La unidad de la discordia en el IEEG: La última embestida

DIMENSIONES. Es un asunto poco mediático porque es muy técnico y su efecto real en el día a día de los asuntos electorales es limitado. Sobre cuándo cuando el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) presume que no se ha revertido ningún resultado del pasado 2 de junio.

DE CAJÓN. Pero en el consejo general del IEEG y a partir de las quejas de los partidos políticos, se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidenta Brenda Canchola Elizarrarás que el viernes volvió a defender como se dice coloquialmente a capa y espada el trabajo de la Unidad Técnico Jurídica de lo Contencioso Electoral (UTJCE).

CONTEXTO. Aquí le comenté hace unos días que el Tribunal Estatal Electoral falló en contra de la UTJCE la mayoría de los asuntos que le turnaron durante los últimos 4 meses.

REFERENCIA. Esta Unidad es el primer filtro de revisión de los Procedimientos Especiales Sancionadores que interponen los partidos políticos como recurso ante los órganos electorales y depende directamente de la secretaria ejecutiva Indira Rodríguez quien sin ser mencionada habitualmente es la destinataria de las críticas de los partidos políticos pero también de los consejeros.

HECHOS. El viernes, que se entregó el informe de la comisión de Quejas y Denuncias volvió a darse una nueva edición de cuestionamientos en contra de la Unidad en la que sobre todo los representantes de Morena y PRD tundieron a esta instancia.

CON TODO. Pero las críticas más sustanciales y ácidas vinieron de 3 consejeras y un consejero.

BATERÍA PESADA. Salvo Antonio Ortiz quien es el presidente de la comisión de Quejas y Denuncias del IEEG, la consejera Sandra Liliana Prieto que no habló y la presidenta Brenda Canchola quien defendió férreamente su trabajo, en distintos tonos, Beatriz Tovar, Nora García, Concepción Aboites y Luis Mota no solo cuestionaron el trabajo de la Unidad sino que acusaron la nula reacción de la propia presidenta Canchola para atender algunas de las fallas.

NO LO MANDÓ DECIR. La más crítica fue la consejera Beatriz Tovar quien dijo que de poco sirve que se hagan recomendaciones y se corrijan vicios si en el consejo del IEEG no se dan consensos para poner remedio a esta situación en lo que fue un señalamiento indirecto a la presidenta del IEEG que obviamente, es la responsable principal de poner manos a la obra.

UNA MÁS. La consejera Nora García Huitrón no se quedó atrás pues dijo que se le ha dado muchas oportunidades a la UTJCE de mejorar procesos sin que haya respuesta positiva y advirtió que una de las causas principales es la falta de titular, atribución que recae directamente en la propia Canchola.

LA PRESIDENTA TIENE OTROS DATOS. La presidenta no se amilanó y defendió con todo a la Unidad. Si bien reconoció que hay algunas áreas de oportunidad, habló de la carga de trabajo que tiene esa instancia que atiende no solo quejas y denuncias sino "una infinidad de temas", expuso que los procedimientos desechados o revocados apenas son el 10% del total y que debe recordarse que estamos en un sistema jurídico en el que "estamos sujetos a la interpretación de las normas".

CLARÍSIMO. Los argumentos para sustentar las fallas de la UTJCE son abrumadores. Solo la presidenta se resiste a aceptar la triste realidad.

LA DEL ESTRIBO...
"Aún quedan muchas alhóndigas por incendiar", escribe Juan Carlos Romero Hicks para cerrar una reflexión en sus redes sociales donde resume los logros en sus 12 años como legislador: 6 como senador y otros tantos como diputado federal, 9 de ellos en las grandes ligas porque fue uno de los senadores estelares y en la primera legislatura fue coordinador de su bancada. Durante los últimos 3 años no pudo tener tanto protagonismo.
En realidad han sido 18 años de estar en lugares importantes de la política si se le suman los 6 de gobernador y otros tantos en gabinete federal. Regresa al terruño para ocupar una curul como diputado local.
Las "alhóndigas" que le toque incendiar serán ahora como uno más en la bancada panista que ya no tendrá la mayoría. Él tampoco será coordinador. Será interesante verlo en una peliaguda coyuntura, tanto para el PAN como para su ego.

DEL REPLAQUEO EN TIEMPOS DE OLIVA AL DE LOS DE DIEGO: TODO CAMBIA

Hace 4 años, sin gritos ni sombrerazos, por unanimidad el pleno del Congreso Local aprobó en lo general la iniciativa de reforma enviada por el Gobernador de Guanajuato para reformar la Ley de Movilidad del Estado y sus Municipios con la que se iniciaría el cambio de placas gratuitas de los vehículos automotores a partir del primero de septiembre de 2020 y con ello se dotará de mayor certeza al padrón en la entidad.
No solo hubo canje de placas sino también toma de biométricos: huellas dactilares y fotografías en plena pandemia. La oposición votó en contra en bloque, salvo un diputado, una reserva, pero votó a favor en lo general.
Algo muy distinto a lo que ocurrió hace 16 años, en el tercero del sexenio de Juan Manuel Oliva cuando en el Congreso local, con el voto de 23 panistas y el rechazo de los 13 legisladores de oposición, se consumó el llamado “replaqueo gratuito” de tablillas para vehículos de motor en Guanajuato.

Una medida que despertó gran polémica y que puso en marcha meses antes el gobierno del estado bajo la premisa de la seguridad (igualito que 2020). En 2006, lo había intentado pero sin éxito.
En 2008 volvieron a la carga y los priistas encabezados por su coordinador Arnulfo Vázquez Nieto (qepd) y secundado por la hoy morenista Bárbara Botello Santibáñez, se contraponían a la propuesta blanquiazul.
Hablaron de los efectos electoreros de la medida pues se daban a menos de un año de las elecciones de 2009. Igual que en 2020 cuando Morena no respingó.

Los legisladores de oposición señalaban que los más de 100 millones de pesos que se gastaría el gobierno en ese cambio de placas, podrían emplearse en otro tipo de programas. Los reclamos fueron inútiles. Los opositores se quedaron con las ganas y el gobierno olivista se salió con la suya.

A 2 sexenios de distancia, Diego Sinhue pudo presumir que hoy la propuesta pasó como cuchillo en mantequilla. El replaqueo en sí mismo no representó el mayor desafío para la aplanadora azul. Fue el asunto de los biométricos que pasó con el rechazo de casi toda la oposición.

La diferencia probablemente era el factor seguridad. Guanajuato en 2008 era un paraíso de seguridad en comparación con lo que es ahora en la que las estrategias enfocadas a combatir el crimen organizado encuentran el apoyo de todos los partidos porque al final, la responsabilidad del estado de cosas actual es compartida.

"Yo no soy la Fiscalía muchachos". Así de botepronto fue la respuesta que ofreció la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo el pasado viernes cuando le preguntaron sobre el dato de 8 ediles electos que, según el gobernador en funciones Diego Sinhue con algún vínculo o relación familiar o relación con grupos delincuenciales.

Una manera lógica y natural de zanjar mediáticamente un tema que de cualquier manera será un foco amarillo en el arranque de su mandato.

"Habrá que ver que la Fiscalía investigue, está obligada a investigar porque además ya ha habido pronunciamiento de que están en esas investigaciones. Hay que exigir que haya resultados y en su momento, tomar las medidas correspondientes. Yo hoy lo que me toca es trabajar con los alcaldes electos, con los que eligió la gente. Yo no tengo información ni conocimiento de nada. Creo que todos han sido cordiales y con mucha apertura".

Es una lógica impecable. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo está a poco más de 3 semanas de irse y no tiene problema en dejar ese dato en el ambiente porque además es una forma de defenderse ante los cuestionamientos del saldo adverso que deja su sexenio en el tema del combate al crimen organizado: los partidos políticos que critican los resultados son corresponsables.

Quien no tendría por qué evadir su responsabilidad es el Fiscal Carlos Zamarripa porque él sí tiene a su alcance ejercer alguna acción en contra los señalados.

"En algunos de los casos sí (hay investigaciones), pero esos detalles los daremos en su momento una vez que podamos tener los elementos suficientes y que sea el momento pero que sea el oportuno", aseguró.

¿Habrá alguna acción antes de que Zamarripa deje la Fiscalía o quedará el pronunciamiento de Diego Sinhue simplemente como una declaración?
Es un tema delicado porque no hay precedente de que públicamente se dé a conocer que hay una sospecha en contra de algún alcalde o alcaldesa con número de carpeta y presunto delito a investigar.

Si esto llega a ocurrir y no hay elementos suficientes para procesar a alguien, las consecuencias van a impactar a Libia García ya en funciones porque el mencionado como presunto probablemente se quiera victimizar.

Y en el terreno de los hechos quedará la inquietud y el riesgo latente de que alguna autoridad sea afectada en una entidad en el que la violencia ha escalado y ya ha hecho víctimas al hijo de un alcalde en funciones y a la candidata a la alcaldía de Celaya en el segundo día de su campaña.

El desafío es mayúsculo para Libia Dennise García que tiene el beneficio de la duda de quien ya optó por deshacerse de los funcionarios más criticados del sexenio y cuya permanencia era insostenible.
Pero el bono de esperanza se agota rápidamente en estos tiempos.