Irapuato: rechazan proceso abreviado al padrastro de Juan David; juicio continuará
El juicio para inculpar a Miguel por la desaparición de Juan David continuará. Foto: Correo
Irapuato, Guanajuato.- Una juez rechazó la petición de proceso abreviado que hizo la defensa jurídica de Miguel, expolicía municipal y ministerial y padrastro de Juan David Martínez Bedolla, menor desaparecido el año pasado. Será la siguiente semana cuando se lleve a cabo la siguiente audiencia intermedia encaminada al juicio donde se analizará la presunta responsabilidad de Miguel por los delitos de desaparición forzada por particulares y violencia familiar en contra del menor de 11 años, que le valdrían hasta 81 años en prisión.
La mañana de este miércoles, en los juzgados de oralidad penal de Irapuato se llevó a cabo la audiencia intermedia para detallar pormenores y que inicie el juicio donde se reiteraría la responsabilidad por los delitos de desaparición forzada por particulares y violencia familiar a Miguel, padrastro de Juan David, que desapareció el 14 de mayo del 2022.
Hace un mes la defensa legal del expolicía municipal y ministerial y el propio Miguel solicitaron el proceso abreviado; es decir, que por motivos de salud aceptaría su responsabilidad por ambos delitos. Pero al juez rechazó esta petición y el próximo miércoles se efectuaría la audiencia intermedia rumbo al juicio de Miguel.
De confirmarse la responsabilidad de Miguel en ambos delitos, obtendría una pena de hasta 81 años de prisión.
Advierten riesgo de que salga libre por vicios en la obtención de pruebas
Durante la audiencia, Miguel aseguró que estaba enfermo y requería medicamentos, mientras que sus abogados señalaron que habría vicios en la manera en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) se allegaron de algunas pruebas, como el celular que se verificó para dar seguimiento a los recorridos que hizo a través del GPS. Los abogados aseguraron que el celular no se obtuvo de forma legal, puesto que Miguel fue detenido por delitos contra la salud.
Por su parte, Norma Patricia Barrón, asesora legal de las víctimas indirectas, señaló que con este argumento podría recaer en una omisión por parte de la Fiscalía de Justicia y con ello aumentarían las posibilidades de que Miguel obtuviera su libertad.
“Nosotros lo que queremos es que se llegue al juicio, que el diga donde está el niño, ha estado muy hermético, no ha querido decir nada de la ubicación porque sabe que esto le implicaría otras consecuencias legales, en caso de que se encontrara al niño muerto sería homicidio y lamentablemente no hay ninguna herramienta para que diga donde está el niño”.
JRP
