“Esta jornada será exitosa gracias a los esfuerzos del INE y de la ciudadanía (…) pero la Sala Superior juzgará el conjunto de sucesos y le presentaremos el diagnóstico de todas las irregularidades que se han venido cometiendo. La Sala Superior tomará las decisiones correspondientes y ojalá que las violaciones sistemáticas de los funcionarios no traiga como consecuencia la anulación del proceso, significaría la peor sanción a un proceso democrático”
Lorenzo Córdoba
Como suele ocurrir con las propuestas y causas que abandera, la iniciativa presentada por el diputado panista Miguel Ángel Salim Alle en el Congreso local el pasado jueves va a causar polémica y no transitará como cuchillo en mantequilla por los intereses que toca.
El legislador blanquiazul presentó una propuesta para reformar el Código Territorial y el Código Penal del Estado y permitir que los habitantes de fraccionamientos irregulares puedan tener drenaje y agua potable.
Hace ya más de una década, el mismo PAN propuso una ley para dar cárcel a los fraccionadores irregulares que fue denominada como la ‘Ley Vera’ porque la presentó el ahora regidor leonés José Guadalupe Vera.
Para los críticos de esta propuesta azul, esta es la antítesis de aquella propuesta y representa, si bien una oportunidad para acceder a servicios básicos a miles de personas, también sería una forma de alentar lo irregular y facilitar el camino a los fraccionadores anómalos que siguen haciendo de las suyas
Esta ley implicará necesariamente un costo económico y en inversiones para los gobiernos municipales, pues de su presupuesto deberá salir la provisión de esos servicios. Y ya se imaginará cómo se pondrán de estresadas esas finanzas si hoy escasean los recursos para obras de infraestructura.
Tenga usted por seguro que los primeros en brincar serán los empresarios que promueven fraccionamientos con la pregunta básica de qué se entiende por fraccionamiento “en proceso de regularización” y sus responsabilidades catastrales y fiscales.
Porque no es un tema sencillo. Pensemos en las ciudades más pobladas del estado y las condiciones de vida y de servicios públicos en las que se encuentran muchas colonias irregulares.
En otras palabras, no todas serían susceptibles de regularización porque en algunas ocasiones, la posesión de la tierra donde están asentadas ni siquiera está acreditada legalmente.
Quienes cuestionan la propuesta afirman que si se generaliza la regularización se estaría impulsando a invasión y el despojo de forma arbitraria por gente, si bien muy necesitada, pero también manipulada haciendo a un lado el estado de derecho.
Será todo un tema. Otra vez, Miguel Salim agitando el avispero inmobiliario.
Muchas piedras en el camino y obstáculos se encuentra el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y lo peor es cuando hay decisiones que no mejoran la imagen del estado y están fuera de su alcance.
Y ahora ahí está el aviso, advertencia del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos y funcionarios para que tengan precaución y eviten varias carreteras en 15 estados del país, entre ellos Guanajuato.
“No viajar al área sur de la carretera 45 entre Celaya, Salamanca e Irapuato”, dice el gobierno norteamericano
Miguel Ángel Salim Alle
PRI GUANAJUATO: EL AGANDALLE CUMPLE UN AÑO
Hace exactamente un año, Alejandro Arias Ávila y Ruth Tiscareño eran designados como los dos primeros en la lista de plurinominales en el PRI y se consolidaba un capítulo más en la autoinmolación del tricolor en Guanajuato que puede contar un historial de traiciones, patadas debajo de la mesa y golpes bajos que no tienen fin.
El PRI, abandonado a su suerte por el Comité Ejecutivo Nacional desde hace más de dos décadas había respetado al menos el derecho de los priistas guanajuatenses a repartirse entre ellos la escasa tajada que les correspondía en el botín.
Ruth Tiscareño había llegado originalmente como interlocutora y enviada del CEN priista con la encomienda de resolver problemas y, en los hechos, ha sido el factor principal para detonarlos.
Y no es un tema de derechos políticos. Tiscareño puede acreditarlos aunque hay quienes los ponen en tela de juicio. El problema de fondo es que los priistas guanajuatenses se sienten agraviados porque esto parece un escalón más en las burlas de que ha sido objeto.
Un ingrediente adicional, Alejandro Arias y Yulma Rocha habían hecho equipo para llegar al PRI Guanajuato y esta última simple y sencillamente fue echada del paraíso del control del exdirigente del MT.
A Arias siempre le iba a ser más cómodo tener al frente del partido a Tiscareño, que no conoce la plaza ni el entorno, que a Yulma o a alguien más.
Con qué cara la dirigencia estatal puede pedir lealtad, sacrificio y trabajo a sus militantes si ellos aseguran las posibilidades de privilegio.
Pero lo peor para los priistas guanajuatenses es que eso que se consumó hace un año no fue la peor afrenta que encararían. Porque apenas hace unos días, se consumó la más reciente que fue el dedazo fulminante para que Tiscareño se convirtiera en la nueva presidenta del tricolor.
Ruth Tiscareño ocupa las dos posiciones más importantes para los priistas en Guanajuato que hoy no tienen senador ni senadora ni un solo representante en San Lázaro. El tricolor en Guanajuato es un enfermo terminal que dilapida los escasos signos vitales que muestra.
Cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en campaña y al inicio de su mandato, una de las críticas más mordaces al régimen anterior era a la manera en que se había pervertido el concepto de participación ciudadana. Y el ahora presidente tenía una buena parte de razón.
Y es que esa práctica que se daba en sexenios anteriores en los que gobernó el PRI y el PAN y que en Guanajuato y en León -y en lo particular el PAN ha presumido en su largo reinado en estos lares-, ha estado acompañado de elitismo y simulación.
Y estos dos factores han permitido a los gobiernos que lo han utilizado mantener el control de esa participación y al mismo tiempo trazar pactos con grupos de interés en los que ambos se protegen.
Hoy en Guanajuato, vemos a nivel estatal consejos ciudadanos que son controlados por los mismos de siempre, que valida el gobernador en turno y que sirven de todo, menos de contrapeso. Y en León, cada trienio vemos al alcalde o alcaldesa en turno, que lleva mano en la configuración de esos consejos ciudadanos.
Eso ha permitido en buena medida al PAN mantenerse en el poder en el estado. El presidente ha descalificado así la participación ciudadana y los consejos de participación en una generalización que es injusta, pero que refuerza sus adeptos y le da popularidad.
Pero, como suele ocurrir con todos los políticos, una vez en el poder es muy fácil que se conviertan en aquello que tanto criticaron y el proceso de revocación de mandato lo ha colocado en ese nivel.
De por sí, el proceso era ya criticable cuando no partió de la ciudadanía sino de una iniciativa del propio mandatario. Lo que hemos visto en los diez días previos a la jornada de este domingo ha terminado por descalificar de origen lo que ocurrirá este domingo.
La forma en la que el gobierno federal y varios miembros del gabinete a bordo de aviones de la Sedena, con altos militares, se han desplegado a los estados para convertirse en los comandantes de la movilización, raya en la obscenidad. Los videos con mensajes del mismísimo secretario de Gobernación convertido en el promotor del presidente con un discurso que minimiza su figura de interlocutor ante la oposición del gobierno, no tienen defensa.
Al final, gobernantes emanados de Morena han reducido la jornada dominical a un simple ejercicio de movilización del partido en el gobierno que además mantiene como eje de su discurso, la descalificación del árbitro electoral.
Al final, la 4T aprovecha ese círculo vicioso que han construido los propios políticos. Porque son los diputados de los partidos vigentes los que construyeron las leyes que hoy nos rigen.
Esas leyes que parten de la desconfianza en el otro y que, en un afán restrictivo, han convertido las normas en un absurdo. Es absurdo que se impida la promoción de partidos y quizá del propio gobierno, pero esas son las leyes que construyeron esos mismos que hoy gobiernan. Si no les gustan, las deben cambiar, pero hoy se tienen que respetar como están.
Y ya sabemos que la oposición en México no ha encontrado el modo de encarar al régimen con éxito y talento. En otras palabras, la sociedad civil que debería ser la protagonista, aprecia indiferente el enésimo capítulo de la decadencia de nuestra política.
