Influencia de Luis Felipe Guerrero Agripino en la UG no cesa
1.- Influencia de Luis Felipe Guerrero Agripino en la UG no cesa
El exrector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, sigue disfrutando de privilegios dentro de la máxima casa de estudios, a los que pocos tienen acceso. Ocupa un espacio privado y adaptado a su gusto, además de contar con personal a su disposición.
En el Edificio Central de la UG, existe la instrucción de que, al llegar, el elevador debe estar listo exclusivamente para su uso, y nadie más puede subir con él. En la cima de este edificio se encuentra su oficina, equipada conforme a sus exigencias. Guerrero Agripino continúa despachando desde “el palomar” y ejerciendo el control universitario desde esa posición privilegiada.
A estos beneficios se suma el uso de un vehículo proporcionado por la Universidad de Guanajuato y personal de apoyo que también figura en la nómina de la institución. Estos lujos contrastan marcadamente con los recursos que se ofrecen a otros docentes, quienes a menudo enfrentan dificultades incluso para contar con espacios adecuados para atender a sus estudiantes. Estas desigualdades han generado inconformidad entre algunos miembros del cuerpo docente de la División de Derecho, Política y Gobierno, quienes critican el trato privilegiado hacia el exrector. Sin embargo, hasta ahora no ha habido acciones significativas por parte de la actual rectora, Claudia Susana Gómez López, para frenar estas prerrogativas.
Otros exrectores aún vivos no gozan de estos beneficios, reservados exclusivamente para el exrector, quien parece decidido a mantener su influencia dentro de la Universidad de Guanajuato.
En 2024, bajo el amparo de la universidad, Guerrero Agripino recibió recursos para realizar viajes al extranjero. En junio, viajó a Argentina como ponente en el Coloquio Internacional “La Vinculación de la Investigación Jurídica con el Entorno Social”, recibiendo 21 mil 484 pesos para cubrir el vuelo. En julio, asistió a un taller en Alemania titulado "Desafíos actuales del Derecho Penal y la Política Criminal en Alemania y Latinoamérica", para lo cual se destinaron 15 mil pesos. No hay claridad sobre si se le asignaron más recursos para sus estancias.
Desde las sombras, Guerrero Agripino mantiene su influencia en los órganos de la Universidad de Guanajuato a través de Salvador Hernández Castro, secretario general. Uno de sus movimientos más recientes ocurrió el 13 de diciembre, cuando el Pleno del Consejo General Universitario conformó, por mayoría de votos, la Comisión Especial encargada del proceso de designación de cuatro miembros internos de la Junta Directiva de la Universidad para el periodo 2025-2027. Los integrantes de esta Comisión son afines a Rogelio Costilla Salazar, rector del Campus Irapuato-Salamanca, y a María Dolores Gallegos, exsecretaria particular del exrector, ambos cercanos a Guerrero Agripino.
Luis Felipe Guerrero Agripino busca perpetuar su influencia en la dirección de la Universidad de Guanajuato, y la integración de la Comisión Especial deja entrever cómo quedará conformada la Junta Directiva. Si no ocurre un cambio significativo que sacuda su control, al exrector –a quien no le bastaron ocho años al frente– le será suficiente para colocar a un nuevo rector o rectora afín a sus intereses.
2.- Cuerámaro: Contratos ilegales y obras defectuosas a costa del erario
En Cuerámaro, Verónica Concepción Villanueva Vargas se desempeñaba como encargada de la nómina en la administración municipal del priista Mauricio Arce Canchola. Paralelamente, una empresa constructora de la que era socia obtuvo varios contratos de obra pública, a pesar de que la ley lo prohíbe. Como lo expone Periódico Correo, a la empresa Grupo Constructor Inpacto S.A. de C.V. se le asignaron más de 20 millones de pesos en contratos, según consta en la revisión de la cuenta pública de 2023 realizada por la ASEG.
Actualmente, bajo el gobierno del petista Humberto Hernández Martínez, Villanueva Vargas no solo continuó en la administración, sino que ahora tiene un mayor control sobre las finanzas municipales tras haber sido nombrada tesorera.
Además de la ilegalidad en la adjudicación de los contratos, las obras realizadas por su empresa no cumplen con la calidad requerida. Un claro ejemplo es el camino rural El Platanar-Presa del Aguacate, que, a pocos meses de su construcción, ya presenta fisuras y grietas. Lo más grave es que, durante el gobierno de Mauricio Arce Canchola, no se impuso ninguna sanción, a pesar de que el daño al erario fue estimado en más de 8 millones de pesos.
En el gobierno actual, parece poco probable que se proceda legalmente contra la funcionaria y su empresa. Por el contrario, dada la inexperiencia del alcalde Humberto Hernández Martínez, existe el riesgo de que este tipo de prácticas se institucionalicen.
3.- San José Iturbide ignora recomendación contra apología del crimen organizado
Varios municipios atendieron la recomendación de la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de evitar que en sus ferias municipales se presenten grupos musicales o artistas que hacen apología del crimen organizado. Sin embargo, esto no ocurrió en San José Iturbide, donde gobierna el morenista Edgar Manuel Montes de la Vega. En la cartelera de la Feria de San José Iturbide se contempla la presentación de al menos tres grupos cuyo repertorio incluye canciones que enaltecen a personajes vinculados a cárteles.
Si bien es ilusorio pensar que la restricción de este tipo de eventos pueda reducir la violencia en una región, estas presentaciones contribuyen a la normalización de la violencia. Sus mensajes, que exaltan a integrantes del crimen organizado o sus prácticas, permean en diversos grupos sociales, promoviendo estas figuras como modelos a seguir e imponiendo costumbres que refuerzan dichas narrativas.
En un artículo publicado el pasado 15 de enero en la Gaceta de la UNAM, Sandra Oceja Limón, académica adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), lo explica: “El lenguaje, el habla, la comunicación sirven para eso, para comunicarse, pero también para legitimar y ejercer las relaciones de poder y dominación a través de estas representaciones sociales que me configuran como sujeto. A través del lenguaje es que voy a adquirir, apropiarme e interiorizar esas formas de entender el mundo, donde se concentran prácticas y sentidos cargados de significados”.
Contra Retrato
Karla Alejandra Escárcega Robledo
La secretaria académica de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato busca encabezar la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG). Sin embargo, detrás de su candidatura parece estar el oficialismo, más que la buena fama pública que debería respaldar a cualquier aspirante a este cargo.
Escárcega Robledo formó parte del grupo liderado por Luis Felipe Guerrero Agripino que, en junio de 2023, allanó las instalaciones del periódico Correo. Este acto derivó en un proceso legal y en una recomendación de la PRODHEG dirigida a las autoridades universitarias.
Además, en 2020, Escárcega Robledo renunció a su cargo como secretaria del Ayuntamiento en Salamanca, durante la administración de la morenista Beatriz Hernández Cruz. Su renuncia ocurrió tras denuncias de regidores –incluidos los de Morena– que señalaron su negativa a proporcionar información sobre la compra de 22 mil luminarias, un hecho rodeado de señalamientos de corrupción.
Años atrás, durante la gestión de Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez como rector de la Universidad de Guanajuato, y con Luis Felipe Guerrero Agripino como director de Desarrollo Estudiantil, Escárcega Robledo recibió un beneficio inusual. Aprovechando la póliza de seguro contra accidentes contratada por la universidad para los estudiantes, fue autorizada una cirugía de cabeza. Aunque era estudiante, la intervención no se debió a un accidente, sino a una enfermedad. Guerrero Agripino, utilizando sus conexiones con el entonces rector –de quien había sido secretario particular y asesor por periodos breves–, gestionó el apoyo para realizar la cirugía.
Además de contar con el respaldo de las autoridades universitarias que la impulsan, Escárcega Robledo presentó una carta de recomendación firmada por Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Esto genera dudas sobre si su perfil garantizará la autonomía que tanto necesita la PRODHEG y plantea inquietudes sobre la injerencia del Poder Judicial en el proceso. Desde el oficialismo, también recibe apoyo de Alejandro Sierra Lugo, titular de la Consejería Jurídica del llamado “Nuevo Comienzo” y con quien mantiene una estrecha relación desde que ambos fueron asesores del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso.
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