1.- La Feria de León y su milagro económico en duda
La supuesta derrama de 9,058 millones de pesos que dejó este año la Feria Estatal de León fue presentada como un logro histórico. El presidente del Patronato, David Novoa Toscano, defendió con entusiasmo las cifras, respaldándose en la contratación de un despacho “con amplia experiencia” para realizar la medición.
El problema comienza justo ahí: el despacho en cuestión es SAI Derecho & Economía, propiedad del exsecretario de Economía y de Hacienda, Jaime Serra Puche, una firma especializada en asesoría legal y económica, no en levantamiento de encuestas. De hecho, Periódico Correo no encontró registro de contratos previos de esta empresa para realizar encuestas. En su propuesta al Patronato, la propia firma reconoce que subcontrataría ese servicio.
Y entonces surgen las preguntas de fondo. A SAI se le pagaron 986 mil pesos por el estudio, según el contrato del que se tiene copia: 50% a cargo del Patronato, y el otro 50% lo absorbió la Dirección de Turismo, encabezada por Yazmín Quiroz López. Se aplicaron 1,567 encuestas, lo que significa un costo promedio de 629 pesos por encuesta, una cifra significativamente superior a los 250 pesos en promedio que cobran empresas especializadas consultadas por este medio. ¿No habría sido más sensato y transparente contratar directamente a una casa encuestadora?
Esa es solo una de las dudas que deja la gestión de David Novoa Toscano, quien, además, optó por presentar resultados que no resisten el contraste con la realidad.
Uno de los datos más reveladores es que, según el entregable, el 42.7% de los asistentes a la feria cuenta con licenciatura o un grado académico mayor, cuando los datos de INEGI indican que ese porcentaje en la ciudad de León apenas alcanza el 16%, por lo que era esperado que los resultados mostraran en cierta medida este rasgo local. ¿Se encuestó a un segmento específico que, curiosamente, deja bien parados a los organizadores?
La encuesta no solo parece sesgada, sino también exagerada. Por ejemplo, en 2024 el gasto promedio por visitante fue de 546 pesos. En el estudio actual, esa cifra se dispara a 1,351 pesos por persona, es decir, un incremento del 147% en un año. Un salto que no tiene sustento económico, ni en el contexto inflacionario ni en el consumo real observado en ferias pasadas.
La credibilidad de los 9,058 millones de pesos se disuelve al confrontar estos datos con otras referencias. Si se hace una proyección usando los datos del Patronato, en solo dos años la Feria de León estaría generando una derrama similar a la de la Fórmula 1 en México, que ronda los 18 mil millones de pesos. Por si fuera poco, la Feria superaría por sí sola la derrama de toda la temporada vacacional de verano en el estado, que el año pasado se estimó en alrededor de 6 mil millones de pesos.
Si el objetivo era inflar números, el Patronato lo logró. Pero ahora el costo es otro: la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos queda en una posición incómoda. No solo debe avalar públicamente las cifras, sino defenderlas frente a una ciudadanía cada vez más escéptica y una oposición que ya tiene en las manos un caso emblemático de cómo se puede manipular el discurso del éxito con encuestas cuestionables.
2.- Espadas Galván y Michel León calientan motores para presidencia de municipal
Varios perfiles que aspiran a la presidencia municipal de León han comenzado a desplegar estrategias de posicionamiento político. Algunos se enfocan en programas sociales; otros, en construir reconocimiento público, que aún no tienen.
Este fin de semana, en comunidades de la zona sur del municipio, se entregaron tinacos bajo un esquema de subsidio, donde los beneficiarios cubren una parte del costo. Lo notable es que los tinacos llevan impreso el nombre del diputado local Jorge Espadas Galván, quien se perfila como aspirante a la alcaldía. Lo curioso es que las entregas no ocurrieron en el distrito que representa, sino en la zona rural del Distrito VI, correspondiente a María Isabel Ortiz Mantilla.
Aun así, la jugada le da presencia en nuevos territorios y abre una ruta de reconocimiento más allá de su zona de influencia. Las entregas llevan ya un tiempo realizando a lo largo, sobre todo, de la zona sur del municipio.
Otro perfil en movimiento es Allan Michel León Aguirre, actual secretario de Vinculación y Atención de los Leoneses. Es la principal carta de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos. En su segundo trienio lo mantuvo en una posición estratégica: contacto directo con la ciudadanía y liderazgo del programa de Presupuesto Participativo, lo que le ha dado visibilidad y relaciones con comités vecinales.
Además, se le ha visto en una colonia céntrica de la ciudad recibiendo a ciudadanos y también a funcionarios municipales, siempre con escoltas afuera del inmueble, un detalle difícil de justificar dada su posición que nada tiene que ver con seguridad, pero muestra de los privilegios de los que goza por parte de la administración municipal. Además de la alcaldesa y el titular de Seguridad Pública, otros funcionarios que tienen derecho a contar con escoltas son el o la titular de la Tesorería y el secretario del Ayuntamiento.
Jorge Espadas Galván cuenta con amplia experiencia y es una de las voces que pesa en el panismo, mientras que León Aguirre centra todo su respaldo en la presidenta municipal, que, tras fracasar en la búsqueda por la candidatura a la gubernatura, su grupo quedó mermado. Aunque falta tiempo, así como aciertos y errores.
Un tercer perfil que podría sorprender en la búsqueda de la presidencia municipal de León es el del secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona. Durante los dos meses que fungió como alcalde interino dejó buena impresión en la opinión pública. Su perfil de diálogo podría ser una de sus grandes fortalezas ante un ambiente político polarizado.
3.- GTO Leasing: fracaso anunciado y otro sabadazo
Aplicando el clásico sabadazo y aprovechando el inicio del periodo vacacional, el gobierno del estado anunció discretamente la desaparición de la Arrendadora Financiera “GTO Leasing”, un proyecto que desde su creación fue severamente cuestionado por la oposición. Los principales señalamientos: su opacidad y los dudosos resultados que entregó a costa de los ahorros del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
“GTO Leasing” fue constituida el 30 de julio de 2019 con la promesa de fortalecer las finanzas del ISSEG mediante la renta de vehículos y maquinaria a dependencias gubernamentales. Sin embargo, desde su origen, en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se percibía su destino como una crónica del fracaso anunciado. Como documentó Periódico Correo, la arrendadora no logró alcanzar la meta de inversión privada del 50.5% que había prometido, y terminó dependiendo casi exclusivamente de contratos otorgados por el propio gobierno estatal. Esto no sólo comprometió su viabilidad financiera, sino que alimentó sospechas sobre posibles conflictos de interés y la falta de transparencia en su operación.
Durante su comparecencia en la glosa del informe ante el Congreso local, Judith Juárez Guzmán, titular del ISSEG, defendió con insistencia los supuestos beneficios del proyecto. Pero esas bondades se desmoronan ahora, borradas de un plumazo. La desaparición de la empresa parece reconocer, sin admitirlo, que el modelo no funcionó y que se jugaron los recursos de los trabajadores del estado en una apuesta riesgosa y poco clara.
Por cierto, en otro sabadazo y con el foco público en otro lado, la Secretaría de Economía reaccionó —tarde— a una publicación de Periódico Correo del pasado 8 de abril. En ella, se documentó que habitantes del municipio de Victoria denunciaron no haber sido beneficiados por el programa “En Marcha, Mi Tienda al 100”, a pesar de que los artículos entregados llevaban sus nombres pegados, y fueron concedidos en realidad a familiares de funcionarios públicos.
La respuesta oficial llegó hasta el viernes por la tarde. En un comunicado, la dependencia deslindó al gobierno estatal y responsabilizó al municipio, argumentando que fue la nueva administración local la que solicitó sustituir a seis beneficiarios por supuestos motivos de "optimización de recursos". Para ello, se pidieron desistimientos firmados por los beneficiarios originales. Sin embargo, el municipio sólo presentó dos desistimientos debidamente documentados, por lo que —según la versión oficial— únicamente se autorizaron esas dos sustituciones.
Contra Retrato
Yozajamby Molina Balver
La presidenta municipal de Pénjamo impulsará el análisis sobre la posibilidad de aplicar condonaciones al servicio de agua potable en la comunidad de Santa Ana Pacueco, la más grande del municipio, con más de 10 mil habitantes. La medida busca, en primer término, reducir la molestia de los vecinos por los altos cobros que han recibido recientemente, y en segundo, aplicar un “borrón y cuenta nueva” para regularizar el pago del servicio.
No se trata de un aumento en las tarifas. El gobierno municipal, encabezado por Molina Balver, asegura haber detectado que, en dicha comunidad, hay numerosas cuentas que llevan años sin pagar el agua o que no cubren el monto real de su consumo. Esto ha obligado al municipio a subsidiar con recursos públicos una parte del servicio. La intención de la administración es regularizar los cobros y redirigir los subsidios hacia otros programas, como obras públicas.
Aquí es donde se cuela la grilla política. El síndico Ramiro Zaragoza Ramírez ha emprendido una campaña en contra de la presidenta del comité del agua en Santa Ana Pacueco, Regina Muñoz, aprovechando el enojo ciudadano por los cobros excesivos y los problemas en el abasto. Zaragoza ha exigido públicamente su renuncia:
En Pénjamo no es secreto que una de las intenciones del síndico es fortalecer su control político en esta comunidad clave en tiempos electorales. Actualmente, su hermano, Francisco Javier Zaragoza Ramírez, es el delegado de Santa Ana Pacueco y promotor activo de que la comunidad se convierta en un municipio independiente. El siguiente paso parece ser hacerse del comité del agua.
Lo cierto es que los problemas de abasto son reales y no se han resuelto en varios trienios. Uno de los factores es el descontrol dentro del propio comité. La presidenta municipal ha decidido entrarle al tema, aunque es consciente del costo político que esto podría implicar. Por ello, busca que la decisión de poner orden se tome en común acuerdo con los integrantes del Ayuntamiento.
