GUANAJUATO, TIERRA DE ATROCIDADES
LA PARTE OSCURA. Por lo menos esa es la conclusión del estudio de la agrupación Causa en Común que hace un recuento de las publicaciones periodísticas que reseñan hechos criminales de gran impacto. Guanajuato lidera el balance total con 586 en todo el año 2021.
EN RESUMEN. Nuestra entidad lidera en 8 de los 19 departamentos de atrocidades lo que lo coloca como un indiscutible primer lugar en violencia. Es el estado con más masacres, con más hechos de mutilación de cadáveres, fosas clandestinas, calcinamiento; asesinatos de niños y adolescentes, de mujeres con crueldad extrema; asesinatos de personas de grupos vulnerables y terrorismo.
CONCLUSIÓN. “El presente trabajo apunta hacia historias que, acumuladas, presentan un mosaico de dolor y crueldad que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva”, señala el estudio en su apartado de conclusiones.
INSUFICIENTE. Y estos datos integran parte del análisis que en otros momentos hemos hecho sobre las cifras que presenta la autoridad en las que se detalla la disminución de homicidios dolosos como una de las grandes referencias del abatimiento de la violencia y el debilitamiento de los grupos criminales.
DEBILIDADES. Y sin quitarle mérito a esos datos, es evidente que el análisis tiene que ir más allá de los simples números. No solo lo cuantitativo sino la parte cualitativa. Particularmente tendrían que preocupar y ocupar más los datos de las masacres y los primeros lugares en asesinatos de niños y adolescentes así como los homicidios de mujeres.
UNA MÁS. Ni qué decir del drama de las fosas clandestinas y las personas desaparecidas que, según la directora de la agrupación María Elena Morera, la autoridad no suma a los homicidios dolosos.
CUESTA ARRIBA. Guanajuato se sigue destacando por sobre otros estados que libran su propia lucha contra el crimen organizado. Hay avances, sin duda pero el deterioro ha sido tal que no se puede librar en un recuento a la baja de homicidios dolosos. Otra vez, el camino hacia la pacificación es largo, sinuoso y complejo.
LA DEL ESTRIBO…
El llamado parlamento abierto en el Congreso de Guanajuato, sigue acumulando quejas en la ventanilla respectiva.
El diputado del partido Verde, Gerardo Fernández, se quejó anteayer del rechazo del PAN a incluir a algunas agrupaciones civiles en el análisis de la iniciativa de despenalización del aborto.
La semana anterior lo habían hecho en la Comisión de Salud, cuando Angélica Casillas rechazó sumar a los propietarios de anexos en la escucha de una iniciativa sobre tratamiento de adicciones.
Y falta todavía por definir qué va a pasar con aquella propuesta en la comisión de Derechos Humanos para quitarle al presidente, el morenista, David Martínez Mendizábal, el derecho de encabezar una reunión con colectivos de familiares de personas desaparecidas.
La mayoría panista propone un moderador externo, algo, hasta este momento inédito como práctica parlamentaria pues supone la imposición de una suerte de controlador en una comisión que no preside el PAN en donde estarán personas que no suelen ser afines al gobierno blanquiazul.
Hay serias dudas de la legalidad de dicho moderador o moderadora. Se supone que todo está en manos de la secretaría general del Congreso. Su titular, Christian Cruz conoce los límites legales pero también tiene sentido del decoro y las buenas maneras lejanos del agandalle de la mayoría. No puede avalar semejante despropósito.
Ver nota: Guanajuato, un territorio atroz: crece tortura en más del 170% | Causa en Común
JOSÉ LUIS MANRIQUE: UNA DE TANTAS COOPTACIONES AZULES
En realidad es una más de las muchas cooptaciones que el oficialismo panista ha concretado para mantener a raya a quienes osan rebelarse a la línea.
Y hace exactamente cuatro años, iniciaba el romance con el oficialismo panista de quien fue un colaborador cercano de Ricardo Sheffield como político dentro del PAN: José Luis Manrique Hernández, quien ya colecciona cargos en los gobiernos de León y en el estado.
Manrique Hernández había sido secretario particular, secretario de Ayuntamiento y regidor en el primer trienio de Héctor López Santillana por ser incondicional del ahora procurador Federal del Consumidor.
Pero su lealtad terminó a principios de febrero de 2018 cuando, el hoy morenista, alistaba su renuncia al PAN inconforme con el nuevo dedazo a favor de López Santillana.
Ese día, Manrique se registró como aspirante a la candidatura al distrito 11 federal en León. Lo llamativo fue que unas horas antes hizo lo propio, con la presencia del entonces senador y actual diputado federal, Fernando Torres Graciano.
En ese momento, había una alianza entre Sheffield y Fernando Torres Graciano. Este último apoyaba a aquel como precandidato a alcalde de León. Que ambos mandaran precandidato al mismo distrito era una señal contradictoria.
Y es que había un acuerdo entre la dupla Torres-Sheffield para que Manrique se apuntara al IV distrito local. Este último decidió no asistir el sábado a esa cita y en teoría no avisó al resto del equipo.
Jorge Espadas ya estaba perfilado de antemano para ir por el distrito 11 aunque debió asistir al registro de precandidato de Héctor López Santillana.
Al final, la candidatura a diputado federal fue para Espadas pero Manrique se iba con Diego y esperaba el pago a su inmolación.
Y hoy, no quedan ya espacios para la rebeldía en el PAN. Sheffield fue el último gran belicoso. Fernando Torres no tenía el perfil combativo para pelear en 2018 contra el grupo en el poder del cual emanaba.
En cada momento que enfrentaron rebeliones, los jerarcas azules no pudieron evitar alguna defección importante.
A principios de este siglo, Eliseo Martínez marchó al Verde y al PRI pero pocos lo siguieron. Ángel Córdova hizo lo propio en 2015 y tampoco sangró al PAN. Ricardo Sheffield lo hizo en 2018 y se llevó a algunos pero los más notables se quedaron con el blanquiazul.
Manrique fue subsecretario de Seguridad en la antepasada administración y hoy es subsecretario con Libia Denisse García, otra que coqueteó con la rebeldía y se quedó. Nada mal les ha ido.
LÓPEZ SANTILLANA: EN DEFENSA PROPIA
Desde luego, muy lejos de los niveles que enfrentó su antecesora en el cargo, la priista Bárbara Botello, el actual director de Guanajuato Puerto Interior, Héctor López Santillana, enfrenta y enfrentará en los meses siguientes, momentos decisivos en la revisión de algunos temas polémicos en su administración como alcalde de León.
El funcionario estatal capoteó ayer los cuestionamientos de los reporteros sobre los señalamientos que hay todavía en Desarrollo Institucional con las contrataciones con proveedores de esa dependencia, el descuento de impuesto predial al Club Campestre y la desafectación de un predio aledaño a un kínder en la colonia Refugio del Campestre.
López Santillana se molestó cuando se le preguntó sobre los presuntos “moches” y acusó un manejo perverso de quienes le ponen etiquetas a las presuntas irregularidades que se dieron en su administración.
La realidad es que no es el tema de Desarrollo Institucional el que más inquieta al exalcalde porque el monto que se investiga es relativamente menor (poco más de 90 mil pesos) y cree tener las variables bajo control.
El tema que más le debe preocupar o inquietar es el relacionado con las direcciones de Desarrollo Rural y de Tesorería.
En ambos casos, sus excolaboradores y titulares de esas dependencias, Rodolfo Ponce y Enrique Sosa, formaron parte de las indagatorias y podrían ser sancionados. Este último recién fue contratado con un cargo de dirección en la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza Mauricio Usabiaga.
Se trata de un tema en el que hay elementos para pensar que no se procesa solo en el ámbito de la fiscalización. Es decir, cuando se le dio nueva chamba a Sosa se conocía de su mención en el expediente de desafectación del predio y desde luego las implicaciones de una eventual sanción.
López Santillana acusa que, en lo que llama “manejo perverso” de señalamientos y presunciones, hay intereses partidistas aunque el origen de estas acusaciones no se dio en algún partido opositor al PAN sino que las hizo el síndico blanquiazul, José Arturo Sánchez Castellanos.
Ya sabemos que luego esas sanciones que en el peor de los casos, son inhabilitaciones para ejercer cargos, se pueden litigar y suavizar ante los tribunales, pero seguro López Santillana no querrá ni siquiera que la zarandeada sea en imagen.
Dice el exalcalde que quien nada debe nada teme. Ya veremos si sus muchachos resultan exonerados y cruzan ese pantano sin mancharse el plumaje.
