Por niño amordazado y violentado en guardería de Romita, piden juzgar privación de libertad y no lesiones
Exigen justicia por el caso de abuso en la guardería de Romita. Foto: Karla Silva
Romita, Guanajuato.- Los representantes legales del niño que habría sido violentado en una guardería del municipio de Romita solicitaron que se anule la vinculación a proceso de la cuidadora implicada, que fue por lesiones simples, y que se reclasifique a privación ilegal de la libertad al considerar que se envía a la sociedad el mensaje de que los menores pueden ser tratados de esta manera.
El pasado 8 de agosto el pequeño de cuatro años de edad acudió como habitualmente a 'El Castillo de las Sonrisas', estancia en la que era atendido desde sus primeros meses de vida y donde presuntamente la persona que se encargaba de ello, lo amarró de pies y manos y le colocó una cinta autoadhesiva en la boca para que dejara de llorar.
El recurso de apelación en la Causa Penal 1-P3723-420 fue dirigido al Supremo Tribunal de Justicia del Estado el 24 de octubre. En éste se alegó que no se valoró la totalidad de los datos de prueba presentados en la audiencia, y que se ejerció de manera subjetiva la facultad que le Código Nacional de Procedimientos penales le da a la persona juzgadora, al reclasificar jurídicamente los hechos que llevaron a la formulación de imputación.
En coincidencia con la familia del menor, el Ministerio Público solicitó que se vinculara a proceso penal por el delito de privación ilegal de la libertad previsto y sancionado por el artículo 169 del Código Penal del Estado de Guanajuato, pero la representación del Poder Judicial determinó hacerlo por lesiones, delito que no fue debatido en la audiencia oral.
Al utilizar una cuerda para atarlo, "la finalidad no era lesionarlo, era precisamente restringir su libertad de desplazarse, su libertad de deambulación, no precisamente generarle un daño a la salud", señaló el agente del Ministerio Público durante la audiencia inicial del pasado 19 de octubre. La asesoría jurídica expuso que los hechos fueron debidamente relatados por el ofendido.
Sin embargo, el juzgador consideró que frente a los datos de prueba puede presumirse que Katherine "N" participó en la comisión de los delitos, pero no de privación ilegal de la libertad, debido a que "se trata de un menor de cuatro años, el menor...no puede ejercer esa potestad o esa facultad, no puede decir 'de ahí me quiero ir', tan es así que está al cuidado y al resguardo de sus padres en su cuidado", el cual está delegado al personal de la institución.
En un ejemplo ‘exagerado’, insistió en no considerar la existencia de esa privación de la libertad, ya que, de ser así, en el momento en el que su cuidadora "lo detenga para que no se salga (de la estancia), estaría privándolo de la libertad".
La familia y los defensores esperan que la respuesta por parte de tribunal estatal sea en apego a las garantías de los derechos de las infancias.
