Fin de sexenio: adiós con los bolsillos llenos

1 – Fin de sexenio: adiós con los bolsillos llenos

¿Se imagina que la empresa donde labora le otorgué más de un millón de pesos de liquidación por seis años de trabajo? Por supuesto que eso jamás va a suceder, porque esos privilegios sólo los gozan quienes trabajan en el gobierno y que en Guanajuato evidencian un grave contraste con la realidad socioeconómica que enfrenta gran parte de la población.

Las liquidaciones millonarias otorgadas a las y los exfuncionarios del gobierno estatal al concluir el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo -que hoy da a conocer Periódico Correo-, revelan el desembolso de más de 21 millones de pesos para gratificar a altos funcionarios del gabinete saliente, mientras cientos de miles de habitantes del estado enfrentan condiciones de pobreza que parecen invisibles para quienes diseñan las políticas públicas y asignan los recursos.

En total, 17 exfuncionarios del más alto nivel se beneficiaron de estas jugosas liquidaciones, con promedios de hasta 1.2 millones de pesos por persona. Entre ellos, destacan el exsecretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza, y el exsecretario de Transparencia y Rendición de Cuentas, Arturo Godínez Serrano, quienes recibieron más de 2 millones de pesos por su retiro del gobierno.

Este tipo de gratificaciones financiadas con el erario, resultan cuestionables en un contexto donde el municipio de León, el más poblado del estado, cuenta con alrededor de 850 mil personas en situación de pobreza.

Es imposible ignorar la paradoja que esto representa: por un lado, un selecto grupo de exfuncionarios sale del gobierno con pagos millonarios que premian su paso por el aparato burocrático; mientras que, por otro, un segmento significativo de la población sigue enfrentando problemas estructurales como la falta de acceso a servicios básicos, vivienda digna y empleos bien remunerados.

Resulta especialmente irónico que entre los mejor recompensados se encuentren personajes como Alvar Cabeza de Vaca Appendini, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien recibió casi 2 millones de pesos tras doce años en el cargo, un periodo en el que la violencia se disparó en Guanajuato.

Si bien estas liquidaciones son legales, la ética detrás de este tipo de recompensas es lo que realmente está en entredicho. El argumento más común en defensa de estos pagos suele ser que están justificados por las leyes laborales y los contratos firmados por los funcionarios. Sin embargo, es necesario preguntarse si estas leyes no deberían ser reformadas para que las indemnizaciones a funcionarios de primer nivel sean más proporcionales al estado económico general de la entidad que gobernaron.

El contraste es brutal: mientras unos pocos se retiran con millones en sus bolsillos, una mayoría sigue luchando día a día para subsistir en una entidad marcada por profundas desigualdades.

2 - Menores, los más vulnerables

Cuatro menores, dos niñas y dos niños, fueron separados por seis años de sus padres, periodo durante el cual sus derechos se vieron vulnerados. El caso fue documentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (Prodheg).

Todo comenzó el 22 de agosto de 2016 en León. Mientras los padres de los pequeños atendían una emergencia, se registró un incendio en casa, que no tuvo consecuencias fatales. Pero la pareja fue acusada de violencia intrafamiliar, aunque la Prodheg los deslindó de responsabilidades.

Debido a las irregularidades a cargo de las funcionarias Janeth Torres y Marcela López (de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato -PEPNNA- y de la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de León, respectivamente), la familia fue separada; su historia alcanzó niveles de horror inadmisibles al hablar de dependencias cuya misión es garantizar el bienestar de los menores.

Desde 2017, los niños vagaron entre Zacatecas, San Miguel de Allende, Puebla, Toluca, CDMX, en albergues y familias provisionales. Sus historias tuvieron un común denominador: el dolor. Cuando por fin pudieron volver al lado de sus padres, refirieron que sufrieron golpes, explotación laboral, mentiras (se les dijo que sus hermanos habían muerto).

Poco antes de finalizar su gestión, Diego Sinhue Rodríguez anunciaba mejoras en la PEPNNA, que está a cargo de Teresa Palomino Ramos. La muerte de Ana Sofía, pequeña con discapacidad resguardada en una casa hogar de León, fue el motivo que en agosto volcó la atención a la instancia y evidenció la ineficacia de sus protocolos.

Este indignante caso enciende otra vez las alertas. Lo ideal sería que no quede en simples recomendaciones, que obligue a una revisión a fondo de lo que ocurre en la PEPNNA, con el temor de que historias semejantes afloren.

3 - ¿Y la seguridad y la paz?

El pasado 26 de septiembre sonaban las campanas del ‘nuevo comienzo’ durante la toma de posesión de Libia Denisse García Muñoz Ledo.  Entre las expectativas de los guanajuatenses, la seguridad es tema urgente, el cambio más esperado.

Y el tiempo corre. Ha pasado casi un mes desde que la gobernadora asumió el cargo y aún no se ha presentado la estrategia que garantice la paz que anuncia en el nuevo nombre de la dependencia a cargo, y que prometió con firmeza a lo largo de su campaña.

Los nombres de Álvar Cabeza de Vaca y el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre no figurarían en su mandato, afirmó, como muestra de su disposición a empezar de cero. Con un extenso listado de cualidades, puestos, diplomados y certificaciones, Libia Denisse presentó al nuevo secretario de Seguridad, Mauro González Martínez.

Pero en lo que va del presente mes, hasta el domingo 20 de octubre, sumaban 232 los homicidios dolosos. El tiempo corre, las cifras crecen, y la espera de la presentación de un plan se prolonga.

Los encuentros de García con autoridades federales han quedado en la foto del recuerdo, imágenes que no dicen nada.

La federación tiene el ojo puesto en Guanajuato dentro de su estrategia, la imagen de la entidad continúa deteriorándose a nivel nacional, y al menos tres municipios figuran en el ranking de las ciudades más violentas del mundo. ¿Qué más se requiere para que el combate a la violencia sea una prioridad para el actual gobierno? El tiempo corre, la ciudadanía desespera.

Contra Retrato 

Emilio Álvarez Icaza

“En vez de pasarnos con la queja permanente o lamiéndonos las heridas, es necesario organizarnos y agruparnos para asumir acciones que enfrenten las políticas autoritarias del actual gobierno y de los partidos vigentes”. Esa es la premisa que enarbola el sociólogo y político Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien el sábado estuvo en Irapuato como parte de su cruzada con la que busca convocar a la conformación de un nuevo partido político que sea un verdadero contrapeso de Morena y la 4T.

Algunos experredistas de Guanajuato, como Guadalupe Torres Rea y Miguel Alonso Raya, acompañaron al exsenador y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pretende fundar una organización que sea una nueva alternativa política ante al desencanto de los partidos tradicionales -PAN, PRI, PVEM, PT-, y para quienes no simpatizan con Morena.

Álvarez Icaza precisó que se trata de una iniciativa ciudadana para hacer política; el organismo no será identificado públicamente como partido: será una organización, movimiento o frente.

Reiteró que es una ventana de oportunidad que se abre cada seis años, “de manera que si no lo tomamos en 2025 el próximo tren pasa en 2031”.

La organización que hoy se agrupa como Frente Cívico Nacional tiene como mira inmediata las elecciones de 2027. Si no logra el registro, su expectativa es que al menos haya una organización que sea contrapeso real para el gobierno.

Será interesante saber quiénes se suman a este movimiento desde Guanajuato.