Diputado propone crear Ley del Patrimonio Inmobiliario; incluiría ANPs y reservas
La Ley del Patrimonio Inmobiliario busca considerar la reserva territorial y a las Áreas Naturales Protegidas como bienes de dominio público
Lourdes Vázquez
Guanajuato.- El diputado del PAN, Víctor Zanella Huerta propuso la creación de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Guanajuato, en la que busca considerar – por primera vez- a la reserva territorial y a las áreas naturales protegidas como bienes del dominio público.
En la pasada sesión del Congreso del Estado, el legislador expuso que se busca contar con una nueva ley que atienda los cambios que se han hecho a otras normativas como la armonización contable y con la que se pretende fortalecer la transparencia, control y fiscalización de los procesos en el manejo de los bienes públicos.
“Todo marco jurídico tiene una evolución determinada por las condiciones sociales, económicas que en cada momento se actualizan y con ello es necesario la continua modernización del mismo, que para este caso, hoy son los actos relaciones, con la adquisición, el resguardo y el control de los bienes del estado de dominio público”
Contempla la posibilidad de subasta
La propuesta contempla la posibilidad del procedimiento subasta con el fin de obtener las mejores condiciones para el estado, además que tanto el gobierno estatal como los organismos autónomos deberán contar con una constancia de los usos de suelo para toda adquisición que resulte onerosa.
“Se introduce también el tema del destino prioritario e impone las obligaciones para que los destinatarios, tengan la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de éstos”.
Además propone la integración de un nuevo órgano colegiado para que de manera transversal realice dichas enajenaciones, “trasmisión onerosa o gratuita para instituciones públicas para temas de habitación popular, enajenaciones a título oneroso a favor de personas físicas, morales para la creación, fomento y conservación de los empleos, donación a favor de asociaciones o instituciones que realicen actividades de interés social, enajenaciones para fines educativos, de asistencia social y de servicios públicos”.
Zanella Huerta señaló que para fortalecer la fiscalización se deja en claro que todo decreto deberá de contener el destino de los bienes, en donde además será obligatorio mantener los valores actualizados y “se crea un programa para seguimiento a todos los actos jurídicos para que la auditoría superior del Estado realice dichas revisiones”.
La iniciativa de nueva ley se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis.
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LC
