La alianza en suspenso y sus potenciales efectos en Guanajuato
LA ALIANZA EN SUSPENSO Y SUS POTENCIALES EFECTOS EN GUANAJUATO
PELEADOS. Habrá que ver hasta dónde llega la crisis en la relación de los partidos que potencialmente quieren armar la alianza PAN-PRI-PRD porque en lugar de aplacarse los ánimos, los dirigentes parecen exacerbarlos.
HECHOS. Ayer apareció, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas para reiterar que él sigue creyendo en la alianza y que si esta se va a romper, lo tendrán que hacer PAN y PRD, porque ellos no lo harán.
EN LO SUYO. Todo, mientras reiteraba que el PRI mantiene su convicción de que no hay condiciones para regresar al Ejército a sus cuarteles. Seguramente, en la 4T están muertos de la risa. El dardo envenenado alcanzó el objetivo de exhibir la fragilidad de esta coalición que tendrá que sortear muchos más obstáculos.
¿QUÉ PASA EN CASA? Y solo como ejercicio para tejer escenarios potenciales ¿alguien se imagina el desamparo que representaría para el PRI guanajuatense cambiar el chip de cercanía con el PAN que ha tenido desde hace años para ponerse el traje crítico en el extremo caso de que se cancele la famosa alianza?
SON UNO MISMO. Si alguien se ha mostrado cómodo con esa cercanía al panismo sobre todo en temas legislativos, es el coordinador Alejandro Arias Avila que está en plena sintonía con su homólogo, Luis Ernesto Ayala.
CAMBIO DE TRAJE. Conociendo estos antecedentes y el talante negociador que ha tenido en este primer año legislativo, no lo imaginamos en el papel de rudo y crítico. Al final de cuentas, el PRI sí se juega una carta importante en su futuro en la elección de 2024.
ABIERTO. Es poco probable que en Guanajuato se vaya a dar una alianza en la boleta pero sí está abierto el escenario para un acuerdo de facto que le garantice ciertos espacios al tricolor en municipios y distritos en donde todavía conserva cierta fuerza.
TOMA Y DACA. Falta todavía mucho trecho por recorrer y habrá presiones en los 2 principales protagonistas de la alianza. En el PAN ya hay quienes piden olvidarse del PRI y buscar a Movimiento Ciudadano. Otros quieren que nomás se deje fuera a “Alito”. El político campechano tiene su bronx dentro del tricolor y tendrá que emplearse a fondo para sortear este momento.
SUEÑO GUAJIRO. Y los empresarios que sueñan con sumar a Movimiento Ciudadano a la coalición, primero tendrán que superar este trance del berrinche de unos y otros. Sumar siglas y conciliar personalidades y egos tan manifiestos. Y todavía falta que en la práctica, los electores vean a “Va por México” con optimismo.
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FISCALIZACIÓN AZULADA: CASOS PRÁCTICOS DE SU FRAGILIDAD
Mucho se especuló en su momento de las herencias incómodas y los gastos presuntamente irregulares de quien fuera secretario de Turismo en el gobierno de Miguel Márquez, Fernando Olivera Rocha y que, luego repetiría en el mismo cargo en Tamaulipas.
Hace exactamente 4 años, la comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobaba el informe de auditoría de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) con 52 observaciones, la mayoría no solventadas y 19 recomendaciones para el poder ejecutivo, la mayoría de ellas, a Turismo.
Las irregularidades detectadas: la celebración de contratos para promover la oferta turística de Guanajuato por 41 millones de pesos en los que no se garantizaron las mejores condiciones de contratación, incumplimiento de procesos o inexistencia de evidencias de la realización de campañas, hechas en Latinoamérica y Estados Unidos.
Isabel Tinoco, la entonces secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del sexenio anterior, navegó en la intrascendencia total durante 6 años.
Hubo una excepción a la regla. El actual presidente de la Junta de Gobierno, Luis Ernesto Ayala quien renunció en 2011 apenas confirmó que Juan Manuel Oliva, lo iba a acotar y no podía actuar libremente para castigar a cercanos y compadres.
Uno de los casos más sonados fue el de Genaro Carreño Muro, el político salmantino a quien hace exactamente 11 años la secretaría de la Gestión Pública aplicaba un castigo de risa en su calidad de secretario de Obra Pública: 15 días de suspensión de su encargo por irregularidades en la asignación de una obra.
Mientras Carreño Muro recibía una sanción irrisoria, funcionarios que dependían de él eran castigados con mayor severidad por el mismo caso.
Al subsecretario de Obra, Hugo Almaraz Moreno, lo inhabilitaron por un año con 4 meses, además de multarlo con 120 días de salario mínimo.
Al director de Infraestructura, Jaime Ramírez Robles y al director de Servicios Jurídicos, Adolfo Flores Ortega, los suspendieron 72 días de su cargo como responsables principales de la asignación de esa obra.
En las mismas, Juan Carlos Delgado Zárate compadre de Oliva quien también fue sancionado.
Carreño no solo fue perdonado sino premiado con una candidatura a diputado. Consiguió la curul federal y nunca nadie lo molestó. Porque en el PAN, la membresía tiene sus privilegios.
Es todo un clásico en el PAN. Hoy, le llaman “cuidar la marca”. Es decir que hay que echar la caballería completa a los adversarios que cometen irregularidades y a los de casa, no se vale hacer olas ni patear el pesebre.
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INFORME DE GOBIERNO: EL DARDO MORENISTA HIZO EFECTO
Ya puede presumir el diputado local de Morena Ernesto Prieto Gallardo que una de sus críticas al gobierno del estado tuvo una respuesta puntual y que le dieron la razón.
La Diputación Permanente del Congreso local turnó ayer a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma a la Constitución Política local presentada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para evitar que el informe del ejecutivo se empate con la veda electoral que impone un mecanismo de participación ciudadana.
La propuesta que pasará como cuchillo en mantequilla plantea que el informe del titular del Poder Ejecutivo, se envíe al Congreso del Estado el primer jueves de marzo como ocurre desde el sexenio pasado con excepción de los años en los que se realicen elecciones de presidente de la república y gobernador o cuando se efectúe un proceso de revocación de mandato o de consulta popular u otro mecanismo de participación ciudadana análogo. En estos casos, se remitirá el 16 de febrero.
Esta propuesta tuvo su origen en el debate que se generó en el Congreso local luego de que, en febrero pasado, con el voto en contra de los diputados de Morena y de Yulma Rocha Aguilar del PRI, el Congreso del Estado aprobara diferir la recepción y análisis del informe del gobernador de marzo para después del 10 de abril, día en que se celebró la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En aquél momento se difirió también la recepción y análisis del informe del fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre.
Solo votaron en contra de la propuesta que hizo el presidente de la Junta de Gobierno Luis Ernesto Ayala, los diputados y diputadas de Morena así como la priista Yulma Rocha.
Esta última dijo que la propuesta hecha por la Junta y no solicitada por el ejecutivo (la aplanadora azul le hizo la chamba) solo buscaba garantizar “la promoción personalizada” del mandatario estatal.
Por su parte, el morenista Ernesto Prieto Gallardo afirmó que con esta determinación se violentaba la constitución local, que establece los periodos en los que se deben entregar y rendir dichos informes, que en el caso del gobernador es el primer jueves de marzo y del fiscal el último jueves de febrero.
Dijo entender el contexto de aquella propuesta pues se buscaba evitar hacer propaganda y un informe del fiscal o del gobernador se podría presumir como tal, pero advirtió que no era llamando a violar la ley la forma adecuada de hacerlo.
De hecho, el morenista dijo que su bancada estaría de acuerdo en hacer una modificación a la Constitución en el sentido de la que ayer se turnó a Comisiones.
En otras palabras, hay cuestionamientos opositores en el Congreso local que quedan en el anecdotario y pueden ser atinados pero sin consecuencias en reformas. Aquí, sí las hubo.
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