El futuro de nuestra joven democracia en el Poder Judicial

El futuro de nuestra joven democracia en el Poder Judicial

Todavía no concluye el procedimiento legislativo de las reformas a cinco leyes y la expedición de una nueva en lugar de la vigente en materia electoral, en el Congreso de la Unión, que ha sacudido a la clase política y buena parte de la sociedad mexicana las últimas semanas, por la forma tan abrupta como se presentaron y aprobaron en la Cámara de Diputados, y también en el Senado, donde por lo menos hubo algo de análisis y estudio, como cámara revisora.

Pese a los señalamientos de inconstitucionalidad de múltiples actores políticos y sociales y del coordinador de Morena, el senador Ricardo Monreal, cuyo voto en contra, casi en solitario, solo fue simbólico, en lo que parece el fin de su carrera política, de una manera triste y lamentable, repudiado en Morena y ahora también por la oposición. El gobierno solo aceptó algunos cambios, entrometiéndose abiertamente en el Poder Legislativo. El PVEM y el PT se mantuvieron en sus peticiones, mismas que se incluyeron en el dictamen aprobado, y así fue regresado con los diputados. Pero ante la declaración del presidente de la República de que vetaría la reforma si se incluían, la cámara de origen, por iniciativa del propio coordinador de los verdes, eliminó la ‘cláusula de vida eterna’, por la que se pueden transferir votos a partir de un convenio de coalición, para evitar perder su registro legal, pese a no obtener los votos necesarios que marca la Constitución.

Por ese cambio el dictamen tiene que regresar al Senado, pero el periodo ordinario de sesiones concluyó el 15 de diciembre, y esto pasará a febrero de 2023. No hubo ninguna explicación, menos justificación de tanta urgencia, cuando la posibilidad de realizar reformas electorales vence el mes de mayo próximo.

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En general se mantuvieron el cúmulo de irregularidades y violaciones a la Constitución, cuya enunciación realizamos en nuestra entrega anterior. Se interpondrán Acciones y Controversias Constitucionales contra esas reformas, una vez que sean publicadas y entren en vigor, de las que tiene competencia exclusiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte). Se presentarán también amparos, que conocen los Juzgados de Distrito, y Juicios para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales, ante las Salas del Tribunal Electoral, todos integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Aunque no se aprobó la iniciativa de reformas constitucionales, que cambiarían radicalmente nuestro sistema electoral, las reformas a leyes secundarias, por ORTIZconcluir su aprobación, son de tal magnitud su impacto destructivo a instituciones y procedimientos que le han dado estabilidad y paz social, dentro de las múltiples alternancias en la sana competencia en todos los ámbitos de la vida pública del país, que de concretarse y aplicarse, pondrían en serio riesgo la viabilidad de nuestra frágil democracia.

Sin diagnósticos ni estudios técnicos previos, ni la menor búsqueda de acuerdos y consensos, se elimina prácticamente las estructuras de las 300 juntas distritales ejecutivas, que son la columna vertebral del andamiaje institucional para organizar las elecciones y una serie de actividades muy importantes para la cultura política, cívica y electoral del país, destruyendo el Servicio Profesional Electoral al despedir, sin argumentación ni justificación válida, al 84% de sus integrantes. Esos cientos, casi dos mil servidores públicos ejemplares, que se han preparado y capacitado permanentemente para constituir el mejor servicio civil de carrera del país, con resultados totalmente verificables durante tres décadas, también tienen la posibilidad de demandar el respeto de sus derechos por las vías jurisdiccionales. Destruir esos pilares del sistema electoral es pretender que no haya elecciones como las hemos tenidos las últimas décadas, con certeza, seguridad y garantías para todos los actores y para la sociedad; por el contrario, provocar desorganización, caos y total incertidumbre, y abrir la puerta para los operadores de gobiernos, partidos, candidatos y hasta de la delincuencia, común y organizada.

Las violaciones al procedimiento legislativo y a un gran número de disposiciones constitucionales han sido tan claras, abiertas y hasta grotescas, que los diversos tribunales no deberían tener mayor problema y dilación para resolverlas, atendiendo las demandas de los quejosos, decretando la inconstitucionalidad o inaplicado las normas por no ajustarse a la Carta Magna. Si algún juez, Tribunal Colegiado, Sala o el Pleno de la Corte decide resolver en un sentido distinto, tendría que realizar una serie de artimañas, malabares u otras artes, en el peor sentido de la expresión, para explicar y justificar algo que no es. Confío en el profesionalismo, autonomía e independencia de los juzgadores, a su sensatez y compromiso con su función, pero sobre todo lealtad con la Constitución.

También es muy importante la definición de la presidencia de la Corte el próximo 2 de enero, entre dos ministras y tres ministros como aspirantes, en un intenso cabildeo lo que va del mes, por las funciones de representación política, administrativas y de definición de la agenda de las sesiones del Pleno, y evitar la utilización del ‘método Saldívar’, de diferir por años asuntos álgidos para el gobierno como el de la militarización, que lo incluyó hasta su última sesión como presidente. Las Acciones y Controversias Constitucionales sobre la reforma electoral se tendrían que resolver en la primera mitad del próximo año, un lapso razonable antes del inicio del proceso electoral.

Una veta muy importante que pueden explotar los impugnantes son el acceso al Tribunal Electoral, mucho más expedito y eficaz que en los otros órganos, como ya sucedió con las reformas a la legislación electoral de la Ciudad de México, que también intentaban cercenar varias áreas del Instituto Electoral de la CDMX, y fueron frenadas.

La defensa jurídica empezará con el año nuevo, se intensificará en febrero y continuará durante varios meses más, que seguramente se complementará con movilizaciones y otras acciones de las organizaciones y cientos de miles de ciudadanos que salieron a defender al INE y la democracia el pasado 13 de noviembre.

Aprovecho para desear a mis pocos o muchos lectores lo mejor de la vida en estas fiestas decembrinas, para el próximo año y siempre. Nos leemos en enero de 2023.

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JRP