por todo lo anterior, cabe la pregunta ¿qué detiene al gobierno estatal y federal para realizar una decidida intervención en el municipio de Villagrán?
Todo indica que la posibilidad de una reacción criminal a gran escala, es la que detiene una operación completa en Villagrán, donde hechos violentos como el asesinato en junio de Florencio Lara, hijo del alcalde, han sido atribuidos a una corporación con serias infiltraciones criminales.
Por ello el reproche generalizado para las fuerzas federales y estatales, es el caer en omisión, aún con la suficiente información para dimensionar lo que ocurre en este municipio que cuenta con 66 mil habitantes en el corazón del corredor industrial de Guanajuato.
2.- Ley de ingresos entre omisiones
Ya en este espacio le hemos hecho notar la importancia del 2023 en el calendario político. Con un 2024 acotado por los procesos electorales, el siguiente año será decisivo para que los alcaldes den rienda suelta a sus proyectos y programas. Sin embargo, la escasez de recursos sólo les dejaba los caminos de la recaudación y la deuda.
De manera muy particular, el gobierno municipal de Guanajuato encabezado por el panista Alejandro Navarro Saldaña se ha visto en la necesidad de implementar incrementos en servicios e impuestos, incluso en aquellos que permanecieron incobrables en este 2022.
Tal es el caso del cobro por estacionamiento en la vía pública, integrado nuevamente en la Ley de Ingresos para el 2023, pese a que no hubo forma material para hacerlo cumplir.
Aún sin conocer bien a bien el método de cobro, las Comisiones Unidas de Hacienda, Fiscalización, Gobernación y Puntos Constitucionales concedió un incremento del 5 por ciento, que es el tope inflacionario autorizado para todos los municipios como lo señaló el diputado del PAN, Víctor Zanella.
De entrada, la medida motivó las críticas de la oposición que consideró que un cobro de este tipo viola los derechos humanos. Fue la diputada del PRI, Ruth Tiscareño Agoitia, la que sostuvo que la omisión de establecer la forma material del impuesto, vulnera derechos fundamentales.
Pero no todo quedó en la oposición. La diputada local del PAN, Margarita Rionda Salas, quien es ubicada como una de las principales suspirantes por la alcaldía de Guanajuato capital, no se quedó con las ganas y exigió un cobro justo del predial, con un mecanismo que lo mida eficientemente.
Su sugerencia en si misma hacia notar otra omisión, pues luego del análisis de la ley de ingresos presentada por Navarro, la legisladora dictó cátedra dando el paso a paso para el cálculo de un impuesto que nada menos es vital para los ingresos propios del municipio.
Al final, se le dio salida a una ley de ingresos como la de Guanajuato, entre señalamientos, correcciones y reprimendas que hacen cuestionarse en dónde ha quedado la experiencia de cuatro años de gobierno y contando.
3.- Alerta por negligencia médica
Los sistemas públicos de salud viven a la sombra de la negligencia. No importa si son agravios recurrentes o aislados, un solo hecho es suficiente para deteriorar su percepción e imagen pública, pero también para investigar anomalías en los protocolos de atención, áreas deficientes o de plano malos elementos.
La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) a cargo de Daniel Díaz Martínez, vive sus propios episodios. El caso de un recién nacido que perdió la vida en una seguidilla de errores que igual se cometieron por médicos que por directivos. De ahí su trascendencia no conocida hasta la resolución de Procuraduría de los Derechos Humanos (Prodheg).
Una mujer embarazada en la semana 26 de gestación con condiciones de preeclampsia era atendida en un Hospital Especializado como el Materno Infantil de León, pero se ordenó su traslado al Hospital General de San José Iturbide que carecía del equipo necesario para su atención.
El caso quedó consignado en el expediente 31/18-A-III, donde el entonces coordinador del Centro Regulador de Urgencias Médicas del SUEG, Miguel Alberto Simón Presa, alegó que el trasladado a un hospital de segundo nivel por que en los de tercer nivel no tenían disponibilidad, pero no pudo probarlo.
En realidad, las pretensiones eran enviar a la paciente al Hospital Materno de San Luis de la Paz, pero terminaron por llevarla al municipio vecino, ambos ubicados a más de dos horas de distancia de León en la zona noreste del estado.
Las comparecencias del propio Simón Presa; del director del Hospital Materno Infantil de León (HMIL), Daniel Botello Hernández Marco, del subdirector Antonio Castro Uriegas y de la directora del Hospital General de San José Iturbide (HGSJI), Arisbe Molina Coria, exhiben precisamente las fallas sistémicas de un caso que no debe repetirse.
Sin duda alguna, el titular de la SSG, Daniel Díaz Martínez, está en todo su derecho de pensar en su futuro y en aspiraciones políticas, sin embargo no habrá de olvidar que su área de encargo no admite distracciones; corregir y prevenir estas fallas es su obligación.
CONTRA RETRATO
Mauricio Trejo Pureco
Es un representante auténtico del empresariado turístico de San Miguel de Allende. Empresario hotelero, sin duda alguna palpa de primera mano las vicisitudes que vive el sector y, desde la presidencia municipal, ahora busca vestirse de héroe entre los integrantes de su gremio.
El alcalde Mauricio Trejo Pureco sorprendió con un incremento inusitado por el concepto del cambio de uso de suelo, en todos aquellas casas habitación habilitadas para alquiler bajo la plataforma digital Airbnb, que fue respaldado por el PAN en el Congreso de Guanajuato.
De manera que para el 2023, los dueños de estas casa pagarán 45 mil pesos anuales por concepto de cambio de uso de suelo; un aumento del 318 por ciento si se considera que actualmente el cobro es de 10 mil pesos.
Para Morena, el incremento es excesivo, para el PAN se trata de justicia. Lo cierto es que la medida da en el clavo justamente de las exigencias que ha realizado la Asociación de Hoteles de San Miguel de Allende que, por otro lado, han reclamado al gobierno estatal que se aplique el cobro del impuesto por hospedaje ya vigente.
Al final, Trejo Pureco actuó por su parte aplicando un incremento que no tiene relación con el índice inflacionario, pero sí con la competencia que hoy en día persiste entre el alquiler de habitaciones y el servicio de hotelería en una ciudad que en buena medida vive del turismo.
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