Yerbamala

1.- Una pandemia desatendida

A un año de que ocupa un lugar en la humanidad y ocho meses que la Organización Mundial de la Salud lo declara una pandemia por los efectos que provocó en el mundo, la enfermedad provocada por la COVID-19 todavía no tiene cura garantizada, ni una vacuna para evitar su contagio, y lo máximo que se tiene para prevenirla son medidas de higiene; en territorio mexicano son protocolos de aplicación voluntaria.

La gravedad del problema, a pesar de divulgarse los rasgos y letalidad en México y sus 32 entidades, es que aún no se ha podido concientizar su “dimensión”. El subsecretario de Salud federal Hugo López- Gatell y el secretario de Salud local Daniel Díaz Martínez, se ciñeron a lo ordenado por sus Ejecutivos. Con más del millón de enfermos en el país y 56 mil 250 casos en Guanajuato, se exhibe que aún no hay orden; en el estado se otorgan más permisos para espectáculos.

Se anuncian: “Madero Fest”; Cata Musical con Somelier y la grabación de videos; amén de otros eventos que podrían provocar aglomeraciones. En contraste, en algunos municipios existen acciones sólidas; sobresale la Campaña Interinstitucional contra COVID-19 en Irapuato, una idea estructurada sobre la base de que la vacuna no será suficiente ni una panacea. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez echa mano de la experiencia popular para recrear un modelo de concientización.

Lo esencial del Plan Ortiz: la recomendación será del personal médico; promoción de autocuidado por un consejo ciudadano; acciones desde la cultura, poética y galería urbana; incluso filtros sanitarios y evitar las “fiestas religiosas” que vienen para diciembre y el próximo enero 2021.

2.- El gobernador contra el tiempo

Es probable que titular del Ejecutivo federal esté preparando una denuncia para una investigación sobre asociación delictuosa en Guanajuato entre autoridades y el crimen organizado, pues de manera reiterada ha denunciado abiertamente la comisión del delito. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la entidad en donde gobierna el panista Diego Sinhue Rodríguez aparece con más asesinatos, porque la delincuencia echó raíces, se le dejó crecer durante 15 años.

No es nuevo que presidente de la República aproveche la mañanera para exhibir a Guanajuato, aunque ahora ofreció la hipótesis: “Cuando se desarrolla así, sin ningún problema el crimen organizado, es porque hay complicidad, es porque hay asociación delictuosa”. Eso, expresado por López Obrador, es serio y no se puede descartar que pudiera seguir la denuncia, pues así no funciona ni la Guardia Nacional para combatir la delincuencia. La denuncia sería en la Fiscalía federal.

Ante estas acusaciones, la administración estatal no ha reaccionado con atingencia y celeridad. Ha “preferido” el silencio o que pase el tiempo y el estado muestre menos homicidios. Mucho ojo, Palacio Nacional habló de una “llave maestra”: el cabecilla de Santa Rosa de Lima, “El Marro”, a quien tiene en el Altiplano. Entre lo referido por AMLO y la justicia estatal, a los hombres fuertes de Diego Sinhue, Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca, los relacionan con “abuso de autoridad”, por represión, el policía; y por soltarlos, el fiscal.

3.- Depredación

Lo que sucede entre la administración de la Casa de Estudios estatal y sus sindicatos, especialmente la élite en la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato (ASTAUG), que se ha perpetuado en el poder, adquiere visos de una relación sospechosa y muy parecida a los excesos observados en el quinismo, que fueron dejando escuela en el sindicalismo petrolero.

Somos los contribuyentes de Guanajuato los que pagamos la operación total del sindicalismo en la Universidad de Guanajuato, no las cuotas de sus agremiados, un privilegio sin parangón en la entidad. Vea usted si no: cerca de 24 millones de pesos gasta anualmente el líder sindical Víctor Jiménez Ramírez y su buró en el ASTAUG, en el rubro Prestaciones y Asambleas.

En perspectiva, la Presidencia de la República en 2019, de acuerdo con la Cuenta Pública federal, en organización de sus eventos, gastó 22 millones de pesos. Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la UG y sus sindicatos, deben más que una explicación al pueblo de Guanajuato por tal uso de los recursos públicos.

De la Valija. Salir con deseo de pecar

Si la responsabilidad del partido conservador la deposita Don Román Cifuentes Negrete, dirigente estatal del PAN, en el segundo de abordo, debió de cerciorarse que conoce del tema a tratar, porque termina con regarla y de paso quemar al jefe; ni modo. A raíz de las percepciones mensuales de los diputados locales de Morena, superior al presidente de la República, el secretario general, Eduardo López Mares, se lanzó a fondo para salir con comentario de principiante: es “incongruente”.

El exasesor del grupo legislativo del PAN sabe bien que los morenos no decidieron sus percepciones, sino la mayoría en el Congreso Estatal; la bancada rojo marrón ha estado jorobando desde el inicio de la LXIV Legislatura con la consigna: aplicar la “austeridad republicana”, pero ni la ven, ni la escuchan, ni la pelan. Por otro lado, López Mares sugiere a los morenos que expliquen en qué se gastan sus percepciones; a ver, Román Cifuentes en ¿qué se gasta lo que gana? El tema de Morena tiene muchas aristas para la crítica, sin embargo, no las encuentran.

Salvador Cienfuegos Zepeda

Alguien metió la pata, en Estados Unidos o en México. La aprehensión del general en Los Ángeles, mientras vacacionaba con su familia, acusándolo de cargos relativos a narcotráfico y lavado de dinero, se hizo sin ver el bosque. Las relaciones entre los países, que van más allá de los Ejecutivos de la Casa Blanca y Palacio Nacional, fueron lastimadas en lo interno y en lo externo. El recule del Departamento de Justicia estadounidense en su acusación, inédito en la relación bilateral, muestra, en primera instancia, que no se midió lo hecho.

Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, estaría a horas de regresar a México, sin delito qué perseguir en la Unión Americana al desdecirse de sus acusaciones la fiscalía estadounidense, que ahora aportará su información sobre el caso a la Fiscalía General de la República, para que le investigue y, si así lo considera, le finque cargos. El general estaría libre y con su calidad de ciudadanía intacta, citó la cancillería mexicana.

Ahora veremos si las primeras reacciones que tuvieron en Palacio Nacional, a botepronto, donde se dijo que se investigaría a quienes fueron sus colaboradores, dando como un hecho la verdad de las acusaciones al exsecretario, se sostienen.