El sexenio de los desaparecidos en Guanajuato
1. El sexenio de los desaparecidos en Guanajuato
Cuando Miguel Márquez Márquez entregó el gobierno estatal a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le heredó -entre muchas otras cosas- una caja de pandora: la desaparición de personas en Guanajuato.
De 2018 a 2020, estaba vista la catastrófica crisis de violencia, sin embargo, las víctimas de desaparición incrementaron a tal ritmo, que se convirtieron en una olla de presión cuya atención se volvió impostergable. Prácticamente habría que comenzar de cero a entender y atender las demandas de cientos de familias que en aquel momento se atrevieron a levantar la voz por primera vez.
A cuatro años, el fenómeno de la desaparición está más que claro. Las cifras oficiales indican que en la entidad hay 4 mil 621 desaparecidos concentrados en números absolutos en los municipios de Celaya, Irapuato, León, Villagrán y Pénjamo. Sin embargo, por tasa de cada 100 mil habitantes, son evidentes los focos rojos en Villagrán, Cuerámaro, Juventino Rosas, Uriangato y Apaseo El Alto.
Pero a lo largo de estos años, también se fue consolidando el movimiento de los colectivos de búsqueda. Agrupaciones conformadas por familias que tuvieron que poner manos a la obra ante la lenidad oficial, es así que hoy contamos con 25 colectivos de diferentes municipios con sus propias prioridades y agendas, pero todos compartiendo el mismo objetivo.
El investigador y académico de la Universidad Iberoamericana de León, Fabrizio Lorusso y la estudiante Regina Villaseñor Minutti, presentaron en la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el "Informe sobre la situación de desaparecidos, fosas clandestinas y fosas comunes de 2009 a junio de 2024”, cuyo resultado ilustra perfectamente el trabajo de los colectivos.
En los últimos 15 años, se ubicaron en Guanajuato 660 fosas en 33 municipios de donde se exhumaron mil 245 cuerpos. El 80 por ciento de estos hallazgos se han dado desde 2020 a 2024, justo a partir de que surgieron los colectivos para presionar la entrada en vigor de una Ley Estatal de Búsqueda de la cual se creó la Comisión Estatal de Búsqueda a cargo desde entonces de Héctor Díaz Ezquerra.
La investigación de Lorusso también dio cuenta que el panteón forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) resguarda 929 cuerpos o restos humanos y 22 identificados pero no reclamados. Los datos son discordantes con los 46 municipios que reportaron 838 cuerpos en fosas comunes de panteones, mientras la Fiscalía dio cuenta de 825 en 2023 y 376 en 2024.
Todo lo anterior, lejos de dar certeza sobre la justicia y reparación que exigen miles de familias en Guanajuato, supone un compromiso mayor para la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo quien, en su paso como diputada local y secretaria de gobierno, tomó el tema y se relacionó estrechamente con las buscadoras guanajuatenses.
Dar claridad a los datos, atender la crisis forense, combatir la impunidad y, por supuesto, encontrar a los desaparecidos, lucen ya como una apremiante necesidad por encima de discursos y promesas de campaña.
2. SMEI: otra innecesaria crisis con las OSC
De forma completamente inverosímil, el planteamiento para desaparecer la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI) se transformó en una nueva crisis política, con los clubes de migrantes divididos a favor y en contra, las organizaciones defensoras advirtiendo la falta de un diálogo transversal y la oposición capitalizando lo que ya califican como una afrenta a los connacionales.
No en balde el extitular del SMEI, Juan Hernández, fue reclutado por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, para realizar el trabajo político electoral con las redes que este ya había establecido con los migrantes de cara a la elección del pasado 2 de junio. Tan es así, que el líder panista advirtió “el gran potencial” que hay en la población de mexicanos que residen en Estados Unidos.
De manera que el hecho de que no se les consulte sobre el destino de la secretaría que Rodríguez Vallejo ideó para ellos, se convirtió en un agravio mayor que ahora el PAN parece tratar de administrar mientras la oposición trata de capitalizar el tema que prácticamente les fue puesto sobre charola de plata.
Es así que la diputada Yulma Rocha Aguilar de Movimiento Ciudadano hizo sus primeros movimientos al establecer contacto con defensores de los migrantes. En tanto, la morenista Hades Aguilar del Castillo hizo su fiesta aparte ayer en comisiones, al llevar a representantes migrantes para que expresaran su inconformidad pasando por encima del reglamento del propio Congreso del Estado.
Aquí se ha planteado con anterioridad. Más que la medida concreta de aglomerar en una Secretaría de Derechos Humanos la atención a los migrantes y otros grupos vulnerados o discriminados, las formas son las que terminaron por enervar a una población de conciudadanos que a partir del gobierno de Miguel Márquez Márquez, habían sido valorados como una extensión política del PAN.
Hoy se espera que la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo participe con una conferencia en el Congreso de Autoridades Electas 2024 y el tema ya es obligado.
3. Cortazar: gobernar bajo alerta
Cortazar es otro de esos municipios que guardan una intrigante mancha de crimen violencia política y silenciamiento. El gobierno del finado Hugo Estefanía Monroy (2015-2018), irremediablemente dejó serias dudas sobre la interacción que tenían y tienen los gobiernos locales con las agrupaciones delincuenciales en la región Laja Bajío.
Estefanía Monroy fue asesinado cuando ya no era alcalde de Cortazar, quedando en el aire las acusaciones que lo relacionaban con líder criminales, así como los crímenes políticos que le persiguieron hasta entrado el proceso electoral de 2021 y con los dos trienios de Ariel Corona Rodríguez como telón de fondo.
Pero lo más importante ahora es lo que viene. Mauricio Estefanía Torres, alcalde electo de Cortazar e hijo de Estefanía Monroy, se alista para asumir su encargo en medio del miedo y de un permanente estado de alerta. Así lo ha expresado en lo público y en lo privado. Prácticamente vive bajo acecho.
Pero aún con lo anterior, hay inercias que no se interrumpen. Ha descartado que el asesinato del abogado que atendía los temas de transición de su equipo, esté relacionado con la denuncia pública que hizo. Más aún, adelantó que ya ha elegido al que será su director de seguridad pública y este será un excolaborador de su padre.
Por ahora ha reducido el ritmo de su denuncia pública. Echó flores a quien será su antecesor, agradeció el respaldo del gobierno estatal y prevé solicitar la extensión del resguardo con elementos de la Guardia Nacional. Condiciones que no dejan de ser atípicas para iniciar un gobierno que iniciará completamente bajo alerta.
CONTRA RETRATO
Arcelia González González
Aún con tres años por delante y con un salario de casi 200 mil pesos brutos al mes, renunció a su magistratura en una decisión no rara… lo que le sigue.
La abogada irapuatense y exdiputada local priista Arcelia María González González presentó su renuncia al cargo de magistrada propietaria del Poder Judicial del Estado (PJE), el cual le fue asignado a propuesta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y conferido por el Congreso del Estado el 15 de diciembre de 2020.
Como suele pasar en estos casos, las especulaciones sobre el destino que tendrá González González son variadas. Se habla desde la oportunidad de buscar una notaría auxiliar, hasta la de su posible incorporación al gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo. Al final, lo más importante es que en ella se tiene el último gran ejemplo de las recompensas del PAN gobierno a la oposición colaboradora.
Arcelia fue contemporánea de Libia en el Congreso del Estado. Bien se sabe que solidificaron una amistad que se reflejó tempranamente con el apoyo en votos que la priista les concedió en rechazos contra la interrupción legal del embarazo, o bien, en la adquisición de deuda pública. Al final, sólo se tardaron dos años en premiarla con la magistratura.
Vaya, las relaciones y contactos de Arcelia González son tan prominentes, que se le han presentado conflictos incluso como magistrada, como la vez que se excusó de atender el caso de allanamiento por parte del exrector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, a las instalaciones del Periódico Correo. Según dijo en esa ocasión, “les une una amistad personal”
Ahora veremos qué le depara a Arcelia González en este sexenio, pues de entrada su afinidad con el sistema ya es cosa pública y conocida.
