¿Debe tener rumbo la educación?
De acuerdo con su origen, el concepto educación, proviene del latín que significa: conducir, guiar, orientar. El significado por su etimología ha tenido transformaciones lo mismo que el concepto del Estado, de donde se colige que los objetivos varían según las necesidades del proyecto de nación.
La población del mundo, se organizó desde las tribus nómadas hasta nuestros días, y en cada etapa el derecho estableció las modalidades a las que habría de alinearse el quehacer educativo. Por ejemplo, los habitantes de Esparta, un pueblo esencialmente guerrero, formaba la conciencia nacional, de manera distinta a un gobierno promotor del Estado de Bienestar u otro, que ha aceptado regirse por las leyes del mercado.
El rumbo de la educación debe marcarse de acuerdo con los fines del Estado, contenidos en su Constitución o ley suprema. Por eso las Constituciones son rígidas o flexibles o mixtas, como es el caso de la nuestra.
A la autocrítica por el diálogo
En nuestro caso una constitución mixta, requiere una conciencia democrática fuerte, en donde los objetivos de la democracia deben analizarse, de acuerdo con la cultura del educando, pero nunca contravenir el objetivo toral, que descansa en la soberanía nacional, que es la capacidad para autodeterminarse y autolimitarse.
A quienes se refiere, la soberanía, pues indiscutiblemente a la población, pues sin ese requisito surge el peligro de pulverización y su caso, la desintegración del Estado Nacional.
Un país será tan estable como sea capaz de crearlo y fortalecerlo su sistema de impartición de justicia. A nadie puede exigírsele, sensatamente, someterse a un régimen donde la esperanza de llegar vivir en un régimen jurídico justo, sea inexistente; en que la justicia solo exista como concepto discursivo; pues la simulación, genera la corrupción o sea el imperio de la injusticia.
Constantemente el régimen jurídico debe ser sometido a la facticidad, que significa que, siendo la norma jurídica susceptible de ser violada, esto no suceda sino por excepción y no como regla. Por eso el político y de manera especial el legislador, deben estar preparados para interpretar los cambios en la sociedad que requieran modificaciones a las leyes.
El político en general y el legislador en particular, deben tener una amplia cultura jurídica, en donde su conocimiento no se limite a la letra de la ley, sino de manera especial al espíritu que la origina.
Indiscutiblemente que la educación es la parte toral del gobierno, pues el derecho es el resultado de la confluencia de las ciencias sociales, entre las que destaca la filosofía de la educación, pues si no se abreva en ese conocimiento, tenemos regímenes en los que se considera el ramo educativo cosa de menor importancia; por eso, todos nos sentimos con autoridad para hablar de ello.
Concientizar sobre las tareas prioritarias del gobierno, es urgente especialmente en el área formativa de los partidos políticos, pues se debe entender, que, como tales, son responsables ante la sociedad de la postulación de personas aptas ética y científicamente para conducir y orientar las estrategias tendientes a fortalecer la unidad nacional.
La pulverización de las decisiones del poder público lleva a la crisis, lo mismo que en las empresas. La educación debe abarcar su acción permanente en todas las áreas del gobierno y funcionar debido a los intereses torales del Estado y la nación.
