La mano que mece la cuna
En menudo lío se ha metido el dirigente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, al haberse dejado embelesar los oídos desde el gobierno federal y plantearse una extensión a su mandato que fenece en febrero, argumentando la imposibilidad de realizar una asamblea electiva en su organismo por la Covid-19, con todo y aval por escrito de la Secretaría de Economía.
Cervantes Díaz, viejo conocido en Guanajuato gracias a la organización de la feria Hannover Messe y la Reunión Anual de Industriales (RAI), donde siempre se ha tenido el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende imponer su estancia al frente de Concamin hasta septiembre de 2021, pasadas las elecciones que renovarán la Cámara de Diputados federal y 15 gubernaturas.
Pero… ya le saltaron los asociados. Al menos 50 de las 65 cámaras que componen a la Concamin -entre las afiliadas están las guanajuatenses CICEG y Cicur, han señalado que el acto es ilegal y atentatorio a la libre decisión que tienen como afiliados a un organismo privado. No solo eso, las cámaras acusan intromisión de funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en asuntos que no son de su competencia.
Sucede que la justificación de Francisco Cervantes Díaz para alargar su estancia en la presidencia de Concamin, habría sido avalada por su propia mesa directiva a partir de un documento que extendió la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Economía (SE), la cual notificó al organismo que “debido a la contingencia sanitaria que aún vive el país, las asambleas generales de los organismos del sector privado, que son entes de consulta del gobierno federal, no pueden realizar sus asambleas generales para elegir a un nuevo presidente”.
La determinación de Cervantes Díaz de plegarse a dicho oficio, que además no cumple con los mínimos elementos de legalidad, destapó que detrás de la jugada está la intención de frenar la renovación de todas las dirigencias empresariales y de manera particular la del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, quien fue acusado de tibio y ‘entregado’ al gobierno federal por algunos integrantes del consejo, de manera enfática la Coparmex, quienes pidieron no sea ratificado.
Cabe precisar que la determinación expuesta en el oficio de la SE resulta contraria a derecho, pues interviene en la vida de asociaciones civiles y la determinación de prohibir la realización de asambleas presenciales no resta la posibilidad de que se realicen de manera virtual, como ya se han hecho este año, por lo que impedir la elección de las dirigencias empresariales es un acto de intervencionismo del gobierno de López Obrador.
En el caso de Cervantes Díaz, incluso ya hay aspirantes a sucederlo haciendo promoción entre los organismos empresariales, por lo que su decisión de permanecer en el cargo atenta contra el propio proceso electivo ya en funcionamiento.
Coparmex ya había adelantado su sucesión, de esta manera en enero José Medina Mora Icaza relevará a Gustavo de Hoyos Walther en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mientras que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) estaría en riesgo de ser sometida también a la misma disposición, pues también debe ser relevado su actual dirigente José Manuel López Campos.
De manera concatenada, en los organismos empresariales de sector y en los estados, también aplicaría la disposición de acuerdo con la redacción del citado oficio.
Entre el empresariado se preguntan por qué no se ha aplicado la misma disposición al Congreso de la Unión o a otras instancias, que son asambleas.
El tufo que se siente en estos hechos es del intervencionismo del gobierno en la vida cameral de las empresas y con ello también su domesticación, dicen nuestros amigos empresarios. Queda en ellos impedirlo.
