Atención en Lo de Juárez

1.- El desaire a la transparencia

Queda claro que la proactividad a la transparencia es un valor que escasea en la administración pública de Guanajuato. Lo que prevalece es la opacidad y la discrecionalidad, tanto como se puedan aplicar incluso al filo de la ley.

Acceder a una observancia en tiempo real, esa que tanto se pide para simplificar y eficientar los procesos de auditoría pública, parece entonces demasiado pedir.

Al menos así lo fue para los 32 municipios que decidieron hacer caso omiso de la convocatoria abierta, para que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) acompañe al menos uno de sus proyectos de inversión.

Fue una invitación, por lo que se trata de un desaire que es también un fracaso para el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso de Guanajuato, Victor Zanella, quien gastó suela en las juntas de enlace financiero que, entre otras cosas, promovieron el endeudamiento de los municipios.

Es decir, si se le hubiera puesto el mismo énfasis a la revisión de la cuenta pública en tiempo real como buena práctica, como se tuvo para la contratación de empréstitos para solventar sus proyectos, quizá otro gallo cantaría.

El tema es que nos quedamos cortos con los municipios. Fue el propio titular de la ASEG, Javier Pérez Salazar, quien dio cuenta de 17 proyectos de compra y contratación en los que se les darán opiniones técnicas para prevenir irregularidades.

Claro, para Zanella es mejor ver el vaso medio lleno, aunque esté casi vacío. Su justificación fue que era una convocatoria libre, pues no había obligación legal de atenderla. Para mayor descargo, dijo que de todas maneras la labor ordinaria de la ASEG continuará, esa que tanto le ha pesado liberar a Javier Pérez con más de un año de revisiones a cuestas.

Es de destacar que uno de los grandes paradigmas del combate a la corrupción es precisamente la tardanza en los resultados de auditoría, pero más aún la prevención de los hechos de corrupción que tanto ayudarían a sanear el quehacer público.

Por ahora nos quedaremos con estos municipios (pase usted a revisarlos en las siguiente páginas), que decidieron comenzar a emplear esta observancia en tiempo real que, sin duda, es un buen intento por dar pasos adelante, pero completamente inútil si no se promueve con energía por lo político o lo legal.

 

 

2.- Tec de Salvatierra: universidades bajo lupa

La abrupta salida de Rodrigo Carrasco Ramírez y de Roció Ortiz, como director y subdirectora respectivamente del Instituto Tecnológico de Salvatierra, merece tomarse con reservas, pero con toda seriedad. Las irregularidades que se les acusan deben ser investigadas, no sin antes esclarecer el motivo de su salida previa.

Lo que es una realidad, es que muy pocas veces se conoce de irregularidades, auditorías específicas o de alguna revisión a la cuentas de las instituciones de educación superior. Este caso las pone nuevamente en el ojo público, como lo hiciera el escándalo de la llamada “Estafa Maestra” en la que jugaron un papel fundamental.

Amparados en la buena fe para un centro de conocimiento, desafortunadamente no están exentos de las mañas y artimañas de la burocracia común.

Incluso, la autonomía ha sido también un parapeto para que instituciones como la Universidad de Guanajuato (UG) que dirige Luis Felipe Guerrero Agripino, mantengan a sus órganos de control interno en un esquema de subordinación y complacencia. Autoexcluidos pues, de la lógica de los Sistemas Anticorrupción.

Ahora bien, en los casos donde aparentemente hay una convicción de rendición de cuentas como en el Tecnológico de Salvatierra, los procedimientos tampoco suelen ser lo más aseados.

Resulta que se habla de una auditoría realizada desde la administración central del estado, en la que se encontraron irregularidades sin solventar y una matrícula inflada. Versión que el propio Rodrigo Carrasco negó, asegurando que las renuncias, la suya y la de la subdirectora fueron voluntarias el pasado 30 de marzo.

Por ahora no se conoce el estatus del procedimiento que, de confirmarse, lo pertinente es castigar y no saldar el asunto con la renuncia. De no confirmarse, el asunto adquiere un cariz político que ya coloca incluso a la exalcaldesa panista, Alejandrina Lanuza, como un posible reemplazo.

Lo dicho. Es necesario romper paradigmas e incluir a las universidades dentro de los esquemas de auditoría como las entidades públicas que son, eso sí, con certeza y la pulcritud obligada.

 

 

3.- Atención en Lo de Juárez

Lo que sucede en la comunidad de Lo de Juárez en Irapuato, es ya un fenómeno social que debe preocupar y ocupar al gobierno estatal y municipal. Pero no con toletes y criminalización, sino con la mayor empatía al tratarse de una localidad que pareciera estar en un proceso de divorcio con la autoridad.

La falta de atingencia ante el desalojo que más de 400 familias sufrieron, debido a la falta de claridad en las propiedades privadas, motivó la conformación de la Asociación Civil "Dignidad Comunitaria Coronilla Nazahua", con el firme objetivo de lucha por el derecho a la vivienda.

Es entonces cuando la comunidad comenzó a seguir una lógica de protesta, que los ha unido para activarse frente al gobierno municipal de Lorena Alfaro y el estatal de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, incluso en campos en los que no había un déficit. La acción colectiva es el rechazo al Estado.

Por supuesto, la movilización social es una actividad permanente desde hace casi 20 días, pero también lo son las acciones como la impartición de clases a los niños que se quedaron sin su casa en el denunciado desalojo. Algunos de ellos ya no siguieron estudiando y otros están rezagados.

Pero fuera de esta asociación, otro síntoma de la característica reaccionaria de los vecinos de Lo de Juárez fue la expulsión, literal, del sacerdote que llegó para hacerse cargo del Templo del Sagrado Corazón.

A empujones y por la fuerza lo sacaron tras acusarle comentarios que rayaron en el acoso sexual a una de las integrantes del Comité Cultural y Social de Lo de Juárez, durante una junta de aclaración de los gastos a la que habría acudido con aliento alcohólico.

Así las cosas, que esta Semana Santa sirva para que municipio y estado, mediten una intervención política para resolver las demandas en Lo de Juárez, donde la comunidad ha hablado y fuerte.

 

 

CONTRA RETRATO

Felipe Ruiz Ochoa

Llegó a la mitad de la década de los noventa al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), justo cuando se estrenaba como una entidad ciudadanizada. Ahora, casi tres décadas después, ha sido destituido tras ser investigado por uno de sus organismos.

Puede ser paradójico, pero el caso de Felipe Ruiz Ochoa quien fue destituido como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva del INE en Guanajuato, tras comprobarse que cometió acoso sexual en contra de una excolaboradora, da fe del debido proceso hasta las últimas consecuencias.

Como suele pasar, la denuncia se hizo pública y formal por la propia víctima a la que le bastaron cuatro meses como Técnica de Promoción Ciudadana – de febrero a junio del 2022- , para padecer el hostigamiento laboral y el acoso laboral de este funcionario.

Hay que precisar que en estos tiempos turbulentos para el INE como institución, en la que la eficiencia de sus órganos está sometida a debate, no se puede esperar otra cosa que el debido procesamiento de estos casos. La congruencia con las agendas en pro de la equidad y en contra de la violencia política, es obligada.

Fue así como se cortó de tajo la trayectoria en el INE de un funcionario con larga data dentro de la institución, que no necesariamente le significó protección, al menos en este caso. Mantener esta lógica, debe ser ahora una constante sustentada en los hechos.