FGE archiva temporalmente denuncia por ‘moches’ durante periodo López Santillana
Margarita Márquez defendió que en la denuncia de la Contraloría se presentaron todos los elementos de prueba que se tenían disponibles
Carolina Esqueda
León.- La Fiscalía archivó de forma temporal la denuncia penal interpuesta por la Contraloría municipal por el robo de 97 mil 327 pesos ocurrido al interior de la dirección de Desarrollo Institucional, que terminó destapando el ‘cobro de moches’ a una serie de proveedores durante la administración de Héctor López Santillana.
“Se archivó temporalmente. Esto atendiendo a que de los testimonios que se recabó no hay un posible implicado que se acreditara. Lo archivan temporalmente por si hay algunos otros elementos, posteriormente puedan reaperturar”. Así lo informó la contralora Viridiana Margarita Márquez Moreno.
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La funcionaria defendió que en la denuncia de la Contraloría se presentaron todos los elementos de prueba que se tenían disponibles. Sin embargo, durante las declaraciones de testigos no se pudo determinar quién fue el responsable directo de haber sustraído el efectivo. Esto pese a que había un encargado de área que recibía los cobros hechos a los proveedores.
El caso
En septiembre de 2021, la entonces encargada de despacho de Desarrollo Institucional, Elizabeth Yurudit Muñoz, reportó el dinero faltante ante la Contraloría. Así dio inicio a una investigación en la que se descubrió que la dependencia cobraba dinero en efectivo a empresas de bienes y servicios, o pedía electrodomésticos. Esto en reciprocidad por dejarles promocionarse entre los empleados municipales durante sus eventos institucionales.
Las cantidades en efectivo no eran reportadas ante la Tesorería. Por ello, tras 10 meses de investigación la Contraloría inició los dos primeros procedimientos de presunta responsabilidad administrativa. Esto contra dos funcionarios adscritos a la dirección de Desarrollo Institucional y a la dirección de Desarrollo Institucional, por haber recibido el dinero en efectivo. Se calificó como falta grave en términos del Artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Preparan denuncias ante TJA de los dos imputados
La contralora informó que los expedientes PRA/002/2022 y PRA/003/2022, abiertos contra los dos funcionarios por la denuncia de la Contraloría, los enviarán ante el Tribunal de Justicia Administrativa tras cumplir con la audiencia inicial, establecida para el 21 de julio.
La contralora aclaró que los procedimientos de presunta responsabilidad derivaron del cobro de “reciprocidades” a un solo proveedor. Esto tras comprobar que uno de ellos recibió 8 mil 500 pesos en efectivo y el otro 80 mil pesos también en efectivo.
Por lo pronto, las investigaciones abarcan 19 contratos firmados desde enero de 2018, cuando Enrique Sosa Campos era titular de la dependencia, hasta diciembre de 2020 cuando estuvo al frente Alberto Martínez Aguayo, quien terminó renunciando a mediados de 2021 tras enfrentar varias denuncias por acoso sexual y hostigamiento laboral.
La contralora dijo que de momento no pueden establecerse los montos totales de las reciprocidades cobradas desde la dirección. Mientras tanto, se sigue investigando si hay más funcionarios involucrados.
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“Eso no lo podemos determinar porque si hay cuestiones en especie. No tengo el valor aproximado de determinada cosa. No es cualquier dato que se pueda proporcionar porque es mucha evidencia la que tenemos. Son varios tomos. Es importante mencionar que de ese asunto todavía se están analizando algunas otras irregularidades. Ahorita por lo pronto salieron estos dos, pero puede llegar a determinarse algún otro” explicó.
Las investigaciones también determinarán si el caso también amerita denuncias penales. Esto si se comprueba que con la práctica alguno de los involucrados le causó afectaciones al erario municipal.
Morena denuncia opacidad en la SSP de León
Los integrantes de Morena en el Ayuntamiento cuestionaron la permanencia de Mario Bravo en la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana. Acusaron que existe opacidad en el manejo de las estadísticas de incidencia delictiva.
Tras expresar su preocupación por la masacre ocurrida en la colonia Santa María de Cementos el 10 de julio, donde 6 personas fueron acribilladas mientras celebraban un bautizo, la regidora Gabriela Echeverría González pidió que de forma urgente se cite a comparecer al secretario de Seguridad para rendir un informe de ese y otros hechos. Luego pidió su renuncia.
“Debemos reconocer que ha habido un aumento desproporcionado de la inseguridad en León. Estamos rebasados, la violencia ha sustituido el diálogo y es un ataque directo al estado de Derecho, con poca reacción del titular de Seguridad. Por lo anterior, le pedimos al licenciado Mario Bravo Arrona, que por dignidad al cargo y respecto a todas las víctimas, renuncie” leyó mediante un posicionamiento durante la Sesión de Ayuntamiento de este jueves.
Mientras tanto, la regidora Erika Rocha Rivera reprochó que las estadísticas de incidencia delictiva que la SSPPC presenta cada mes ante la comisión de Seguridad, no se hayan producido en el formato adecuado al menos en las dos últimas sesiones.
“Ustedes mes con mes ven los resultados”, afirma Mario Bravo
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, quien no estuvo presente el día de la sesión, volvió a afirmar ante la prensa que los delitos incluyendo homicidios dolosos van a la baja. Además, aseguró que hay transparencia en las estadísticas.
“Yo siempre he sido muy respetuoso de las opiniones de los regidores y de los síndicos, y de toda la ciudadanía. El trabajo está realizado, ustedes mes con mes ven los resultados favorables en lo que se ha realizado en delitos del fuero común y faltas administrativas. La información está a su disposición cada que lo han ocupado. (los homicidios dolosos) Van a la baja, lo hemos dicho mes con mes y ustedes lo están observando” respondió tras ser abordado sobre el tema.
Por lo pronto el Ayuntamiento no resolvió si citará a comparecer al funcionario durante la sesión. De acuerdo a la reforma de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, publicada el mes pasado y donde se establece que sus titulares deberán rendir un informe trimestral, por lo que la dependencia sostuvo que está obligada a hacerlo hasta octubre.
Bravo Arrona afirmó que pedirá adelantar su primer informe dentro de este mes, donde presentará los resultados del primer semestre de 2022. Además de lo realizado en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, a donde viajará este miércoles junto a una comitiva de 6 personas para participar de un ciclo de capacitaciones de CALEA.
EZM
