Guerra de bardas en pleno

1.- Guerra de bardas en pleno

 

Queda claro que los dos principales partidos que contenderán por la gubernatura de Guanajuato, el PAN y Morena, se encuentran en una fase de escarceos internos para definir sus candidaturas. Sin embargo, eso no significa que necesariamente la competencia política esté en receso.

Ahora bien, esta gesta implica mañas y artimañas para buscar el posicionamiento subrepticio, muchas veces al filo de la ley. Claro, esto no significa que este clima se tenga que normalizar, pues detrás de todo se encuentra un árbitro electoral que no se hace sentir o que de plano es ignorado.

Un ejemplo claro es la pinta de bardas. Como ha sido público y notorio, Morena inició con las hostilidades con la invasión a lo largo y ancho del estado de la conocida frase de #EsClaudia, que en respuesta, además de las 12 denuncias ante el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG), el PAN pretende contrarrestar con sus propias pintas.

Las bardas de apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo obedecen a la necesidad de posicionarla en Guanajuato, donde Marcelo Ebrard Casaubón –su más cercano contendiente- goza de mayor aceptación. Así que el partido que dirige Adriana Guzmán Cerna se volcó, literal, con pintas de chile, dulce y manteca.

En el caso del PAN no se promueve a una persona por dos razones fundamentales. La primera por civilidad entre sus aspirantes a la gubernatura; la segunda se debe a que su voto duro se encuentra en la costumbre de la marca. Así que por ahora el partido que dirige Eduardo López Mares, le apuesta a tapizar el corredor industrial.

Pero más allá de esta carrera para apropiarse de la visual urbana, está la complacencia de las autoridades electorales, tanto del IEEG como del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes a estas alturas han sostenido una postura leguleya para justificar la falta de un enérgico pronunciamiento.

Resulta sintomático que el INE no haya llegado más lejos en el caso de las bardas de apoyo a Sheinbaum, como también lo es la pasividad del IEEG en el contexto guanajuatense en el que domina el PAN, cuyo salvoconducto es no promover nombres sino colores.

Así que sin mayores recatos ni contrapesos, los partidos comienzan a calentar motores en un terreno donde no hay quien los frene. Habrá que esperar de todo a medida de que transcurra el año.

 

 

2.- Unebus: toda complacencia y beneficio

Las bondades que la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato dejó para el Grupo Flecha Amarilla no dejan de sorprender a propios y extraños.

Mientras el transporte público urbano y suburbano se debate con el costo de su tarifa, volviéndose una papa caliente para los municipios que están obligados a instalar comisiones mixtas; el Unebus como transporte intermunicipal goza de su patente de corso.

Este concepto ideado al calce para el consorcio que domina el transporte foráneo en el centro del país, tiene la vía libre para notificar sus incrementos de pasaje a la dirección estatal de transporte actualmente a cargo de Ysmael López García; con unos cuantos requisitos, han logrado alzar su tarifa 10 pesos en solo cuatro años.

Para entender esta anómala relación, es preciso remontarse a la campaña y gobierno de Miguel Márquez Márquez donde la gestión del exdirector jurídico del grupo Flecha Amarilla, Juan Carlos Martínez Hernández, tuvo un papel crucial como su asesor y luego director de transporte.

La jugada maestra la lograron perpetrar en 2016, cuando la polémica por la incursión del transporte ejecutivo a través de las plataformas digitales, se convirtió en el pretexto perfecto para derogar la vieja ley y sustituirla con la de movilidad, mientras se limpiaba el camino para Flecha Amarilla.

La ley integró la figura del servicio intermunicipal, una modalidad que permitiría al transporte foráneo integrarse a los sistemas municipales, abarcando un mercado mucho más amplio con la posibilidad de gestionar sus cuotas en la misma ventanilla de la dirección de transporte.

Con esas ventajas, -que incluyeron el subsidio directo para la infraestructura que ocuparía el grupo empresarial que preside Arturo Pinto Aguilar- en 2018 entró en operaciones el sistema Unebus, que ofrecería su servicio entre los municipios de los corredores turístico e industrial de Guanajuato.

Un pastel nada despreciable que prácticamente promedia un incremento tarifario promedio de dos pesos anuales a la fecha. Una ventaja que envidiarían los concesionarios de los sistemas municipales.

De manera que con estas condiciones legales, resta apelar a la sensatez de un Ysmael López que, con experiencia o no en el ramo, tiene la obligación de velar por el interés público por encima del empresarial… al final ese ya fue atendido con creces.

 

 

3.- Escollo para el banco del bienestar

Un inesperado inconveniente se le presentó al subdelegado de programas federales en Celaya, Gerardo Sierra Ríos, quien también luce como uno de los aspirantes de Morena a la alcaldía de Celaya.

La clausura de la construcción de la sucursal del Banco del Bienestar en la comunidad de Rincón de Tamayo, fue un movimiento inesperado que inevitablemente descolocó a uno de los más notables operadores del delegado federal, Mauricio Hernández Núñez.

No es para menos, pues esta intervención de la dirección de desarrollo urbano, Oswaldo Rodríguez Castañeda, deriva de dos cuestiones fundamentales: el origen del predio utilizado para edificar una sucursal estratégica para los programas federales, y el permiso de construcción indispensable a nivel municipal.

En el primer aspecto el tema impacta en las dos vías utilizadas por la delegación federal para cumplir con su objetivo de expansión. En la mayoría de los casos, son los propios municipios los donatarios de estos terrenos, pero en otros casos se trata de donaciones particulares que a menudo provienen de propiedades ejidales que fueron privatizadas.

El terreno donde se realiza la obra, atraviesa por un litigio y el Juez de Partido IV Civil ordenó la suspensión de los trabajos, ya que al parecer tiene dos presuntos propietarios. Según se argumentó, un grupo de habitantes compró el terreno ubicado en la calle Leandro Valle y lo donó, pero al paso de los meses, otra persona lo reclamó.

Gerardo Sierra argumentó que todos los documentos que avalan la propiedad están ya en manos de la federación, sin embargo, aún está por verse si estos no son invalidados como resultado del litigio. En cuanto al permiso de construcción, también deberá aclararse.

Con todo lo anterior, la obra se encuentra al 90 por ciento y su inauguración es de vital importancia al encontrarse en un plaza que, dicho sea de paso, representa una de las comunidades rurales más pobladas del estado y la mayor de Celaya… ¿Será casualidad?

 

 

CONTRA RETRATO

José Arturo Sánchez Castellanos

Para él nunca existió una recomendación que lo obligara a ofrecer una disculpa pública al extesorero leonés Enrique Sosa Campos. Por el contrario, reiteró que sólo hizo su trabajo para cuidar la hacienda pública.

Con esta última postura, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos libró la determinación de la Procuraduría de los Derechos Humanos  del Estado de Guanajuato (Prodheg), debido a la mediación que realizó el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, para reparar el daño sin provocar mayor polvo para el edil.

Sin embargo, en la política todo tiene un precio y ha sido notoria la presencia de Sánchez Castellanos en los eventos públicos de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos que, como lo hemos hecho notar, se han intensificado en medio de la coyuntura preelectoral. Protección por respaldo parece la ecuación más lógica.

Se trata de un síndico que se fijó una agenda exclusiva para perseguir anomalías. De ahí saltó a la vista el caso por el que promovió la investigación en contra del exfuncionario municipal, al ser señalado como presunto responsable de la venta ilegal de un terreno que pertenecía a un kínder público.

El caso que peligrosamente se tornaba personal, ahora se volvió crucial para integrar a Sánchez Castellanos en el grupo de apoyo, pero también para que este pueda continuar con su agenda que ahora suma la reforma para impedir que los consejeros ciudadanos sean proveedores del municipio o de sus dependencias descentralizadas.

Un ejemplo que de vez en vez, se debe tragar uno que otro sapo, para que el objetivo político siga intacto.

 

 

JRP