Piden cese de directivos de SAPAL por desinterés en incidente de personal

Redacción

León.- Familiares de trabajadores fallecidos el año pasado en una planta de SAPAL acusaron deficiencias en la investigación pericial del incidente, y exigieron el cese del director de la paramunicipal, Enrique de Haro; y de su presidente, Jorge Ramírez.

Ellos estuvieron acompañados por el doctor Enrique Pérez Ramos, maestro en ciencias forenses, quien detalló que el levantamiento del cuerpo de Víctor Briseño, uno de los empleados que murió, lo hizo el chofer del anfiteatro del Semefo, no un perito médico legista ni un fiscal investigador, como debería suceder.

De igual manera, indicó que no se le tomaron muestras del esófago, nariz o de humor vítreo, ni tampoco se describió el estado en el que estaban sus ropas, por lo que advirtió que ahora es muy complicado que se pueda establecer con certeza cuáles fueron las sustancias que causaron su muerte.

“Ahorita es difícil ya encontrar algo porque fueron muy manipulados los cadáveres y todo lo que se obtuvo de ellos fue mal manipulado, se contaminó, se echó a perder; si se hubieran seguido todas las normas, tal vez sí podríamos obtener algo ahorita a la fecha, pero ya no, desgraciadamente”, dijo.

Por su parte, familiares de tres de los cinco trabajadores que fallecieron en el incidente del 13 de noviembre, acusaron desinterés por aclarar su muerte y remediar el daño por parte de las autoridades del SAPAL, de su Sindicato de Trabajadores, del alcalde Héctor López Santillana y del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Ellos se están burlando del dolor que sentimos, no saben lo que uno siente, y me da coraje que se burlen de nosotros. A mí no me importa a dónde vayamos a llegar, pero yo quiero justicia porque me quitaron a mi esposo”, dijo.

Juan de Dios Hernández Araiza, abogado de los familiares de dos de los empleados, apuntó que, a tres meses del accidente, la Fiscalía local solo les ha informado que fallecieron por intoxicación, pero aún desconocen las sustancias involucradas.

De forma paralela, SAPAL se ha limitado a ofrecer solo el monto correspondiente al finiquito de ambos trabajadores: 50 mil 900 pesos para los deudos de José Salvador Afanador Martínez, que llevaba 16 meses trabajando ahí, y 31 mil para la familia de Alberto de Jesús Silva Zúñiga, quien tenía 52 días en SAPAL, y pese a ello, sin capacitación ni equipamiento, lo mandaron al módulo de desbaste a realizar tareas que implica un complejo manejo de residuos tóxicos, mismos que le ocasionaron la muerte, lamentó el abogado.

ndr