Violencia, politización y problemas sin solución
1.- Violencia, politización y problemas sin solución
La politización de la seguridad está fuera de control. Desde Palacio Nacional, las muestras de ingobernabilidad son tomadas a modo para descalificar la situación de Guanajuato, mientras el revire es el reproche por la falta de un fortalecimiento policial entorpecido desde lo local.
Por segundo día consecutivo, no faltaron palabras de Andrés Manuel López Obrador para descalificar al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por la cantidad de asesinatos que desde el fin de semana se cuenta por decenas, representando casi el 20 por ciento del total registrado en el país.
Sólo que esta vez, el líder de la cuarta transformación fue más lejos. Echó en cara la colocación de mantas atribuidas a un grupo criminal en 11 municipios, como si la capacidad de ese despliegue le fuera ajeno. Para el presidente, es muestra de la irresponsabilidad de no aceptar la militarización de la Guardia Nacional.
La respuesta vino también desde la capital del país, pues Rodríguez Vallejo estuvo en el Senado de la República para inaugurar la Semana de Guanajuato. Ahí con claridad, finalmente se unió a la postura de sus correligionarios panistas, para afirmar que militarizar al país no es la solución.
El gobernador apeló a la necesidad de reestablecer los subsidios federales a través de programas como el Subsemun y el Fortaseg, para robustecer las policías municipales. No obstante, su deterioro fue incrementándose incluso, cuando se tenían estos programas al cien por ciento.
En nado sincronizado, el Fiscal General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre, concedió una entrevista a La Jornada en la que rechazó ser el factor de violencia en Guanajuato, para luego advertir, así como así, que corporaciones enteras como la de Villagrán, están coludidas con el crimen organizado.
Vaya, el fiscal hasta se dio el lujo de criticar la estrategia de Mando Único con la que el gobierno de Miguel Márquez Márquez y el todavía vignte Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini desapareció policías completas absorbiendo sus subsidios, como el caso de Salamanca que calificó como foco rojo de violencia
Aún y en proceso de reconstrucción de una nueva policía municipal tras su desaparición en el 2017, Salamanca –municipio gobernado por Morena- redujo 50 por ciento los homicidios en tres años, precisamente desde la concentración de la Guardia Nacional y la SEDENA, que por orden presidencial suman más de 1 mil 500 efectivos asignados.
Así, López Obrador ve impunidad de operación de los cárteles, mientras Diego Sinhue advierte falta de recursos para las policías municipales que, según Zamarripa, están siendo penetradas y dominadas por el crimen organizado.
Perfecto, conocemos los problemas ¿y las soluciones?
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Violencia, politización y problemas sin solución
2.- UG: advertencias militarizadas
Mientras el debate por la militarización de la seguridad en México se encuentra en su cenit, la directora de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de la Universidad de Guanajuato (UG) en Salamanca, Teresa Sánchez Conejo, decidió comprar una absurda polémica por el uso recreativo de un camellón.
Así como lo lee. Resulta que en el acceso con libre paso a lo que es el Hospital de Pemex, considerado zona federal bajo cuidado de la Guardia Nacional y el Ejército, un camellón divide la zona de la ENMS ubicada a un costado.
Los prados del ancho acotamiento son utilizados por los estudiantes para sentarse y hacer tiempo entre clase y clase, pero como es un área federal los militares o la guardia nacional los han retirado, al grado de que se han suscitado algunos enfrentamientos verbales sin pasar a mayores.
Tras un episodio de estos, vivido el pasado viernes 23 de septiembre, la directora del plantel pensó que sería buena idea emitir un comunicado en el que sostuvo que “NO VAMOS A IMPEDIR SU ARRESTO O TRASLADO A LA PENITENCIARIA”. Así, en mayúsculas.
La circular evidentemente causó molestia entre el alumnado, al considerar que más que un llamado de atención, se trató de un deslinde ante una situación que discute incluso el libre tránsito a un área común.
Peor aún, este comunicado discrepa de las expresiones del rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien se pronunció en contra de la militarización en la seguridad pública desde el asesinato del estudiante Ángel Yael en el campus de Irapuato a manos de un agente de la Guardia Nacional.
Al menos para la directora de la ENMS, la eventual detención de menores de edad a manos de los agentes federales por el uso de un área verde en la vía pública, está justificada.
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Violencia, politización y problemas sin solución
3.- ‘Tumban’ a regidora de Morena
Pareciera que los estatutos de Morena, que además sintetizan su ideario, puede ser maleable dependiendo del personaje. Ayer quedó claro que no lo es para una militante de reciente afiliación como Erika del Rocío Rocha Rivera, quien dejó su lugar como regidora de León tras ser designada nueva Secretaria de Finanzas del Comité Estatal.
Para llegar a este caso, habría que recordar el de Ernesto Prieto Gallardo quien aún siendo diputado local, se aferró por todos los medios a mantenerse como el dirigente estatal mediante un acuerdo con la cúpula. El estatuto que prohíbe ‘dobletear’ en Morena quedó en entredicho.
Pero ahora las condiciones cambiaron tras el turbulento proceso interno en el que Prieto y sus aliados dejaron la dirigencia, para reducir su participación a dos cargos por cinco otorgados a la alianza entre Ricardo Sheffield Padilla y Mauricio Hernández Núñez. Fue en esa negociación que la regidora leonesa obtuvo su nuevo encargo.
Erika Rocha es una abogada de San Juan de Otates que era panista y hace tres años se fue a Morena siguiendo precisamente a Sheffield Padilla, quien le confirió un lugar de privilegio en la planilla del proceso electoral de 2021, con Aracely Márquez Romo, hija del exdiputado Raúl Márquez Albo, como su suplente.
Una vez resuelta la negociación para la dirigencia de Morena, Márquez Albo vio toda la pista libre para presionar la salida de Erika. Claro, un cargo de 48 mil pesos mensuales le espera a su hija.
Lo cierto es que las presiones vinieron de un grupo antagónico –lo que es previsible- pero también del propio, lo que seguramente no gustó mucho a la regidora de Morena, ahora con licencia, pues a pesar de que el nombramiento partidario se anunció desde el 5 de septiembre, su retiro del cabildo no se tramitó hasta ayer.
Al final, todos los allegados de Sheffield lograron un cargo público, sobre todo el de las finanzas que, por ahora, vivirá ligado a los recursos que les suministren desde el CEN, hasta que se liberen las participaciones que fueron embargadas por el desorden y los malos manejos.
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CONTRA RETRATO
Sergio Jaime Rochín del Rincón
Fue presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel federal de 2014 al 15 de junio de 2019, fecha en la que renunció por la falta de presupuesto y el incremento de los reclamos de colectivos y agrupaciones de víctimas que lo acusaron de dilatar apoyos y ser inequitativo. Ahora la historia parece repetirse.
Tras dos años como titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) de Guanajuato, Sergio Jaime Rochín del Rincón, poco ha logrado para revertir la situación en lo estatal.
Su bajo perfil resignado a los bemoles de la burocracia estatal contrasta con la carta pública en la que reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador la falta de cumplimiento a la Ley General de Víctimas.
“(Se requiere) reforzar los mecanismos institucionales (…), no diezmarlos, obligando a racionar el modesto apoyo que hoy reciben. Se necesita fortalecer al equipo de personas asesoras jurídicas preparadas y bien pagadas, en lugar de debilitarlo con medidas administrativas”, dijo entonces.
En enero de 2019, el colectivo Solecito de Veracruz acusó que “el comisionado Rochín ha agregado un lastre de indolencia e insensibilidad a la pesada carga de las víctimas”. En tanto, el Colectivo Uniendo Esperanzas, señaló que “las omisiones de la CEAV afectan a las víctimas porque no cubren las necesidades inmediatas”.
En pleno 2022, en Guanajuato su nueva actitud le acarrea nuevas quejas, protestas y hasta denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas, que ya realizaron una protesta en Guanajuato capital evidenciando la desatención.
Ahora sólo resta esperar las renovadas intenciones y acciones de un funcionario percibido como demasiado burocrático, o bien, un nuevo quiebre dada la repetición de los esquemas.
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JRP
