Más de 15 defensores de la tierra en México han sido asesinados en 10 años
De acuerdo con el estudio de Global Witness, los ambientalistas asesinados en México fueron mayoría en 2021
Staff Correo
Ciudad de México.- México perdió a 54 activistas ambientalistas en 2021, esto lo convierte en el lugar más mortífero del mundo para los defensores de la tierra. Así lo indica un sondeo global que se publicó este miércoles. Además en la última década son 154 víctimas entre quienes buscaban defender al medio ambiente.
El informe del grupo no gubernamental Global Witness señala la trágica cifra de 54 activistas asesinados en 2021. Esto frente a los 33 en Colombia y 26 en Brasil. A nivel mundial se registró la cifra de 200 activistas asesinados durante el año pasado.
Los asesinatos se concentraron sobretodo en Latinoamérica, donde se presentaron más de dos tercios de esos asesinatos. Con frecuencia las víctimas son las personas más valientes y respetadas de sus comunidades.
Lee también: Padre de Yuawi volvió a casa; pero otros 15 indígenas wixárikas no
Víctimas, indígenas que defienden el agua y la tierra
De los activistas asesinados en México casi la mitad eran indígenas. Además dos tercios de los homicidios estuvieron ligados a conflictos por tierra y minería y la misma proporción de asesinatos se concentraron en Oaxaca y Sonora.
Tal es el caso de Tómas Rojo, perteneciente al pueblo yaqui en Sonora y que colinda con Arizona, EUA. Su última lucha ocurrió por defender el agua de la zona. Agua que hasta el momento les sigue siendo robada mientras ellos, en casa muchas veces no tienen ni agua corriente.
Él habría sido asesinado aparentemente por una banda local de narcotraficantes. Autoridades señalaron que los criminales buscaban el dinero que el pueblo yaqui genera ocasionalmente al cobrar peajes en retenes informales en las carreteras.
El activista había encabezado una serie de manifestaciones y actos de desobediencia civil cuando entre 2010 y 2020 las autoridades estatales construyeron un acueducto para desviar el agua de los yaquis a Hermosillo, capital del estado. Los actos de Tómas Rojo generaron pérdidas millonarias para el comercio y la industria.
Por esta razón, los conocidos del defensor de la tierra señalan que su asesinato no ocurrió como lo dicen. Aseguran que poderosos intereses habrían interferido.
La lucha por las tierras del pueblo yaqui es notoria, ellos la viven entre miseria. Narcotraficantes, compañías y gobiernos codician sus recursos por igual.
Oponerse a una mina
José Santos, en Jalisco, es otro de estos casos. Él se opuso a un proyecto minero y lo asesinaron en 2021. Era un dirigente indígena y abogado, además de candidato a encabezar el Comisariado Ejidal de Ayotitlán.
“Fue el único candidato que se opuso abiertamente a la mina Peña Colorada y sus operaciones. Lo encontraron muerto en su coche, que había sido conducido hacia un precipicio. Su cuerpo mostraba pruebas de tortura”, indica el reporte.
Puede leer: Ambientalistas de México en el blanco: suman 45 asesinatos en gobierno de AMLO
La mina no solo ha dejado una víctima, reporteros y otros activistas han denunciado desapariciones y asesinatos de quienes se oponen a la mina. Por estos crímenes nadie ha sido llevado a la justicia.
La mina a cielo abierto representa un alto costo ambiental en una zona indígena, también la destrucción del Cerro de Los Juanes.
Globlal Witness también advirtió sobre las desapariciones forzadas de activistas ambientales. La organización sostuvo que estas las perpetúan funcionarios estatales corruptos y grupos de crimen organizado.
Defendiendo el bosque
El reporte señala, además, el caso de la ambientalista mixteca, Irma Galindo Barrios, desaparecida en Oaxaca en octubre de 2021.
“Desde 2018, enfrentaba intimidaciones por parte de funcionarios públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte como resultado de su defensa de los bosques”, se detalla.
El gobierno de México tiene como obligación impartir justicia por estos casos y luchar contra la grave crisis que enfrentan los defensores de la tierra.
La ONG señaló que debe establecer una hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú. El cual es una herramienta para garantizar los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente.
Busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación de los pueblos en la toma de decisiones ambientales, la búsqueda de justicia en caso de afectaciones al ambiente. Además promueve la defensa de derechos de los defensores del ambiente y de pueblos indígenas y comunidades locales.
La hoja de ruta del gobierno debe incluir la coordinación entre poderes del Estado, generación de políticas y financiación que garantice la justicia ambiental.
Además se debe diseñar, implementar y supervisar mecanismos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la información y al consentimiento bajo estándares internacionales.
*Con información de AP y Reforma
Te puede interesar:
- ¿Militarización en el Metro? Descubren caja negra del tren de la L3 en una camioneta
- Regidora de Morena amenaza con pistola a vecinos por estacionarse en su lugar
- AMLO reprocha a UNAM de “lavarse las manos” en caso de plagio de tesis de ministra
LC
