Cifras para el optimismo y la preocupación

LLEGÓ LA HORA. El del próximo domingo será el proceso electoral en el que las acciones de inclusión por candidaturas para grupos vulnerables, son una realidad en nuestra democracia.

LA NOVEDAD. Son las famosas acciones afirmativas que obligaron a partidos políticos a postular a personas de la diversidad sexual, migrantes, afrodescendientes y con discapacidad.

SOL Y SOMBRA. En las boletas habrá 324 candidaturas de personas discapacitadas, 57 indígenas, 301 de la diversidad sexual, 68 migrantes y 19 afrodescendientes. Se da un paso adelante en la inclusión sin ninguna duda aunque ya en un análisis más concienzudo, otra vez nos topemos con esa tendencia de los partidos políticos a la simulación cuando no, al engaño.

MAL AÑEJO. Porque algunos institutos políticos en lugar de buscar nuevos personajes para cubrir la exigencia de postulación por medidas afirmativas, acomodaron a los mismos de siempre para presentarlos como parte de grupos vulnerables lo cual ya resulta cuestionable aunque sea legal.

PEORES. Otros casos fueron más graves porque representaron ejercicios de simulación descarada o una dudosa habilidad para jugar al filo de la ley para presentar candidaturas cuestionables.

PARA LA POSTERIDAD. El caso más sonado fue el de Vladimir Santos, del Partido de Trabajo quien se autoadscribió como mujer para poder competir sin que su discurso y su trabajo de campaña estuviese cerca de abanderar las causas de este grupo vulnerable.

AÚN HAY MÁS. Otros como el priista, Lorenzo Chávez Zavala consiguieron el aval legal de una agrupación indígena que luego fue protestada, para registrarse como tal en otra muestra de simulación

AVALANCHA. La presidenta del IEEG informó que el organismo recibió un total de 401 denuncias, 63 de ellas fueron por violencia política en razón de género y otras 31 denuncias por calumnias. Hay un buen número de denuncias en proceso de resolución.

ESCOLTAS. En el tema de protección a candidatos y candidatas, en Guanajuato , 331 candidatos solicitaron protección al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

DESGLOSE. El IEEG recibió 78 solicitudes para la protección de 133 candidatos y el INE 198. Las autoridades electorales no prevén alguna situación crisis por renuncias sobre la hora de funcionarios de casilla pues capacitaron a 140 mil ciudadanos y hay 67 mil en reserva por si algunos fallan o desisten en las horas siguientes.

LA DEL ESTRIBO...

En el caso de la impugnación pendiente por resolver por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, observadores de los propios partidos, visualizan un par de escenarios.

El primero, que el TEPJF tense la cuerda y tome una medida inédita al pedir a Morena que nombre una mujer como candidata a horas de la elección y asumiendo el riesgo de ser cuestionado por no brindar certidumbre al votante de Celaya que acudirá a las urnas y verá que la candidata de ese partido no coincidirá con el nombre del que está en la boleta.

El otro y menos estridente. Que confirme la candidatura de Juan Miguel Ramírez con la acotación de que lo hace solo para garantizar la certidumbre en el proceso y el derecho de los electores a conocer a los postulados y postuladas pero con la precisión de que en lo futuro, los partidos deberán, bajo cualquier circunstancia, sustituir a una mujer por una mujer. Veremos.

CARLOS ZAMARRIPA: LA TODOPODEROSA FISCALÍA

En los superpoderes que ha tenido la Fiscalía General de Guanajuato en tiempos de Carlos Zamarripa Aguirre, desde el Poder Ejecutivo nunca hubo dudas de que había que respaldarlo en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

"Yo no estoy diciendo que el fiscal sea perfecto, lo que digo es que es el mejor del país y lo sostengo. Que hay mucho que mejorar, es cierto; no digo que sea  el fiscal perfecto. Cuando digo que es el mejor fiscal, lo digo convencido", decía hace un año el mandatario estatal cuando le cuestionaron sobre la resistencia de la Fiscalía a hacer ajustes a varias leyes que la pongan en sintonía con la realidad vigente.

Todo, pese a su falta de voluntad para ponerse al día en los derechos de víctimas y agrupaciones en situación vulnerable.

Y es que casi de manera simultánea, el informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Errradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) respecto a la posibilidad de la alerta de género en Guanajuato y el Congreso local, exhibían la falta de voluntad de Zamarripa.

En el Congreso del Estado, se imponía la visión de los enviados del fiscal en leyes de búsqueda para no incluir una unidad de análisis de contexto en esa instancia y de manera más enfática, excluir la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres.

Ambas propuestas, no eran un capricho opositor, sino que venían incluidas en el informe de recomendaciones a autoridades estatales arriba citado. El problema era que en el ámbito legislativo, las propuestas eran empujadas por Morena.

Nadie podía frente a esos poderes fácticos. El fiscal tenía y tiene el poder de veto en el Congreso local. Ha habido jueces o magistrados del Poder Judicial que puedan salir inconformes del Congreso porque sus opiniones fueron bateadas.

En el caso de la Fiscalía, hay cosas que ha aceptado a regañadientes por inevitables pero su resistencia para ser empático con las víctimas y leyes a favor de grupos vulnerables siempre fue monumental.

IEEG: ¿CÓMO LLEGA EL ÁRBITRO?

Más allá de la estridencia mediática y de las acusaciones de parcialidad que surgieron en las últimas semanas de parte de Morena hacia la autoridad electoral, finalmente el consejo del Instituto Estatal Electoral con mayoría de mujeres llega fuerte a la jornada electoral aunque con un gran desafío en puerta: sacar adelante un proceso complejo y marcado por la amenaza de la violencia.

No hay duda que en la comparación de procesos electorales anteriores en donde concurrieron elecciones de presidente y de gobernador, este proceso ha sido mucho más complejo e intenso,

Como ha sido notorio, nunca antes se había dado un consejo con discusiones tan prolíficas, debates tan intensos y votaciones divididas como el actual que encabeza Brenda Canchola Elizarraraz.

La propia consejera presidenta le quiso imprimir ese sello por su estilo de prescindir de las reuniones de cabildeo previas con el resto de los consejeros y motivar las discusiones al natural y discrepancias abiertas.

No hay que olvidar que la autoridad electoral finalmente opera con el marco legal que le obsequian los partidos desde el poder legislativo y en ese tenor, la actual legislatura quedó a deber en esa materia porque los diputados no estuvieron a la altura de las circunstancias con una reforma hecha al cuarto para la hora, sobre las rodillas y que recibió su merecido con la invalidación en la Suprema Corte de Justicia del documento que había sido aprobado hace un año.

No fue muy práctico el consejo electoral con la definición de las medidas afirmativas a favor de candidaturas de grupos vulnerables al ignorar la premisa básica de hacer una consulta para su elaboración pero al final, sorteó la dificultad.

Y es justamente esa confrontación acreditada en varias votaciones divididas que se puede ver como una debilidad del consejo, la que lo convierte en una de las señales de mayor confianza para su verticalidad e imparcialidad.

En diversos momentos, tanto Morena como el PAN externaron su desazón y molestia por determinaciones del IEEG. Fue más virulento Morena pero al final, quedó claro que la cadena impugnativa que involucra a tribunales estatales y federales es el mejor garante de la equidad en la contienda.

Hubo, sin duda, descuidos en el trabajo fino de algunos temas, exhibidos por los propios consejeros y consejeras que encendieron a partidos políticos. Volvemos al punto. Esas discrepancias internas significan contrapesos que obligan a la presidencia y el equipo técnico a crecerse y corregir errores.

Estamos ante un proceso altamente judicializado, como ningún otro en la historia reciente pero al final, hablamos de funcionarios electorales que a diferencia de hace más de una década, deben acreditar un expertise técnico en la materia.

Hasta ahora han solventado la prueba con las armas legislativas de los partidos políticos que no siempre legislan a favor del bien general. La prueba de fuego es este domingo. En sus manos, el proceso más competido en la historia reciente del estado.