Semana Santa: tragedias evitables 

1.- Estado fallido: tráfico, crimen y migración 

Definitivamente ningún nivel de gobierno puede desligarse del territorio de anarquía, violencia y crimen que los migrantes sufren camino al norte de México. Sólo bastó un operativo motivado por el escandaloso rapto de 23 guanajuatenses, para destapar una cloaca de desgobierno y delincuencia organizada. 

Los hechos quedaron a la vista. La presión pública obligó a una búsqueda que al final descubrió las circunstancias de vulnerabilidad en la que cayeron más de una centena de personas; adultos e infantes de Guanajuato, Guerrero, Michoacán además de Centroamérica, fueron apenas un botón de muestra de un verdadero Estado fallido. 

Centrados en el caso de los guanajuatenses, notoria fue la exhibición de un alcalde de San Felipe como el pevemista Eduardo Maldonado García, quien fue señalado por conocer los pormenores de los tratos de una empresa transportista con el tráfico de personas. 

 El edil fue el primero en intentar acallar el escándalo argumentando que las víctimas ya se encontraron a salvo. Pero también fue el primero en evidenciar la normalización de un delito al que las autoridades pretendidas parecen haber rendido. La exhibición nacional de un audio, pintó de cuerpo entero tanto a la empresa como al municipio. 

En cuanto a los estados la situación es aún más grave. El gobierno de San Luis Potosí que encabeza el también verdecologista Ricardo Gallardo Cardona, poco o nada ha hecho para detener la actuación del crimen organizado a lo largo de la carretera federal 57 que, si bien nace en Querétaro, es ya escenario histórico de crímenes y vejaciones. 

 En tanto, el gobierno de Guanajuato que tanto ha presumido la existencia de una Secretaría del Migrante dedicada en atender a este sector, se encuentra sumida en el lucimiento de su titular Juan Hernández con los clubes creados en Estados Unidos, enfocado en responsabilizar a los connacionales invitándolos a “no arriesgarse”. 

 Con esos puntos de partida, el excepcional operativo de las dos entidades para atender el informe que terminó con el hallazgo de una centena de migrantes víctimas del crimen, no hacen más que demostrar el abandono permanente del tema. 

 ¿Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? El hecho sigue evidenciando una política de inhibición para la migración, como si esta fuera la raíz del problema.  

 Para colmo de males, estos hechos se acumularon al trágico incendio en el que han muerto 40 migrantes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que termina por mostrar a un Estado negligente frente a los derechos humanos de personas que sólo buscan , al menos, mejorar un poco la calidad de vida que enfrentan en su tierra. 

 

 

2.- De notarios a notarios 

Es ineludible pensar en el descrédito que un sector ha provocado en el gremio de los notarios a nivel estatal. Caso tras caso denunciado por la vía formal ya través de los medios de comunicación, han puesto en evidencia las carencias de un sistema avejentado, que urge por una revisión y supervisión mucho más activa que la vista hasta ahora. 

Cómo se ha hecho notar en este espacio, se trata de una agenda encabezada por la Secretaría de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, con el objetivo de propiciar la renovación de la red notarial, que no puede entenderse sin la impartición de justicia en aquellos casos donde los fedatarios públicos han faltado a su deber ser. 

 Sin embargo, la búsqueda de esa renovación y la eliminación de la impunidad no se podrá lograr sin aliados clave.

Es en ese contexto que se dio la transición en el Colegio Estatal de Notarios hace dos semanas. El veterano priista Alejandro Lara Rodríguez, dejó la presidencia justo en una coyuntura donde los escándalos han dado al traste con la reputación de su gremio. El panista Óscar Arroyo Delgado toma la alternativa con las expectativas encima. 

Precisamente lo que se espera del también exalcalde de San Miguel de Allende es que coadyuve a culminar con una depuración urgente y necesaria. Es por ello que un sector del gremio lo ha urgido a pedir el esclarecimiento de los casos para limpiar una imagen contaminada en la que los notarios tienen un papel de responsabilidad. 

No todos los notarios son corruptos, ni todos son honestos. Las proporciones apenas las estamos conociendo, a medida de que los ciudadanos afectados en su patrimonio decantan las denuncias reiteradas por su desempeño. 

Ahora los casos se encuentran en manos de la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad que encabeza a José Luis Manrique, cuyo ámbito ocupa tanto a las notarias como al registro público. La justicia como es debido, es una exigencia que ahora se encuentra en la Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre. 

Es por ello que cualquier deslinde es necesario. Los niveles de responsabilidad desde la ratificación de un contrato, la escrituración de una propiedad o la fe de un testamento, sólo se pueden dirimir con una investigación formal y certera. 

Así que por ahora, lo que tenemos son víctimas, denuncias y la necesidad de dar certeza a la seguridad jurídica de los ciudadanos en Guanajuato. 

 

 

3.- Semana Santa: tragedias evitables 

Es simplemente incomprensible que una tragedia completamente previsible como la caída de un árbol, haya sobrevenido en una fecha que de antemano se sabe, es propicia para vacacionistas en masa. 

Es ineludible. La dirección de Protección Civil de Silao a cargo de Francisco Gómez Pliego fue omitida en la supervisión de las condiciones en las que opera el balneario "Termas Comanjilla Parque Acuático", donde la semana pasada resultaron lesionadas al menos 12 personas con el colapso de un árbol que cobró la vida de un bebé de 11 meses. 

Dado el trágico saldo del siniestro, ahora se anuncia la suspensión de las operaciones del balneario ubicado cerca de la comunidad de Baños de Agua Caliente, justo en una zona asidua, conocida y notable de visitantes en los límites con el municipio de León. De hecho, el centro acuático se encontró lleno por la temporada vacacional. 

Medidas tardías que no subsanan los daños y pérdidas provocadas por una omisión que ahora ha sido intercambiada por reuniones con la gerencia del establecimiento, que durante todo el fin de semana se mantuvo abierto y operando con normalidad. 

Es por todo ello que ni la crisis política ni los cambios constantes en la dirección de Protección Civil, pueden justificar esta actuación negligente del municipio que encabeza a Carlos García Villaseñor. Lo que pasó en las “termas Comanjilla” se pudo haber evitado. 

 

 

CONTRA RETRATO

Enrique Díaz Díaz 

Su sello ha sido el de un jerarca católico involucrado con los temas actuales que impactan directamente a la sociedad guanajuatense. No hay tema que evada y eso se agradece sobre todo cuando éste atañe íntimamente a la diócesis a su cargo. 

Ayer el Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, anunció que se investigará el caso del sacerdote que fue literalmente expulsado de la comunidad de Lo de Juárez, luego de haberse presentado en estado inconveniente a una reunión con los feligreses que se preparaban para sus festejos patronales. 

El caso no sólo fue penoso por el presunto estado alcohólico del prelado, sino por sus comentarios fuera de lugar que ofendieron a las mujeres presentes en el desaguisado. 

Por eso es de destacar que, aún con la pena, el obispo asuma su papel y decida tomar cartas en el asunto, aprovechando una oportunidad de oro para demostrar que la Iglesia Católica es todavía una institución activa y proactiva en atender las vicisitudes de la vida terrestre. 

 Además, la actitud de Enrique Díaz Díaz, sigue acorde con los cambios de postura que ha promovido el propio Papa Francisco, quien ha pugnado por una autoridad eclesiástica preocupada y ocupada en sus errores humanos, esos que tanto han desencantado a feligreses alrededor del mundo. 

 Así que con la autoridad que le transmitió no sólo el hábito, sino su ejercicio religioso itinerante en las diferentes congregaciones a su encargo, el Obispo de Irapuato se espera una reacción de verdadera altura.