Ruido y nueces
Uno de los aspectos distintivos del gobierno de la Cuarta Transformación, desde la praxis en Palacio Nacional, y primordialmente en Morena, es su desapego al cumplimiento de las reglas, las normas, las leyes. Por eso, muchas de las decisiones asumidas ya sea en el gobierno o en el partido pasan por revisiones de orden jurídico y generalmente son encontradas fuera legalidad, aunque luego haya “manita de puerco” para que las cosas se hagan, porque es lo bueno, lo justo o lo que el “pueblo sabio quiere”.
Pero esta forma de hacer las cosas sólo surte efecto donde hay poder para doblegar el sistema jurídico o, en otras palabras, hacer política teniendo la sartén por el mango. Fuera de esas condiciones, la relación de fuerzas determina hasta dónde se pueda llegar. Y eso es precisamente es la ruta que camina la reforma eléctrica, que se impone donde hay condiciones de imponerse, pero que jugará pronto la revisión constitucional y luego en la instancia de los tratados internacionales, específicamente el T-MEC.
Los Estados Unidos, con su gobierno, que hace el juego en su territorio con su Congreso y a su vez este con los grupos de poder en aquella nación que financian las campañas y cabildean, donde están los inversionistas que han metido millones y millones de dólares al mercado energético mexicano, se prepararan para jugar en su terreno los alcances de la reforma eléctrica de la 4T, muestra del nacionalismo que inflama el discurso político frente a su base social y las elecciones.
El residente de la Casa Blanca, Joe Biden, el que sonrió mucho en la reunión virtual con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras hablaba de que la relación será amable y conciliadora, estaba avisado que se aceita la infraestructura de supervisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Con base en su ley de implementación del acuerdo comercial, se destinaron 30 millones de dólares para la Representación Comercial Estadounidense, la USTR y otros 30 millones para el Departamento del Trabajo.
El dinero servirá, ni más ni menos, para ampliar la capacidad de trabajo en ambas instancias, que supervisarán las prácticas comerciales, legales, ambientales y laborales del gobierno mexicano, verificando si honran o no lo firmado. Para ello se contrataron abogados especializados que comenzarán a aplicar el llamado “Mecanismo de Respuesta Rápida”.
Si el gobierno mexicano o empresas que exportan bienes y servicios a los Estados Unidos incumplen apartados del tratado o violan derechos de las empresas estadounidenses, de inmediato se activará dicho instrumento para que se aplique la suspensión de beneficios arancelarios del T-MEC o la imposición de otras sanciones, como el bloqueo de importaciones.
El anuncio de que entra en operación todo esto se hizo en Capitol Hill, Washington D. C., en el Congreso estadounidense, por la USTR al trazar la agenda comercial 2021.
Si, en México el discurso oficial y de sus aliados, en comités, foros y redes sociales, señala que la reforma es impoluta y hasta “patriótica”, atiza sus argumentos con términos como seguridad energética, soberanía, privilegios para inversionistas extranjeros y hasta pretende aplicar retroactividad en los permisos otorgados por el gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, hay un entramado legal donde veremos si estos términos encuentran su consonancia constitucional y en el T-MEC y si están dispuestos a pagar el precio por ser tratados en igualdad, como dice Biden.
Al reto, llega el gobierno de AMLO en condiciones adversas, por cierto. Los ingresos presupuestarios inician 2021 a la baja y, nuevamente, son subejercicios. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, cayeron los ingresos del gobierno en 12 por ciento en enero. Es la mayor caída desde 1993, cuando cayeron 15.3 por ciento.
La cuesta de enero es para todos, incluido el gobierno. La pandemia de COVID-19 también arrastra efectos en el entramado productivo nacional, además de que PEMEX tampoco obtuvo ingresos notables. Así las cosas, un choque de trenes con sanciones comerciales y arancelarias, sería lo menos adecuado, si es que interesa al gobierno de la Cuarta Transformación levantar la economía nacional. Si no, pues pagaremos el pato, uno grande.
No puede atenderse la política pública y en ella la económica, soñando repetir el “Desarrollo Estabilizador” que tanto pone como ejemplo el presidente, cuando habla de Adolfo López Mateos y la nacionalización eléctrica. El mundo y México son muy diferentes. Hoy no somos una nación cerrada y sustituyendo importaciones con productos mexicanos de baja calidad, ni las comunicaciones son pocas o lejanas. Todo se conectó y vivimos en un mercado libre, eso dice la ley, donde la población demanda más para sus familias y los viejos sacrificios ya no son posibles. Hay otras maneras de lograr la transformación.
