Jueves, 12 Diciembre, 2024

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La maldita, terca y necia realidad

Opinión

Salvador García Soto

Todavía resonaban en el aire de Acapulco los discursos complacientes del gabinete de seguridad federal con sus afirmaciones de una disminución de la violencia y la inseguridad en todo el país; aún se podían escuchar en el puerto los ecos de los aplausos con los que los funcionarios federales —desde la Presidenta hasta sus secretarios de Seguridad, Defensa, Marina, Gobernación, el Fiscal y la mayoría de los gobernadores de la República— se autocelebraban en el Consejo Nacional de Seguridad Pública por tantos y tan sonados avances en su estrategia de seguridad, cuando el sonido potente de las balas del crimen organizado asesinaban violentamente a un magistrado y expresidente del Tribunal de Justicia del estado de Guerrero.

El cuerpo de Edmundo Román Pinzón quedó sin vida en el asiento del piloto, impactado por varios disparos que atravesaron los vidrios de su auto, justo cuando salía de los juzgados ubicados en la zona de Caleta, en pleno centro del viejo Puerto de Acapulco. El abogado que tenía más de 40 años de carrera judicial en Guerrero, que empezó como secretario de acuerdos en 1985, fue proyectista, juez y llegó a ser magistrado supernumerario en 2006, para después convertirse en presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, y encabezar varias asociaciones civiles de abogados, terminó siendo una víctima más de la violencia criminal que tiene sometido y controlado a Acapulco desde hace ya varias décadas.

Vinieron de inmediato las "condenas", las lamentaciones y las promesas de justicia. "Condeno el homicidio del magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Este acto lamentable enluta a Guerrero y exige justicia inmediata. He solicitado a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. No permitiremos que este crimen quede impune. Reitero mi compromiso de seguir trabajando en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para avanzar en la pacificación de nuestra entidad, en la que no daremos ni un paso atrás", decía la gobernadora guerrerense Evelyn Salgado, que justo un día antes, en el citado Consejo, había sido también ovacionada y reconocida por la presidenta Sheinbaum.

Era como si la necia y terca realidad, no sólo en Guerrero sino también en Sinaloa, en Michoacán, Chiapas, Zacatecas, Sonora, Tabasco (o cualquier otro estado de los que sufren la violencia criminal del narcotráfico), se mofara de las celebraciones y los datos triunfalistas con los que las autoridades del país se empeñan en desconocerla y en negarla e intentan sustituirla con cifras oficiales maquilladas, con discursos grandilocuentes o con justificaciones políticas.

Porque curiosamente, mientras se celebraba en ese cónclave de seguridad de la República "una mejoría de la seguridad en el país desde que gobierna Morena" (el fiscal Gertz Manero dixit) nadie de los funcionarios federales y estatales que participaron, mucho menos el señor fiscal de la República, hablaron de los más de 100 mil desaparecidos que hoy existen oficialmente en México, sumando a los más de 500 mexicanos que han desaparecido en medio de la violencia criminal que hoy tiene devastada y viviendo en la completa anormalidad al estado de Sinaloa y a su capital Culiacán.

Justo cuando las madres de los Colectivos de búsqueda de personas que recorren el país le están pidiendo, casi suplicando, por una audiencia a la presidenta Claudia Sheinbaum, que hasta ahora no ha aceptado recibirlas, como nunca lo hizo tampoco su antecesor, a los desaparecidos se les vuelve a desaparecer del discurso oficial y del panorama delictivo en México. Mientras las madres de los miles de mexicanos que nadie sabe dónde están apelan a que la doctora que hoy gobierna México, que también es madre, las comprenda y las apoye y les haga realidad, también a ellas, su emblemática frase de "llegamos todas".

Ayer fue el magistrado Edmundo Román Pinzón, en Acapulco; antier fue el diputado federal Benito Aguas, que murió atacado a balazos por sicarios que le dispararon desde una motocicleta en Zongolica, Veracruz; el pasado 11 de octubre fue Jaime Navarro, funcionario de la Fiscalía de Jalisco, atacado a balazos cuando subía a su camioneta en Guadalajara; y ese mismo día en Chiapas también mataron a balazos a un funcionario de la Hacienda estatal, Renato Gerardo, cuando llevaba a su hijo de 11 años a la escuela; él murió al instante y su hijo quedó gravemente herido.

Y eso son sólo los nombres de políticos y funcionarios federales o estatales que en razón de su cargo público se vuelven noticia. Pero en el anonimato quedan muchas de las decenas de víctimas mortales que diariamente están siendo asesinadas violentamente en el país. Porque en el gobierno anterior, el de los "Abrazos, no balazos", asesinaron cada día del sexenio a 93 mexicanos; mientras que en la actual administración de la doctora Sheinbaum, en sus dos meses y medio, el promedio de homicidios dolosos de personas es de 74 diarios, de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya secretaria Ejecutiva, Marcela Figueroa, pregonaba también el pasado martes en el Consejo de Acapulco, que "todos los delitos graves han disminuido, con excepción de la extorsión".

Tal vez convendría que la próxima vez que convoquen a una reunión republicana para hablar del tema de la seguridad, los funcionarios federales muestren un poco más de prudencia y, aunque sería mucho pedirles, aunque sea una pizca de autocrítica, antes de proclamar "grandes avances" con cifras y frases eufemísticas. De los gobernadores y sus funcionarios de seguridad ya mejor ni hablamos, porque justo el martes salieron regañados y exhibidos por la Presidenta, quien les pidió dejarse de pretextos y de cobardías y entrarle también al tema de la seguridad y de los delitos que sí les corresponden y no escudarse siempre en la competencia federal.

Decía el premio Nobel de Literatura, Thomas Stearns Eliot, que "los hombres no pueden soportar mucha realidad", pero tampoco pueden soportar tanta mentira ni autocomplacencia de sus gobernantes.

NOTAS INDISCRETAS… El canciller Juan Ramón de la Fuente habló ayer fuerte sobre el escándalo del exfuncionario de Relaciones Exteriores, Martín Borrego, que utilizó al Museo Nacional de Arte como su salón de fiestas particular para celebrar su matrimonio. "Es importante, en estos momentos, resaltar el sentido ético de todas y todos a los que hoy hemos rendido un sencillo, pero emotivo y muy genuino homenaje. Y me tengo que referir necesariamente durante unos minutos a la ética de la diplomacia y de las y los diplomáticos.

"A la ética como marco filosófico de nuestra conducta individual y colectiva. A la ética como un imperativo de la autoridad y de la verdadera competencia en el quehacer diplomático. A la ética como compromiso ineludible del servicio público. A la ética como mecanismo de evaluación para la promoción y para la permanencia en el servicio diplomático. La ética rigurosa como contrapeso de la diplomacia que se agota en el elogio inmerecido y en la recepción frívola", dijo ayer el titular de la SRE en el acto donde se conmemoraron los 50 años del Instituto "Matías Romero", que ha formado a varias generaciones de diplomáticos y miembros del Servicio Exterior Mexicano. Y aunque el canciller no mencionó por su nombre el escándalo de la "boda" ilegal e inmoral que se celebró el pasado 4 de octubre en el Munal y que involucró al ex Jefe de la Oficina de la cancillería y a la excanciller del pasado gobierno, Alicia Bárcena. Y aunque eso tampoco lo informó De la Fuente, la secretaría a su cargo ya abrió una investigación de la citada boda en la que se involucraron recursos, personal y gestiones de Relaciones Exteriores —incluido el correo oficial de la cancillería que se utilizó para mandar las invitaciones a la boda— y sólo están en espera de los resultados de su Órgano Interno de Control, para tomar las acciones correspondientes que podrían ser sanciones legales o administrativas contra los exfuncionarios involucrados. "Sí, es un compromiso de la Cancillería llegar hasta el fondo de este caso", nos comentó una fuente cercana al canciller De la Fuente…Se baten los dados. Acechan las serpientes.

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