El comunicado del consejo de administración del Campestre que pretende zanjar la polémica por el descuento que tramitaron a un campo de golf como terreno agrícola
“Es por eso que, y con la finalidad de ser empáticos y sensibles ante la situación y en total colaboración con la autoridad municipal, con quienes hemos estado en comunicación directa desde el inicio de la controversia, el Club Campestre ha tomado la determinación de renunciar al beneficio en comento, sin que con ello convalidemos haber actuado de manera dolosa y fraudulenta por lo que hemos manifestado ante las autoridades correspondientes nuestra disposición para realizar el pago de la contribución sin el factor del beneficio, retornando el monto correspondiente al descuento otorgado”.
El pronunciamiento de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos el pasado jueves al final de la sesión de Ayuntamiento en el que pide a SAPAL no evadir su responsabilidad y acatar las recomendaciones de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg) por la tragedia que cobró la vida de cinco trabajadores de la paramunicipal en la planta de tratamiento hace un año, es la tercera acción que la panista ejecuta y que parece configurar un mensaje a personajes de poder e influencia cuando apenas completa 32 días en el poder.
Es el mensaje a SAPAL pidiendo más empatía y efectiva solidaridad con los deudos de los familiares que murieron hace un año en un accidente que se agrega a la petición atendida esta semana al Club Campestre para que devolviera el descuento del pago de predial del campo de golf que tramitó en la facilidad que da la Ley de Ingresos de este año en León para predios agrícolas.
Y también se agrega a la decisión del empresario Gabriel Padilla Cordero anunciada el pasado 25 de octubre de revertir la operación que le hizo propietario de un predio que colindaba con un kínder en la colonia Mirador Campestre y que puso en guardia a los padres de familia de ese centro escolar.
No sabemos si así lo proyectó la alcaldesa de León, pero está clarísimo que en los tres casos hay un común denominador. El mensaje hacia un organismo paramunicipal, para uno de los clubes privados más conocidos en la comarca y para un empresario conocido por su participación en proyectos públicos.
Podríamos encuadrarlo en esos típicos golpes mediáticos que suelen dar los alcaldes, gobernadores o presidentes de cualquier partido en cualquier gobierno para dejar claro que no habrá tolerancia a excesos e irregularidades en su administración.
Y claro, el otro mensaje es para pintar raya frente a las omisiones del antecesor Héctor López Santillana, porque en el caso de la tragedia de los trabajadores de SAPAL y de la desafectación del kínder, el exalcalde prefirió pegarse a la pared o voltear de plano para otro lado.
El tercer caso aludido no lo conoció López Santillana cuando aún estaba en el poder, pero fue un integrante de su gabinete quien dio el aval para que procediera el descuento al Club Campestre.
Llama la atención que en las tres situaciones, los aludidos se han deslindado públicamente de haber buscado un beneficio indebido o en el caso de SAPAL, en sus comunicados han dicho que solidaridad y apertura no les ha faltado.
En otras palabras, la alcaldesa Gutiérrez Campos sabe, como dice coloquialmente, que ‘está pisando callos’ y que interpela a quienes su antecesor no quiso incomodar. Eso tiene su valor más allá de que sea con el afán de un posicionamiento de arranque de gobierno.
Me decía un personaje que se trata de una buena señal que evidencia que, contrario a la mayoría sino es que a todos los exalcaldes panistas, a Gutiérrez Campos no le temblará la mano para ir, cuando sea necesario, contra quines quieran aprovechar su posición política o económica o sus relaciones, para obtener ventajas indebidas.
Cada caso tiene sus particularidades. Pese a lo dicho por la alcaldesa de León, SAPAL parece mantenerse en lo dicho y no sigue a pie juntillas lo que pide Gutiérrez Campos. Es una buena prueba para su presidente, Jorge Ramírez, un empresario que ansiaba el protagonismo de la dirigencia de un consejo y que ahora sabe que no todo es glamour y que debe calcular sus reacciones, porque el tema puede escalar si no decide correcta y oportunamente.
Y en el caso del Club Campestre, hay que esperar el fallo de la Contraloría Municipal porque lo que dice el consejo directivo es que devuelven el descuento para evitar un mayor desgaste y confrontación, pero siguen diciendo que es legal.
No olvidar tampoco que quien prendió la mecha pública en lo del kínder y en lo del Campestre fue el síndico panista José Arturo Sánchez Castellanos de extracción netamente empresarial, quizá, quien menos esperaba pudiera incomodar a los hombres del dinero.
Es la acción y su discurso de que si Morena empieza a ganar posiciones en Guanajuato será en parte por esos excesos de los económica y políticamente poderosos. Un tema que seguirá dando de qué hablar.
Más allá del gusto y apreciación de cada quién, dos cosas quedan claras en el regreso del Festival Internacional del Globo en modo presencial. Al tratarse de un evento que organiza la iniciativa privada, los precios que fijen de entrada (230 pesos en este caso), es su decisión. Y la segunda, que aunque es privado, tiene promoción de parte de la autoridad estatal y municipal por lo que el gobierno tiene su parte del costo en imagen del nuevo perfil del FIG.
Con el nuevo cobro ya no se puede hablar de un precio al alcance de cualquier familia.
RISAS Y LÁGRIMAS: LA MUTACIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN SEIS AÑOS
A partir del presupuesto 2019, paulatinamente, Morena ha ido elevando la restricción de los recursos a estados y municipios al punto de que la tijera va a alcanzar en 2022 al mismísimo INE.
Hace exactamente seis años, se preparaban cambios al famoso ‘fondo de los moches’. Aquella partida de 20 millones que llegaron a disponer los diputados federales para apoyar obras en su distrito que no siempre se aplicaban porque no había proyectos ejecutivos.
Los diputados llegaban con sus alcaldes para promover alguna obra que primero debía cumplir el requisito de tener proyecto ejecutivo. Y como los candados no eran fuertes, tres cosas podían pasar con esas partidas.
A veces, cumplían su cometido y servían para financiar obras de utilidad para los municipios; otras, se perdían y tenían que devolverse porque no había proyectos ejecutivos para cualquier ocurrencia y la tercera opción, que fue la más escandalosa y la que propició su desaparición: la corrupción y la aparición de los famosos ‘moches’.
En 2015 se concentró este fondo en uno solo titulado con el pomposo nombre de ‘Fondo de Infraestructura Estatal y Municipal’.
De ese fondo, a Guanajuato le correspondieron entre 350 y 400 millones de pesos adicionales a lo que anunció Miguel Márquez el pasado viernes. 38 de los 46 municipios recibieron dinero. A León le correspondieron 64 millones, a San Miguel de Allende 53.5, a Irapuato 38, a Guanajuato 25, a Celaya 23, a Salvatierra 12, a Salamanca 18.5, a Silao diez millones, a Purísima ocho y a Santiago Maravatío 9.8. El resto de los municipios beneficiados tenían entre uno y seis millones de pesos. Desde hace tres años, ese fondo ya no existe.
Al año siguiente, el gobierno de Miguel Márquez lamentaba la baja de recursos en un 10% de un año a otro (de más de siete mil 900 millones de pesos a poco más de siete mil 100)
Y se hablaba del cambio de condiciones de proyectos multianuales como la presa El Zapotillo y el Ferroférico de Celaya. El Zapotillo recibiría 86 millones el año siguiente.
Y hoy, los gobernadores de oposición a Morena han intentado de una y otra forma. Los diputados del bloque ‘Va por México’ también han buscado resistir. Pero no han logrado nada frente a la proclividad de la 4T a centralizar el manejo de los recursos.
No sólo se han eliminado las partidas para financiar obras de infraestructura en los estados y municipios, sino que ahora también se busca acotar a organismos autónomos.
En México sólo hemos visto los extremos en los últimos tiempos. Para corregir las desviaciones de los últimos sexenios, Morena ha generalizado y ha borrado y exterminado lo que había, bueno y malo. Lejos del equilibrio, el precipicio del radicalismo.
DIEGO SINHUE: LA ENÉSIMA DEFENSA
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo insiste en que todas las cifras del índice de homicidios dolosos muestran a Guanajuato a la baja, dice que sí mete las manos al fuego por el fiscal Carlos Zamarripa y confiesa que no se lleva mal con el presidente porque no hay relación.
Ah y que lo descarten como presidenciable del PAN para el 2024. Que no le interesa porque no da el perfil pues se necesita un conciliador y que porque saldría “muy caro” en ese cargo.
Todo lo anterior en una entrevista que le hizo el periodista Carlos Loret de Mola, transmitida a través del portal de noticias Latinus.
Una vez más, la apasionada defensa que hace del trabajo del fiscal y las cifras que hoy muestra el combate al crimen organizado.
El entrevistador no le pregunta en ningún momento sobre el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca ni el gobernador lo menciona, pero ya el funcionario estatal fue “nota” la semana antepasada cuando compareció ante diputados locales en privado.
Ya supimos que defendió su trabajo, que cree que también hay indicadores que así lo avalan y que piensa que el problema está fundamentalmente en las policías municipales. O sea, los demás están mal, menos su corporación y si algo le hace falta es más presupuesto.
Lo que destaca es esa comparación de los resultados logrados por Zamarripa con Miguel Márquez (por ende del propio Cabeza de Vaca) antes y después de 2018.
Y sí, la disminución en la incidencia se comienza a dar en este 2021. Volvemos a lo que hemos planteado en este espacio en otros momentos. El punto es que la baja de los asesinatos sólo sirve para colocar a Guanajuato en los niveles que había en 2018 o 2019 cuando se da el relevo en los poderes. No más, no menos.
¿Que no se puede culpar a una sola persona de la situación que vive el estado? Sin duda, ¿que hay una corresponsabilidad de la Federación y de los municipios en este problema? También.
Pero también la autoridad estatal ya sabe que hay cosas que no dependen de su voluntad y esfuerzo y una de ellas es el arreglo de las policías municipales. Si en León, hasta que no se fue el exalcalde Héctor López comenzó la depuración de la Policía Municipal, imagínese cómo andan otras muchas corporaciones locales y la voluntad política de sus titulares.
Y si la insuficiencia principal está en los municipios, ya podemos adivinar las maromas futuras.
