Democracia, legalidad y legitimidad
En un país donde el errático comportamiento de los gobernantes y partidos, ajustados a su interés político inmediato y no a configurar una vida republicana certera sujeta a un Estado de Derecho, las dos sentencias establecidas ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una cancelando candidaturas de aspirantes a gubernaturas por incumplir con la legalidad y la otra ratificando lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) que garantizan que no habrá sobrerrepresentación parlamentaria luego de los próximos comicios, como lo mandata la Constitución del país, ofrecen un remanso para una democracia que ha costado décadas construir.
En una democracia cimentada en las leyes, “el derecho es el que debe regular la política y no la política al derecho”, asentaron los magistrados. Y ahí se definió todo.
El presidente del tribunal, José Luis Vargas, -“Varguitas” le dicen desde que se plegó al Ejecutivo federal-, fue el único que defendió a los candidatos de Morena por las gubernaturas por Guerrero y Michoacán, haciendo eco a las presiones del partido rojo-marrón, el presidente de la República y particularmente de Félix Salgado Macedonio, el fallido candidato morenista en Guerrero quien sigue amenazando romper el orden constitucional, al cual no le hace feo cuando cobra sus quincenas en el Senado. “Varguitas” perdió 6-1 la votación, se quedó solo.
Ya para la votación de la sobrerrepresentación, mejor votó a favor para no quedarse solo en el marcador. Fue un 7-0 rotundo. A pesar de toda la presión de los partidos que hoy tienen una gran mayoría en la Cámara de Diputados, no podrán repetir la jugada en 2021.
Esencialmente, el nuevo criterio del INE acota los márgenes de las coaliciones para evitar que mediante convenios, un partido mayoritario pueda postular militantes que contiendan bajo las siglas de un partido minoritario con el objetivo de obtener mayor número de diputaciones plurinominales. La Constitución establece que ningún partido puede contar con una sobre representación mayor al 8 por ciento de curules, con respecto a la votación obtenida en las urnas.
Obviamente los liderazgos de Morena, Salgado Macedonio y aliados, se han lanzado a descalificar al tribunal y al INE, a inclusive marcar que los desaparecerán, porque no se ajustan a las decisiones del pueblo. Cabe la pregunta, ¿qué pueblo, quién determina esa generalidad retórica?
Bien vale la pena recordarles a ellos, que se sienten revolucionarios que rompen un orden opresor con leyes malévolas, que llegaron al poder por las mismas leyes y de forma democrática, avalados por las instituciones que hoy atacan al perder los debates. Los fines, no justifican los medios. Si quieren cambios, tenían todo: mayorías, el poder presidencial, todo. Pero en su ruta, perdieron legitimidad democrática.
En el plano económico, lo actuado por los magistrados ofrece alivio de que dentro del Poder Judicial aún se impone la ley. Ampliándose esa confianza al litigio de temas como las reformas eléctricas o telecomunicaciones.
Sin embargo, la lucha sigue. Como es propio del momento, lo que se opone a Morena, este desea destruirlo. Ayer se anunció que el partido de Andrés Manuel López Obrador prepara una iniciativa para suprimir los tribunales especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Así las cosas.
