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Robo de casi 7 mdp a gobierno de Cuerámaro sí fue hackeo: FGE

La Fiscalía emitió un dictamen que señala que el gobierno de Cuerámaro sí fue hackeado en 2022 y el robo no fue por parte de trabajadores
Municipios

Manuel Arriaga

Robo de casi 7 mdp a gobierno de Cuerámaro sí fue hackeo: FGE Robo de casi 7 mdp a gobierno de Cuerámaro sí fue hackeo: FGE

Cuerámaro, Guanajuato.- Las investigaciones que se realizan en torno a la extracción de 6.8 millones de pesos de las cuentas bancarias del municipio de Cuerámaro confirman que estas fueron objeto de un hackeo y no de la manipulación de algún servidor público, pues hasta el momento y pese a estar abiertos tres procedimientos administrativos y uno penal, ningún servidor público ha sido señalado como responsable. El monto del robo era superior a los 42 millones de pesos, sin embargo, el reporte realizado por trabajadores municipales logró que varias transacciones fueran canceladas y no se aplicaran.   

Sobre el hackeo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) emitió un Dictamen Pericial en Materia de Informática Forense, en el cual se concluye que fue vulnerado el equipo de cómputo desde donde se intervinieron las cuentas bancarias del municipio, lo cual descarta que haya existido intervención humana que hubiese manipulador al sistema.  

 
 

De acuerdo con la información a la que Correo tuvo acceso, como parte de las investigaciones, todas las transacciones se hicieron el primero de junio del 2022 desde el sistema de banca electrónica del banco Banamex. Una empleada del municipio fue comisionada ese día para realizar una transferencia entre cuentas propias para pago a proveedores y el pago de una compensación a un trabajador del municipio.   

 

 

En su declaración ministerial, la funcionaria reportó haber tenido algunos problemas para ingresar y realizar sus movimientos. En un momento, recibió un folio de soporte técnico por lo que contactó a un número que le apareció en pantalla, donde le guiaron por el proceso para restablecer la conexión con la banca electrónica, “no me causó duda porque utilizan las mismas palabras que los asesores”, declaró ante la Fiscalía General del Estado.  

 
 

Acto seguido, pudo realizar los movimientos que tenía previstos, pero más tarde ya no pudo ingresar nuevamente a la banca electrónica. Fue en ese momento cuando se comunicaron a la tesorería, directamente del banco, para informar que se había detectado una actividad inusual en la cuenta y que se habían hecho varias transferencias electrónicas por un monto superior a los 42 millones de pesos.   

Fueron en total 10 transferencias bancarias, de las cuales, ocho fueron bloqueadas al momento que personal de Tesorería no reconoció los movimientos. Solamente se aplicaron una transferencia por 3 millones 972 mi y otra por 2 millones 876 mil pesos, las cuales suman un total de 6 millones 848 mil pesos, movimientos que fueron reportados como cargos no reconocidos ante la institución bancaria y ante la Fiscalía General del Estado.  

 

 

Informes no oficiales han podido ubicar la cuenta receptora de los fondos en el estado de Baja California, donde las autoridades ya trabajan en la identificación y detención del probable responsable. En lo que respecta al hackeo, existen tres procedimientos administrativos que permanecen abiertos y uno por la vía penal. Los procesos administrativos son ante la Condusef, Contraloría Municipal y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, mientras que el proceso penal es a través de la Fiscalía General del Estado (FGE).  

 
 

Una vez que se emitan las resoluciones de los procesos administrativos,  trascendió que el gobierno municipal emprendería un juicio mercantil en contra de Banamex, para la devolución de los 6.8 millones de pesos que fueron robados durante el hackeo, donde el municipio tendría una alta probabilidad de éxito. Esto, de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 2023, la cual señala que, ante un cargo indebido, los bancos deben regresar el dinero a los clientes con intereses moratorios que se generen, es decir, que la institución bancaria estaría obligada a reintegrar al municipio de Cuerámaro los 6.8 millones de pesos que desaparecieron en el hackeo, más los intereses que se acumulen desde el 2022 a la fecha. 

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