LA 4T Y GRANDEZA DE MÉXICO NO DISPARAN NI EN DEFENSA PROPIA

El presidente, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ya no deben permitir tanto “sacrificio” de los guanajuatenses frente a la criminalidad, porque han sido “largos los tres años” de muertes, lutos, efectos colaterales y afectaciones sin límites del patrimonio recreando un escenario de “terror” que la ciudadanía da cuenta en sus percepciones de inseguridad del lugar donde viven; en esa tesitura el futuro de Guanajuato es incierto.

El sermón clásico de que no se pueden resolver “problemas nuevos con soluciones viejas” está ganando presencia en el territorio estatal, cuando el grave problema de inseguridad prevaleciente no se ha querido atender de una manera profesional o con la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública de los 46 municipios como en el estado de Guanajuato.

Con las definiciones de los comicios 2021 que renovaron el Congreso local y Ayuntamientos, los vencedores hicieron sus cálculos para conocer cuánto les correspondería de los pasteles; sin embargo, la mayoría olvidó, confío, o puso en manos del gobierno de la entidad, más específico del mandatario, Diego Sinhue Rodríguez, una decisión vital: el suministro de la seguridad pública a sus poblaciones.

Se requería del apoyo de las diversas instancias estatales para recrear un nuevo trienio 2021- 2024 con una concepción contemporánea de la de seguridad en general; sin embargo esa gran oportunidad que tienen los hombres del Gabinete Legal con su Jefe Político, se les está yendo como agua de entre los dedos pues prefirieron imponer a los secretarios y directores de seguridad pública municipal en la lógica de que el nuevo o ratificado sería capaz de producir la profesionalización del personal; solamente le faltó al gobernador panista entregarles una varita mágica.

A pesar de que la criminalidad emergió fuertemente durante la primera quincena de las nuevas administraciones, no hubo poder humano que hiciera cambiar de idea a los hombres fuertes de Guanajuato: gobernador, secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca y el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, quienes ante la emergencia provocada por los hechos violentos en las principales plazas de la entidad, León e Irapuato, aderezaron la receta para toda ocasión: los funcionarios salieron a lamentar los hechos, haciendo notar la presencias de los diferentes órdenes de gobierno, la reunión con los empresarios para calmar las aguas y la “oportuna” captura del posible responsable del asesinato del policía en una caseta en León. Y acabó el “estado de sitio”.

Del comunicado oficial: “En acciones de investigación, inteligencia y táctica policial derivado de los ataques múltiples registrados el 20 de octubre en la ciudad de León en donde lamentablemente un elemento de policía municipal murió. La Fiscalía General del Estado en acciones coordinadas con… (SEDENA, GN, SSPE y SSPL) capturó a peligroso sujeto clasificado como objetivo criminal que operaba en la ciudad…” RAFAEL “N”, apodado “El Michigan” enlistado como objetivo criminal prioritario al ser considerado un generador de violencia en esa zona”.

Ni para agarrar vuelo

El gobernador panista Rodríguez y las administraciones municipales, salvo excepciones, están pasando esta crisis frente a la “violencia e impunidad”. En consecuencia, nada cambia, la entidad aún ocupa los primeros casilleros nacionales en criminalidad, es especial de los delitos de homicidio doloso como de ejecución de policías. Si hay deficiencias en Guanajuato corresponden a otras esferas del poder en México.

Entre la soberbia de los gobernantes, de la 4T que ostenta el Poder de la República y de la Grandeza de México que gobierna Guanajuato, se ha perdido el principio de realidad porque no “disparan ni en defensa propia”, puesto que la unión hace la fuerza y no logran la conjunción de su operaciones.

Queda como ejemplo que las “recomendaciones de los gobiernos de Canadá, Japón y Alemania”, a su ciudadanía en el territorio mexicano para que tomen providencias o de plano evitar el paso las vistas y paso por el corredor industrial del Bajío, al parecer no logran elaborarlo en el Gobierno del Estado para que cambie su estrategia con la Federación y gobiernos municipales. Se debe enfrentar la inseguridad como una cuestión de Estado sin olvidar la profesionalización de los cuerpos policiacos y acaben las simulaciones.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ya no deben permitir tanto “sacrificio” de los guanajuatenses frente a la criminalidad, porque han sido “largos los tres años” de muertes, lutos, efectos colaterales y afectaciones sin límites del patrimonio recreando un escenario de “terror” que la ciudadanía da cuenta en sus percepciones de inseguridad del lugar donde viven; en esa tesitura el futuro de Guanajuato es incierto.

En algunos municipios existen los deseos de las autoridades para una restructuración de sus cuerpos policiacos, pero los gobiernos, federal y estatal les niegan esa posibilidad, pues no logran concebir la seguridad pública como “cuestión de Estado” ni tampoco que esta inseguridad es un problema orbital, incluso enraizado, por eso es fundamental que las repuestas nuevas a la delincuencia las presenten los tres órdenes de gobierno. Cada uno por su lado podría ser cada loco con su tema.

Altimetría. La ruta leonesa

En León se buscan las soluciones nuevas. Desde la planeación de su gobierno y desde la primera hora de su administración, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, ha puesto en primer lugar la implementación de la reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Los cambios encuentran anclaje desde el cambio de denominación de la dependencia, pues el Ayuntamiento le ha nombrado ahora la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana.

Ha sido constante la alcaldesa en su propósito. Desde el primer minuto del 10 de octubre, ha acudido a supervisar tropas y operativos, ha hecho acto de presencia en las delegaciones y ha dado la cara a las familias de los policías que han caído en ejercicio de su función. Su estilo, en contraste con el de su antecesor, Héctor López Santillana, distante a los integrantes de policía y tránsito del municipio, le ha ido ganando respeto entre los agentes; no es lo mismo llamar por teléfono que acompañar.

El miércoles, cuando se dieron los ataques a las casetas de policía en los diferentes puntos de León, Gutiérrez Campos, a diferencia de su antecesor en situaciones similares, interrumpió su agenda y convocó al gabinete de seguridad. Supervisó el mando en el mismo C4 y como dijo ella, era hora de que alguien agarrara el toro por los cuernos en la Presidencia Municipal.

Los hechos permitieron también visualizar la convicción de la alcaldesa por el trabajo coordinado entre estado, Federación y municipio. Dicen en León que es lo menos que pueden esperar los ciudadanos de sus autoridades, tras años de esfuerzos aislados y recetas sobadas. La profesionalización anunciada, en las fuerzas policiales leonesas, llevará su tiempo, pero ya inició. Quizá se requiera un cronograma o ruta crítica.