La militarización le empieza a pasar factura a AMLO
La militarización le empieza a pasar factura a AMLO
En los últimos cinco días el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido varios reveses, lo mismo judiciales que periodísticos y hasta diplomáticos, todos relacionados con una de las decisiones de política pública más controvertidas que tomó en su gobierno: la militarización de la vida civil de la República y los presupuestos y financiamientos millonarios que le ha entregado a las Fuerzas Armadas mexicanas. Esa decisión –que en su momento fue un giro radical en las posiciones de López Obrador contra el uso político del Ejército– convirtió a los militares en los principales asesores, brazo ejecutor y operador de su autonombrada 4T y, en la recta final de su gobierno, empieza a tener altos costos para el presidente.
El primer revés llegó el viernes pasado desde la Casa Blanca, con el anuncio de que el Departamento de Justicia y la DEA iniciarían la búsqueda, persecución, captura y extradición de los principales líderes del Cártel de Sinaloa: Ovidio, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los tres hijos del "Chapo" Guzmán, lo que significó, en los hechos, un rebasamiento del gobierno y el Ejército mexicanos, que no pudieron o no quisieron detener a los dos Chapitos libres, ni extraditar a Ovidio, aun cuando son los principales responsables de la fabricación y exportación de drogas como el fentanilo a los Estados Unidos.
El segundo revés para el presidente y su política de militarización fue doméstico y llegó con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decidió, primero el lunes invalidar por inconstitucional la intervención de comunicaciones privadas de ciudadanos por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas (léase Sedena y Marina con sus áreas de inteligencia), si no existe de por medio una orden librada por un juez; la mayoría de ministros de la Corte le dieron la razón a una queja de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH que acusó espionaje ilegal de la Defensa Nacional a ciudadanos civiles.
Y ayer martes el mismo pleno de la Corte le propinó el que sin duda será el mayor revés que le haya dado el Poder Judicial al actual presidente: que el traspaso de la Guardia Nacional, la corporación emblema de la política de seguridad de este gobierno, del ámbito civil al militar fue una decisión inconstitucional propuesta por el presidente y aprobada por el Congreso. Por mayoría de ocho ministros, se aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que invalida la transferencia de la Guardia de la Secretaría de Seguridad federal a la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo el argumento de que dicho cuerpo policiaco fue creado en la Constitución como un ente civil y como tal debe permanecer y funcionar. Sólo tres ministros votaron en contra de la inconstitucionalidad: Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar y Loretta Ortiz, quienes respaldaron los argumentos del gobierno sobre la necesidad de "consolidar a la Guardia Nacional bajo el mando militar".
La decisión de los ministros, que seguramente será hoy repudiada y rechazada por el presidente, tal y como ya lo empezaron a hacer desde ayer en las redes sociales sus seguidores y fanáticos que hablaban de una "traición al pueblo" por el fallo constitucional de la mayoría de la Corte, significa un golpe a la columna vertebral de la política de militarización de la vida civil emprendida por este gobierno.
El enorme poder que han asumido el Ejército y la Marina en este sexenio, tenía una de sus principales expresiones en el control de un cuerpo policiaco que, desde su origen, se formó con casi el 70% de personal militar, pero que desde su creación se estableció en la reforma constitucional que le dio vida, que debía ser adscrito, controlado y operado por los mandos civiles, algo que en los hechos nunca ocurrió porque siempre fue el Ejército quien nombró a los comandantes de la Guardia, además de que busos de fuerza, esos perseguirán al futuro expresidente hasta los lejanos confines de la región ignominiosa que le da nombre a su rancho en Palenque.
NOTAS INDISCRETAS…
En el tema del Inai y la orden presidencial para desarticular y mantener operante a ese instituto autónomo, las cosas se complicaron ayer en el Senado, pues mientras la oposición presionaba para que los senadores cumplieran con la ley y nombraran ya a los tres comisionados faltantes, en Morena estaban divididos entre los que acatan fielmente las órdenes del presidente y los que reivindican la autonomía del Senado como poder constitucional para realizar dichos nombramientos. Y en medio del ambiente tenso que provocó ayer una toma de tribuna por parte de la bancada del PAN, las cosas se tensaron aún más cuando las corcholatas presidenciales de Morena empezaron a meter las manos en el asunto. Ayer por la tarde, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, convocó a una reunión a su grupo de senadores para "discutir el tema del Inai". Al Hotel NH Collection se vio llegar a senadores como César Cravioto, Citlalli Hernández y otros afines a Sheinbaum, quien les pidió a los legisladores que acaten "al pie de la letra" la instrucción del presidente y rechacen los nombramientos. Y además de la Jefa, el directamente involucrado con este tema, el secretario Adán Augusto López, radicalizó su posición y habló, ya no como mensajero y operador del presidente, sino que desde su ronco pecho soltó en un tuit una descalificación agresiva ya no solo contra el Inai, sino contra quienes, desde la sociedad civil, la academia y la oposición, están defendiendo al instituto ciudadano garante de la transparencia y el acceso a la información: "El Inai es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia; es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación". Está claro, pues, que este gobierno prefiere la opacidad por encima de la transparencia y la rendición de cuentas y las corcholatas morenistas, que quieren complacer en todo al presidente, también ya se metieron a la guerra en contra del organismo autónomo… Ayer por la tarde el Centro Nacional de Información, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se quedó sin titular, luego de que desde las altas instancias de esa dependencia se despidiera a David Pérez Espinosa, a quien acusan de ser el responsable de una serie de filtraciones y chismes generados con base en informes oficiales que fueron sustraídos de la dependencia y entregados a medios de comunicación. Resulta que el ahora exdirectivo fue sorprendido filtrando comentarios negativos e información oficial en contra de funcionarios y políticos de la misma dependencia, a los que acusaba de ser "conspiradores en contra del gobierno de López Obrador", por lo que la secretaria Rosa Icela ordenó su destitución; pero no sólo eso, sino que a Pérez Esparza ya lo investigaban por corrupción y porque cobraba por las filtraciones de información. Hoy, nos dicen fuentes de la SSPC, el expediente en contra del funcionario ya fue enviado a las instancias correspondientes…
El lunes se anunció que el sonorense Álvaro Bracamonte asumió como nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Morena, invitado por su jefe, el gobernador Alfonso Durazo, que preside dicho Consejo. Se trata de otro Taddei que estará en una posición política nacional privilegiada. Hay que recordar que Álvaro Bracamonte es cuñado del superdelegado Jorge Luis Taddei Bringas, quien está casado con su hermana Cristina Taddei. Habrá que ver si no hay conflicto de intereses entre un funcionario partidista emparentado con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Pero por lo pronto, lo que queda más que claro es que la Cuarta Transformación –como en su momento "la Revolución"— les está haciendo justicia a varias familias como la Taddei, la Gómez Concheiro y otras más que conforman la nueva casta gobernante… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
JRP
