La deuda

Se acerca la hora de las definiciones para el manejo de los recursos públicos en el país para el año 2022 y, con ello, su impacto en lo que será la planeación del ingreso y gasto público en los estados, que han sufrido en este sexenio una redistribución determinada por la Federación.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto por delante megaproyectos que han absorbido una ingente cantidad de dinero, como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y sobre todo la refinería de Dos Bocas. Si usted lo duda, observe el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y empleo en Tabasco, el único lugar del país que registra aumentos sobresalientes en estos rubros gracias a la inyección de recursos para la planta de refinación de Pemex.

El Paquete Económico 2022 se entregará el próximo 8 de septiembre para iniciar el proceso de discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ello, ayer se reunió el presidente López Obrador con su flamante secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

El mandatario nacional ya nos adelantó algo del proyecto, al decir que se iba a “decidir sobre los lineamientos básicos para la Ley de Ingresos, no va haber aumento de impuestos, ni gasolinazos”, aunque en este último punto ya sabemos que el discurso presidencial no se ajusta con lo que realmente pasa en el mercado energético mexicano.

Como es usual en cada año, primero la Cámara de Diputados –esta vez conformada con una mayor integración de opositores al gobierno federal pero insuficiente para modificar su proyecto, discutirá la Ley de Ingresos que deberá ser aprobada a más tardar el 20 de octubre, luego la revisará el Senado y deberá tenerla lista a más tardar el 31 de octubre. Cuando eso suceda, se discutirá el Presupuesto de Egresos Federal, solamente por la Cámara de Diputados y ahí no sólo se definirá el gasto del gobierno federal, sino lo que corresponderá de gasto federalizado para los estados de la república, incluido, obviamente, Guanajuato. Su aprobación deberá darse el 15 de noviembre.

Todo esto es relevante, porque de manera paralela deberán correr los tiempos para que en Guanajuato se haga un ejercicio similar y se definan ingresos y el gasto estatal. Por ahora, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez no ha referido si para 2022 su ley de ingresos contemplará más impuestos, pero podemos adelantar que el aumento de los derechos, costo de los servicios públicos, será mayor si se ajusta a la inflación que crece cada día en México.

En ambos ejercicios, el federal y estatal, habrá un componente interesante a analizar, la deuda pública. En la Federación el discurso es que no hay más endeudamiento en este sexenio, pero los números y préstamos solicitados a instancias internacionales dicen lo contrario, si lo hay, México cada vez está más endeudado.

La deuda pública de México representaba, al arrancar el año, 52 por ciento del PIB, el volumen más alto del registro histórico como proporción del tamaño de la economía; 12 billones de pesos al cierre de 2020. Comparado con el monto de la deuda pública al cierre de 2019, el de 2020 significó un aumento de 7.5%.

Para mayo de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la deuda pública había bajado a 47.7 por ciento del PIB, cifra que aún está por encima de los registros que se han tenido desde 2016. Pero, ojo, el indicador de deuda se contrasta respecto al PIB, en otros términos, también de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la deuda neta del gobierno federal pasó de 9 billones 372 mil millones de pesos en diciembre de 2020 a 9 billones 592 mil millones de pesos en mayo de 2021. Lo que significa un aumento de 2.3 por ciento, sólo en los primeros 5 meses del 2021. Por cierto, el Fondo Monetario Internacional estima que para el final del gobierno de López Obrador la deuda llegue al 63 por ciento del PIB.

Pero… ¿Cómo estamos en Guanajuato? Bien, de acuerdo al último informe presentado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el pasado 28 de junio, con corte al primer trimestre de 2021, el estado de Guanajuato tenía deudas y obligaciones financieras por 10 mil 977.7 millones de pesos; siendo su nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo a los criterios de disciplina financiera, con libre disposición de recursos por 39 mil 392 millones de pesos, lo cual significa que su deuda sería de 27.9 por ciento de dicha disposición, lo que le da maniobrabilidad.

En una actualización de información desde la Secretaría de Finanzas, Administración e Inversión, dada en su último boletín de deuda pública estatal, se indica que el saldo total al 31 de mayo es por 9 mil 164 millones 950 mil 177 pesos. De los cuales destaca que la deuda directa es por 7 mil 370 millones 893 mil pesos, siendo sus acreedores Banobras, BBVA Bancomer, Banamex, Santander y Banco del Bajío, el resto corresponde a deuda avalada (a municipios, por ejemplo) y deuda no avalada.

En estos dos universos, federal y estatal, encontramos que la deuda de Guanajuato es por mucho más manejable que la federal, sin embargo, no deja de ser un elemento de presión para las finanzas públicas, sobre todo porque ante la necesidad de endeudamiento surgida en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez debido, primero al deseo de fomentar el crecimiento económico con obra con financiamiento por 5 mil 350 millones de pesos y luego enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 por 5 mil millones de pesos, debe confrontarse a la reducción de gasto federalizado. La primera medida de fondo para el equilibrio es la reducción de la burocracia, para lograr un ahorro por mil millones de pesos, habiendo, seguramente, otras medidas de ajuste en el futuro.

En su primer año de gobierno, Diego Sinhue Rodríguez logró reducir la deuda de Guanajuato de los 5 mil 287 millones de pesos que le legó Miguel Márquez Márquez, a 4 mil 319 millones de pesos. En ese momento se calculó que al elevarse la deuda a casi 9 mil 600 millones de pesos con el primer endeudamiento del sexenio por 5 mil 350 millones, sería altamente manejable y hasta dejarse la deuda prácticamente igual que cuando se asumió el gobierno en este sexenio, pero las nuevas condiciones de emergencia han variado el escenario. Los otros 5 mil millones adicionales, autorizados por el Congreso Local, no pueden escalar más ante la relación complicada con la Federación.

La deuda sí es un factor a tomar en cuenta para los presupuestos que vienen en lo que resta del mandato de Rodríguez Vallejo. Hay que apretar las tuercas en la administración, sin cargarle la mano a una población depauperizada por la crisis, o habrá malestar.