¿Salió el peine en la UG?

1.- ¿Salió el peine en la UG?

El costo de oportunidad en la parte laboral, se define como la cantidad de salario a la que se renuncia por asumir un puesto o cargo con menor remuneración. Incluso, contempla los beneficios que se podrían haber obtenido si se hubiera elegido esa opción.

Sin embargo, en aras de su mal entendida autonomía, la Universidad de Guanajuato (UG) mantiene en su reglamento esta misma figura, con una lógica completamente invertida, o habrá que decir pervertida.

Es el artículo 43 del reglamento para el personal académico el que evoca el mismo costo, pero de manera abierta a todo aquel catedrático que pasó por funciones en la estructura de la UG se le ofrece la gracia de disfrutar de su salario por dos años más, a partir de su salida del cargo.

Dicho artículo no ofrece una ponderación justa de las hipotéticas oportunidades perdidas de promoción, o al menos una mínima evaluación. Considera per se que los beneficiarios perdieron la posibilidad de revalidar su labor docente, aunque no hayan existido convocatorias para tales fines.

Todo lo anterior escaló a la esfera del Congreso de Guanajuato, donde los diputados Gerardo Fernández González del PVEM y Ernesto Prieto Gallardo de Morena, advirtieron la discrecionalidad que permite este reglamento que resultó intocable durante la gestión del rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, en quien concentraron sus críticas.

El contraste que particularmente hizo el legislador verde de esta prebenda, frente a otros apoyos contemplados en el reglamento como becas, apoyos y promociones, da nitidez al limitante que estos tienen al estar condicionados a la situación presupuestal de la UG; en el “costo de oportunidad” no existe tal condición.

De manera que, sin convocatorias realizadas para la promoción del cuerpo docente ¿qué oportunidades le costaron a los profesores que asumieron cargos en el último tramo de Guerrero Agripino?

En otra interpretación más política, el diputado de Morena vio el uso de este artículo como la vía para que el ahora rector, se granjee otros dos años con el salario que percibe actualmente: 178 mil 974 pesos mensuales “que rebasan lo que gana el Presidente de la República”.

Así que un nuevo flanco permanece abierto en medio del proceso de sucesión de la rectoría general de la UG. Uno de esos recovecos legales que hacen pensar en el empecinamiento de la cúpula universitaria por mantener canonjías, beneficios y por supuesto la protección para los suyos.

 

 

2.- Morena: juego sucio sin medianías

Si bien se trata de una grilla interna, que incluso se había demorado en brotar, lo que muestra a más de un año del proceso electoral, es la eterna tentación del uso de una estructura como la de los servidores de la nación, para hacer operación electoral o de propaganda a favor de una aspirante de Morena.

Ayer el diputado federal de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, denunció públicamente a dos servidores de la nación que pertenecen a la estructura de la Secretaría del Bienestar, repartiendo artículos de propaganda a favor de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El legislador está en una posición estratégica, pues en lo local mantiene una alianza con el grupo de Ernesto Prieto Ortega, pero en lo nacional es miembro del grupo de apoyo a las aspiraciones del excanciller, Marcelo Ebrard Casaubón, así que la denuncia le queda como anillo al dedo.

El equipo del legislador retomó el video de una transmisión realizada en redes sociales por parte de un comunicador de Silao, que el sábado 10 de junio captó a los funcionarios, Jesús Rangel Díaz y Juana María Ríos Becerra, entregando publicidad de la aspirante presidencial.

Según Reyes Carmona puntualizó que ya está el antecedente, que no solamente es Silao, sino también varios municipios están haciendo lo mismo. Incluso acusó que “están obligando a los servidores de la nación a salir, a repartir, a difundir, a promocionar a Claudia Sheinbaum”.

Es por lo anterior que la denuncia pública de Emmanuel Reyes Carmona adquiere otro cariz mucho más delicado.

Estamos hablando de la estructura más importante que sostiene a la cuarta transformación; mujeres y hombres que mantienen una cierta convicción en el proyecto gubernamental, pero también la mayoría son activos militantes de Morena. Todo respondiendo a la coordinación de Mauricio Hernández Núñez.

De confirmarse, estaríamos ante las prácticas anacrónicas que tanto se han acusado a los gobiernos de otros partidos, incluyendo al de Guanajuato, que históricamente han utilizado las estructuras de desarrollo social para realizar tareas similares.

Emmanuel finalizó al desear que se tomen cartas en el asunto de manera inmediata y se dejen de manipular los recursos para favorecer a una persona. No habló de denuncias formales, razón de más para tomar los hechos con toda la seriedad que amerita.

 

 

3.- Silao: una disculpa con demora de nueve años

La agresión que sufrió la periodista Karla Janeth Silva aquella tarde del 5 de septiembre de 2014 marcó un hito en Guanajuato. Detonó la conciencia de la necesidad de contar con leyes específicas para proteger la libertad de expresión y con ello la actividad periodística, en su relación con el poder público.

Así que sin el marco legal adecuado y sin que la Fiscalía General de la República (FGR) activara su capacidad de atracción, aquel delito orquestado por el entonces alcalde priista de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, fue procesado en el fuero común como intento de asesinato, pero con la premisa de haber actuado con motivo de la labor de la informadora.

El caso ameritó también recomendaciones de derechos humanos que, entre otras cosas, incluían una disculpa pública que en su momento el exedil evadió con un acto que más bien resultó una simulación. La periodista se inconformó con ello, se le dio la razón e increíblemente nueve años después esa causa fue desempolvada.

Solís Arzola fue procesado y condenado. Su sentencia incluyó un reconocimiento público del agravio que cometió contra la libertad de expresión, pero no subsanó lo que tocaba a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), cuyo actual titular decidió notificar al ahora gobierno de Carlos García Villaseñor.

Hoy será el día en el que el caso Karla Silva quede definitivamente cerrado casi una década después. Una verdadera pena que hace pensar en la serie de recomendaciones que se han quedado sin cumplir en un viejo baúl de la Prodheg, que al parecer su actual titular Vicente Esqueda Méndez está dispuesto a escudriñar.

Ante el acto que se llevará a cabo hoy, quedan dos reflexiones. Una en lo que toca a la defensa de la libertad de expresión, pues esta es prueba inequívoca de la necesidad de contar con andamiajes claros de justicia y protección; la otra concierne a la Prodheg, que se ve rebasada y sin dientes para agilizar estos casos que resultan vergonzantes.

 

 

CONTRA RETRATO

Alvar Cabeza de Vaca Appenidini

Como si se tratara de temas que le son ajenos o cuando menos lejanos, abordó la violencia perpetrada contra policías municipales y la Guardia Nacional en Celaya con un notable autobombo. Para él, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), no comparten el acecho del crimen.

La corta memoria del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, deja de lado hechos como la necesidad de un decreto gubernamental para apoyar a agentes en riesgo precisamente a raíz de una seguidilla de ataques entre 2020 y 2022 o de plano, del reciente asesinato del jefe del mando único en Juventino Rosas.

No puede tomar una postura ajena y mucho menos ponerse como ejemplo de actuación. Si bien el funcionario enlistó una serie de acciones, sus señalamientos al final ubican el problema como si este fuera focalizado en Celaya, cuya corporación, según dijo, “debe ajustar los modelos operativos”.

En cuanto al autobomba que se hizo estallar lesionando a por lo menos diez elementos de la Guardia Nacional, Cabeza de Vaca Appendini aseveró que han estado en contacto con la Guardia Nacional, “para también estarles comentando algunos protocolos que hay en Policía Estatal en cuanto a revisión de vehículos estatales”.

Como no sufre ni se acongoja, el propio funcionario agregó que no es el primer evento de esta naturaleza que sucede en Guanajuato. Es el tercero. Por lo que nuevamente puso a la SSP como referencia en un tema de protocolos.

De manera que Alvar Cabeza de Vaca se mantuvo afín a su estilo, que poca empatía produce con una población de policías que se ha visto envuelta por la vorágine de la violencia en todo sus niveles. Ninguno escapa.