Hermano del fiscal quiere combatir la corrupción en Guanajuato

1.- Hermano del fiscal quiere combatir la corrupción en Guanajuato

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción inició el proceso de selección para el puesto de secretario técnico. Entre los interesados, hay varios nombres que ya levantan suspicacias del uso de este organismo como agencia de colocación.

Entre los interesados está Cecilio Zamarripa Aguirre, sí, hermano del fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre. Su relación familiar no lo limita para participar, pero entre los requisitos para ocupar el cargo se exige la experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

De acuerdo con el CPC, el hermano del fiscal sí cumple con los requisitos curriculares. Llama la atención la valoración de los representantes ciudadanos que “luchan” contra la corrupción. Cecilio Zamarripa Aguirre desde 2021 se desempeñó como coordinador de Seguimiento Administrativo de Infraestructura Educativa en la SICOM. No queda claro cómo comprobó su experiencia en el combate a la corrupción, pues previo a ese cargo, con sueldo superior a los 70 mil pesos, estuvo en el extinto Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato.

Otro de los interesados es Tomás Hernández Gaytán, a quien le precede su cargo como auditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Ahí se le ubicó como cercanísimo al extitular de la ASEG, Javier Pérez Salazar, y subordinado al gobierno estatal. Con la salida de su jefe en el mes de agosto, pronto buscó acomodarse.

Además de la subordinación al oficialismo, también le rodean otros señalamientos incluso de acciones violentas contra ciudadanos, como ocurrió en 2022 en San Miguel de Allende, donde le acusaron de golpear a un padre y su hijo por un pleito de tierras.

El puesto de secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción no es nada menor. El que llegue tiene entre sus facultades la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos; proponer el nombramiento o la remoción de los servidores públicos de la Secretaría; realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención de la corrupción, entre otras.

Aunque ya veremos en qué termina el proceso, la inclusión de ciertos perfiles y su validación por el CPC, abona a las críticas, sobre este último, del trabajo en el combate a la corrupción, por el que los guanajuatenses pagan más de cinco millones de pesos solo en los salarios de los representantes ciudadanos, sin que haya acciones o posicionamientos claros a hechos y denuncias que podrían configurar irregularidades en la función pública.

El CPC es visto como un florero muy costoso al erario, que por decisión permanece pasivo, lo que ha llevado a que ya se analice en el Congreso del Estado el dotarle de más atribuciones para que no haya pretextos de sus integrantes; así como la pertinencia del salario que reciben de más de 96 mil pesos mensuales en contraste con sus funciones y logros.

2.- Bachillerato Militarizado: ni más policías ni mejor preparados

El programa de Bachilleratos Bivalentes Militarizados (BBM) en Guanajuato, con seis planteles en el estado, mantiene una exitosa convocatoria en interesados, agotando fichas rápidamente en sus procesos de nuevo ingreso, pero el éxito no replica en la preparación de los alumnos, que presentan serias deficiencias en matemáticas, ciencias y comunicación.

El programa, que continuará en este sexenio y se apostará por su crecimiento, fue presumido como un caso de éxito en la preparación de los alumnos, pero contrasta con las carencias que detectó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en su revisión realizada en 2023. No se trata únicamente del desempeño de los alumnos, sino que se advertiría que el diseño curricular está provocando un desequilibrio en la formación del alumnado, pues cerca del 40% de las materias están enfocadas en las áreas de seguridad, por encima de los conocimientos básicos.

Uno de los objetivos del programa es que el BBM sea un trampolín que lleve a estos jóvenes a integrarse a corporaciones de seguridad, ¿más policías para Guanajuato, pero con conocimientos básicos deficientes? La realidad es que el engrosamiento de las corporaciones de seguridad tampoco es un hecho, pues solo un porcentaje mínimo opta por una formación profesional en áreas de seguridad, apenas el 10%.

Ahí es donde radica el problema, porque el otro 90% de los egresados que van a la universidad se deciden por carreras alejadas de las áreas de seguridad, con lo que las deficiencias no solo implicarían complicaciones a futuro, sino la disminución de sus posibilidades de ingresar a universidades públicas, considerando que el grueso del alumnado no proviene de clases sociales favorecidas. Los resultados de la ASEG ya deben de estar dentro de los puntos a atender por Luis Ignacio Sánchez Gómez, secretario de Educación de Guanajuato.

3.- Dobletea con toda comodidad funcionario en Uriangato

El dos veces presidente municipal de Uriangato, Ramón Pérez García, tiene un manejo envidiable de sus tiempos o cómo explicarse que fue nombrado director de Planeación en la actual administración a cargo de Juan Carlos Martínez Calderón y a la vez se desempeña como jefe de Sector 09 de Primarias Federales, con la demanda que ello representa.

Resulta extraño que, a diferencia del resto de los funcionarios públicos, él tiene un horario hecho a la medida: cinco horas por la tarde entre semana y tres horas los sábados. El salario supera los 20 mil pesos mensuales, que se suman a su paga como supervisor, estimada en más 50 mil pesos. De ahí la prioridad en sus labores: el que a dos amos sirve con alguno queda mal.

Las preferencias al experimentado político generan molestias al interior del gobierno del “Amigo Juan”, pues resulta que sus colaboradores deben estar siempre dispuestos a presentarse si Ramón Pérez García tiene algún inconveniente.

El priista de origen, también intentó ser alcalde por un tercer periodo, aunque finalmente no fue ungido como candidato, lo que sí logró fue una buena negociación con un salario cómodo y el mínimo esfuerzo.

Contra Retrato

Libia Dennise García Muñoz Ledo

La gobernadora de Guanajuato enfrenta un inicio de sexenio marcado por la violencia, que se mantiene en escala y no cede en los hechos de alto impacto.

Octubre es el mes más violento en 2024 y la tendencia indica que noviembre podría incluso superar las 320 víctimas de homicidio en el primer mes del Nuevo Comienzo. Al asesinato, en promedio, de 10 personas al día, se suman hechos de terrorismo criminal como los bombazos ocurridos en Acámbaro y Jerécuaro, que no solo dejaron temor en la población, sino pérdidas millonarias a comerciantes y vecinos de las zonas afectadas. El epicentro de la violencia se traslado este sábado a Apaseo el Grande con el asesinato de nueve personas, entre ellas, dos bomberos y un paramédico del SUEG.

Para ver resultados habrá que esperar y mucho, pues la estrategia de seguridad conjunta con el gobierno federal no verá cristalizados avances hasta que la pinza se cierre con la salida en enero del fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre. Con esto, todavía habrá que esperar el proceso de selección y la curva de aprendizaje del perfil seleccionado, dado que es claro, que no será de Guanajuato. Al nuevo comienzo en la seguridad aún le queda un largo y conocido camino.

Pero no todo se reduce a hechos de violencia o las presiones del crimen organizado a gobiernos municipales para hacerse del control, no solo del estado de fuerzas en algunos municipios, sino de recursos públicos, como ocurre en Celaya. También están los frentes abiertos en otras esferas, como la disputa con el sector empresarial por la extinción del FIDESSEG, el término de la estrategia Planet Youth o el conflicto ministerial por descuentos vía nómina, que agregan convulsión al llamado gobierno de la gente.