Tlaxcala por encima de Guanajuato

1.- Ale Gutiérrez: morirse en la raya

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aprieta el paso. Aunque las respuestas oficiales sobre ‘esperar los tiempos’ y ‘enfocarse en el trabajo’, son casi obligadas, la verdad es que adquieren una connotación especial cuando se trata de competir por la candidatura del PAN para el gobierno de Guanajuato.

Los tiempos son los que la coyuntura dicta. En cuanto Libia Dennise García Muñoz Ledo -hoy Secretaria de Desarrollo Social y Humano- se adelantó a presentarse en el Comité Municipal del PAN junto a gran parte del gabinete estatal, la edil supo que requería mover sus piezas y no dudó en enviar de avanzada a Daniel Campos Lango.

Ese fue el inicio de una competencia que aún se contiene en los límites de la civilidad política, amén del riesgo que representa una confrontación abierta animada en buena medida por los acuerdos entre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza.

Casi como un acto reflejo, Alejandra Gutiérrez apresuró su activismo dentro del marco de la presidencia municipal con un evento de fin de semana en el deportiva de El Coecillo, en el que se hizo acompañar de los comités de colonos, militantes, legisladores y alcaldes de otros municipios.

Impacto menor o mayor, eso fue lo de menos. Lo importante era dar señales de que la aspirante oficial tenía una seria contendiente. Por ello la designación de Libia Dennise en la Sedeshu marca otra pauta.

Ale Gutiérrez ha apretado el paso en sus eventos públicos en colonias y comunidades rurales. Señal de esto es el reciente evento que organizó el martes pasado en La Joyas, con el objetivo de anunciar con bombo y platillo, las 50 obras que en el corto plazo se emprenderán en ese polígono.

La logística de invitaciones entre los colonos y organizaciones populares que históricamente operan en esa zona, agregaron tensión en el evento sobre todo cuando se abordó el tema de la regularización de terrenos, una fibra especialmente sensible para los presentes que amagaron con retirarse.

Un anuncio para Las Joyas que no pudo ser redondeado, pero que es señal inequívoca de la intensificación de la agenda pública de la alcaldesa de León. Bien sabe que parte de su lucha por la candidatura estatal, empieza por dominar plenamente su plaza.

 

 

2.- San Felipe: crisis de sospechas

El traspié del alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado García, está a punto de provocar una crisis política. Su presunto involucramiento en el traslado de los 23 migrantes que fueron presa del crimen organizado en San Luis Potosí, es un tema que sigue abierto y que ha cimbrado al Ayuntamiento.

El anuncio que el edil hizo sobre el paradero del grupo, justo en el clímax de la búsqueda que los gobiernos estatales y el federal realizaban, así como los indicios del conocimiento que tenía del caso ventilados en un audio de la empresa Eiffel, motivaron que ayer los ediles de oposición le exigieran separarse del cargo.

Junto con él, señalaron al Secretario del Ayuntamiento, Miguel Jaramillo Ortiz, cuyo papel político en el gobierno municipal y específicamente en este entramado, fue decisivo.

Jaramillo Ortiz es el dirigente municipal del Partido Verde en San Felipe. Aunque desde 2008 comenzó su trayectoria en la administración municipal como Jefe del Área Jurídica de Contraloría Municipal, esta realmente comenzó a repuntar a partir del trienio 2015-2018, cuando llegó por primera vez como Secretario de Ayuntamiento.

 

 

Su paso continuó como regidor en el primer periodo de Maldonado García y de ahí se fue posicionado como su verdadero operador político. Para 2021 cerró el trienio como alcalde interino y, una vez consumada la reelección, su posición como líder del partido le dio para influir directamente en la planilla colocando a sus allegados.

Ya en medio de este último escándalo, fue quien se encargó de dar las entrevistas con los supuestos pormenores del destino de los migrantes. Mientras la Guardia Nacional, el Ejército y las corporaciones estatales hallaban a una centena de migrantes víctimas del crimen organizado, este ya afirmaba que el grupo de los 23 estaba ‘fuera de peligro’.

Ayer Jaramillo fue uno de los señalados por la oposición como uno de los omisos en el caso. Su responsabilidad fue puesta sobre la mesa e incluso se planteó su separación del cargo, luego de la fallida sesión de Ayuntamiento en la que los ediles se retiraron en protesta.

De manera que sería Jaramillo el pagano del tema, pero no por ello dejaría de ser una separación controlada con el único fin de evitar una crisis política.

Mucho tendrá para analizar y meditar, no sólo el alcalde y su secretario sanfelipense, también el dirigente estatal del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, quien en poco tiempo ha visto uno de sus bastiones caer en la controversia, producto de los errores de sus propios operadores locales.

 

 

3.- Tlaxcala por encima de Guanajuato

No hay medición en la que la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato salga bien parada. Sus escasos resultados son notorios no sólo dentro de la percepción pública, o en la estadística del Sistema Estatal Anticorrupción, también ya se ha hecho patente en las mediciones nacionales que realizan instituciones públicas y privadas.

Su titular Marco Antonio Medina Torres, se ha convertido en un funcionario del que mucho se habla pero poco se sabe. El pasado 17 de diciembre, tras rendir protesta pidió que no ser prejuzgado como “fiscal carnal”, y que le den oportunidad de trabajar en la investigación y persecución de la corrupción.

Ya pasaron cinco años de su gestión y su trabajo aún no se refleja en pasos certeros.

Hoy Correo hace eco de la investigación sobre el desempeño de las fiscalías anticorrupción y su grado de autonomía, presentada por la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Tecnológico de Monterrey, en la que únicamente se toman como muestra los casos procesados del 2019 al 2021.

De acuerdo a estos datos, la fiscalía a cargo de Medina Torres inició 165 carpetas de investigación, pero solo consiguió una sentencia condenatoria por estos hechos.

Aún así, el bajo nivel nacional en la materia le dio para ubicarse en el lugar 18, pues resulta que un estado como Tlaxcala, que es tildado como de bajo desarrollo, la lleva de calle con 75 sentencias.

Se ha hablado mucho de los motivos del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, para colocar a Medina Torres en la Fiscalía Anticorrupción. Pero más allá de sospechas, queda claro que se trata de un funcionario que inexplicablemente se ha mantenido en el cargo con resultados paupérrimos.

 

 

CONTRA RETRATO

Vicente Esqueda Méndez

A la puerta de su segundo informe de actividades, ha dado cuenta de las debilidades de una entidad que debiera ser fortalecida justo frente a la crisis de violencia que padece Guanajuato. Más allá de su militancia en el PAN, ha vivido en carne propia las necesidades institucionales.

El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Vicente Esqueda Méndez, llegó precisamente en una coyuntura en la que se discutía la necesidad, incluso, de refundar esta entidad que debe ser custodio de las garantías individuales de los ciudadanos.

Ahora con dos años al frente, ha constatado el incremento en las denuncias ciudadanas, frente al desinterés de las autoridades para hacer caso de las recomendaciones. Un escenario trágico en un estado que se precia de ser baluarte de desarrollo y estado de derecho.

Su informe da cuenta de un preocupante incremento del 128 por ciento en las quejas que en 2022 llegaron a más de 1 mil 600, en las que los policías municipales siguen siendo el foco principal. Si esto coincide o se relaciona con el descenso en el nivel de los destinatarios de las recomendaciones -ahora dirigidos a mandos medios-, es obligada su revisión.

Lo cierto es que Esqueda es ahora testigo de los problemas institucionales. Es por ello que formalizó una petición al Congreso del Estado para realizar modificaciones a la ley, para que, al menos, haya consecuencias públicas para aquellos funcionarios que rechacen recomendaciones sin justificación.

Se trata pues, de una lucha por recuperar el respeto a la Procuraduría de los Derechos Humanos, con un andamiaje legal más que con presupuesto.