El IACIP y los seis meses de agonía que vienen

1.- El IACIP y los seis meses de agonía que vienen

La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), Mariela Huerta Guerrero, es institucional y guarda las formas ante el futuro del organismo: “se tiene que agotar todo este proceso legislativo para poder tener claridad en lo que viene”.

Los escenarios, en realidad, no pintan bien para el IACIP. Su futuro dependerá de que tan comprometidos están los diputados en el Congreso del Estado de Guanajuato y el gobierno estatal para garantizar el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales.

Al IACIP solo le queda esperar el mero trámite para la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). Posterior a ello, tendrán 180 días para empezar a bajar la cortina de a poco. El mismo periodo tendrán los diputados locales para ejecutar las reformas necesarias que permitan la creación de órgano desconcentrado. En tanto la carga para el ejecutivo estatal es mínima, apenas de 63 millones de pesos, el 0.05% del presupuesto estatal. Un monto diminuto si se compara con otros gastos banales del gobierno.

No solo se trata del futuro del instituto y sus 54 colaboradores en todo el estado. El hilo del que pende el IACIP también sostiene garantías de ciudadanos y obligaciones de gobiernos, que deben tener dentro de sus ejes: la transparencia.

Las reformas morenistas que extinguen estos mecanismos dejan desprotegidos ríos de información, hasta ahora resguardados por el INAI. Solo en la Plataforma Nacional de Información hay 15 mil millones de registros que pueden comprometer datos personales, si no son manejados de manera adecuada por quien absorberá su operación, la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción.

Se quedan en el limbo los procedimientos pendientes de resolver en materia de acceso a la información y que, de acuerdo con la comisionada del INAI, Julieta Del Río Venegas, suman mil 500. En el aire también están los litigios por la vulneración de datos personales que acumulan multas a privados por 554 millones de pesos. Solo este año se obtuvieron 77 millones de pesos en multas a particulares que incurrieron en esta negligencia, como bancos, aseguradoras, agencias de viajes y otras empresas.

No solo son cifras al aire, sino un adelanto de la desprotección a derechos ciudadanos y el previsible aumento de delitos como el robo de identidad o fraudes financieros. Aquí es donde se debe cuestionar: ¿Qué non va a salir más caro a los mexicanos?

Aún con facultades residuales, el Congreso del Estado de Guanajuato y el Ejecutivo Estatal deberán mostrar si caen ante la seducción de la opacidad o se mantienen firmes en garantizar la transparencia.

2.- ¿Qué pasa en Uriangato?

Uriangato es conocido por su importante industria textil y la permanente competencia con su vecino Moroleón. En realidad, parece que poco pasa. Las denuncias son escasas. Los homicidios son mínimos: cinco entre enero y octubre de 2024, muy lejos de los 37 y 34 asesinatos en 2020 y 2021, respectivamente.

Pero sus habitantes saben que pasa algo, hechos que se quedan con un velo difuso. Uno de estos ocurrió la tarde del lunes: la hermana del presidente municipal, Juan Martínez Calderón, fue atacada a balazos mientras caminaba por la calle Juan Bautista Vallejo. El hecho derivó en un fuerte operativo, el resguardo del hospital donde la atendieron y el hermetismo total del gobierno municipal. La versión oficial es que se trató de un asalto y hasta ahí.

Otro de esos hechos ocurrió el 31 de octubre, cuando, según declaraciones de autoridades estatales, policías de Yuriria atendieron el reporte de un ataque armado en la comunidad Buenavista de la Libertad, donde un hombre fue asesinado. Al lugar llegaron agentes ministeriales. Todos fueron rafagueados por sujetos armados, dejando dos lesionados: un policía y un elemento de la Fiscalía. En otro punto, el subsecretario de Seguridad de Yuriria resultó herido cuando iba a atender el reporte del primer ataque. Presuntamente por sujetos armados que huían de policías de Uriangato, sin que se esclareciera el hecho en su totalidad.

Parece que cada vez más cosas pasan en Uriangato. El 23 de noviembre mataron a dos comerciantes de pollo en la colonia La Joyita. Aunque la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que la causa estaba por determinarse, en realidad fueron asesinados a tiros.

3.- Bares incumplidos: entre la legalidad y la seguridad

En varios municipios anunciaron mano dura para los bares que no cumplan con la documentación o no tengan licencia para la venta de alcohol. A la espera de que no sea para taparle el ojo al macho, se desplegaron operativos, que ya es algo.

En Celaya, el director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman, informó que, como resultados de 66 visitas, ocho negocios se clausuraron y otros 23 recibieron multas. El 50% no cumplía en su totalidad las disposiciones y si seguimos esa lógica con las 2 mil 250 licencias para la venta de alcohol en el municipio, se dimensiona el problema, que en repetidas ocasiones ha sido escenario de masacres, muchas, al interior de estos bares.

Otro operativo ocurrió en Cortazar y entre las incumplidas resulta que está la regidora de Morena, María Cruz de la Mata Medina. Le clausuraron, aunque amagó con llamar al presidente municipal, Mauricio Estefanía Torres y denunció que le cerraban el changarro porque votó en contra del presidente en el Comité de Adquisiciones. Esa noche en el llamado “operativo trueno” se inspeccionaron 12 establecimientos en total y a tres se les clausuró, entre ellos, el de la regidora: “Ni que yo fuera delincuente”, exclamó en un video la también candidata a la presidencia municipal por Morena.

Los operativos, si tienen entre sus objetivos el prevenir la violencia, deberán salir de los primeros cuadros de la ciudad y llegar hasta los puntos donde operan, en total impunidad, centros nocturnos clandestinos sin licencias, sin documentos: sin ley.

CONTRA RETRATO

Omar García Harfuch

Contrario a la política de abrazos e inacción que definió al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en Guanajuato ya se puede hablar del primer gran golpe económico al crimen organizado por parte de fuerzas federales, con el aseguramiento de 3 mil 625 kilos de metanfetamina en el municipio de Acámbaro.

Para dimensionar el impacto a los recursos de la delincuencia, el valor de la droga asegurada se estima en 3 mil 219 millones de pesos. Para 2025, el presupuesto para el programa social más ambiciosos del gobierno estatal, la Tarjeta Rosa, es de 3 mil 500 millones de pesos.

A este operativo, le precede otro también de fuerzas federales, en el que con uso de inteligencia y sin violencia, se detuvo el 1 de octubre en Dolores Hidalgo a Pedro “N”, alias Don Pedro, jefe de plaza del grupo local.

Omar García Harfuch coordina los trabajos de inteligencia a nivel nacional y pronto mostró el músculo de la súper Secretaría de Seguridad Pública que le fue aprobada sin titubeos por diputados y senadores, convirtiéndolo en una especie de zar de la seguridad. Primero lo mostró en el Estado de México con el “Operativo Enjambre” dirigido a funcionarios ligados a la delincuencia y ahora en Guanajuato con un golpe a los bolsillos del crimen.