Van en León por reforma para suspender a policías investigados
Carolina Esqueda
León.- La comisión de Gobierno y Seguridad Pública trabajará en breve con una iniciativa de modificación al reglamento del Consejo de Honor y Justicia, la cual busca que los uniformados sometidos a una investigación en la Secretaría Técnica puedan ser suspendidos del cargo con goce mínimo de sueldo, durante el tiempo que dure el proceso abierto en su contra.
La propuesta fue presentada durante la sesión de Ayuntamiento del 16 de diciembre, a nombre de la síndica Leticia Villegas Nava y una parte de regidores del PAN, donde las principales propuestas son dotar al Consejo de Honor y Justicia de la facultad de dictar medidas cautelares, además de quitarle la atribución al secretario de Seguridad Pública de remover a los elementos de su cargo, sin necesidad de pasarlos por una investigación.
La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos dijo que la propuesta fue en escucha a la ciudadanía, que pidió una intervención más inmediata contra los elementos que son denunciados por abuso de autoridad.
“La iniciativa que se presenta va en dos sentidos, primero dar orden y también generar un mecanismo para reconocer a aquellos elementos que hacen bien las cosas, que tienen una antigüedad y que están dando resultados. Y por otro lado, para actuar rápido cuando haya alguna falta, una cosa que nos estuvieron pidiendo los ciudadanos es que cuando haya un tema delicado, que no nos esperemos hasta que se agote toda la investigación y que se pueda sancionar y se pueda retirar del cargo” dijo al respecto.
El documento presentado contempla 7 modificaciones sustanciales al reglamento, entre las que destacan la adición de una sección con medidas cautelares, que permitirán el cambio de adscripción del elemento, además de la suspensión temporal con goce de sueldo mínimo mientras esté investigado, así como la imposición de multas por no presentarse a declarar, y por no proporcionar un domicilio para recibir notificaciones.
También en el apartado de las posibles sanciones, donde se incluyó la degradación en el escalafón o jerarquía, en caso de que la falta cometida no amerite la remoción de la corporación, ya que el Consejo solamente podía determinar el cese, la amonestación o la suspensión temporal hasta por 90 días.
La iniciativa fue turnada tanto a la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, como a la de Derechos Humanos, esta última por petición del regidor Antonio Cabrera; donde se dará su radicación para estudio, posibles modificaciones y dictaminación, antes de llegar a la aprobación definitiva.
La intención de modificar el reglamento se planteó públicamente desde que la alcaldesa y una parte del Ayuntamiento mantuvieron una audiencia pública con integrantes de colectivas feministas, el 25 de noviembre, luego de que varias de las manifestantes expresaron su desconfianza por la Policía municipal, a raíz de que se hiciera público el caso de una joven que fue víctima de abuso sexual por parte de varios policías a principios de agosto de 2020, y quienes pese a estar investigados seguían patrullando en las calles.
La indignación dio pie a una manifestación de mujeres el 22 de agosto de 2020, que terminó en represión policial, donde pese a que hubo investigaciones a los elementos involucrados nunca se hizo público si fueron sujetos a alguna sanción.
LC