Los cangrejos eléctricos
Una nueva confrontación entre el sector privado y la actual administración federal se avizora, a partir de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la condición monopólica de la Comisión Federal de Electricidad en México, desplazando con una reforma legal, la participación en el mercado de las empresas del sector privado, de recién incorporación, que venían a significar competencia y por ende, el fruto de precios más bajos, tal y como se observa en las gasolinas.
El Consejo Coordinador Empresarial ha señalado este martes que con la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica el gobierno de México se pretende realizar “una expropiación indirecta que se traducirá en electricidad más cara, contaminante y más subsidios”.
La iniciativa presidencial contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica, que entró en vigor en 2015. Camina en sentido contrario a la liberación del mercado energético, al pretender establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y la dominancia de la Comisión Federal de Electricidad.
Cuando hace casi 60 años se realizó la nacionalización de la energía eléctrica, el propósito central del acto del presidente Adolfo López Mateos no fue tener la propiedad del sector energético, sino que se atendiera la electrificación nacional como prioridad y no solo se priorizara donde podrían tener ganancias las empresas. Así fue como a finales del siglo XX prácticamente todo el país estaba conectado a la electricidad, ningún otro servicio ha logrado tal cobertura.
Sin embargo, al paso de los años y al irse cumpliendo el objetivo trazado con el mexiquense, las empresas del Estado responsables de la hazaña (Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro) fueron convirtiéndose en botín de políticos y reproduciendo prácticas nocivas en el servicio, como excesiva burocracia, conformismo, lentitud y pésima atención a la ciudadanía, fruto en su condición de monopolio. Todavía este sexenio, la empresa sobreviviente del estatismo (CFE) han servido para uso político de quien detenta el poder, como se vio con la pérdida para el erario nacional al perdonarse la deuda de miles de morosos tabasqueños, en una medida particular y sin reproducción en el país.
En este proceso histórico, la modernización del sistema eléctrico quedó limitada, no había capital suficiente para alentar el crecimiento de la producción eléctrica y, sobre todo, transformar el sistema de medios convencionales de producción energética a partir de combustibles fósiles, a las llamadas energías limpias, como la solar. Al mismo tiempo, las nuevas condiciones de participación de México en la economía regional, como en los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá y Europa, encaminaron a una mayor parti cipación privada y sobre todo la inclusión de libre competencia entre las empresas.
La propuesta de AMLO trata de retomar el modelo energético de los años setenta en México, sin embargo, no ofrece a los mexicanos los mecanismos que garanticen un mejor servicio de las empresas estatales. Se lo pongo así, un buen día a su negocio, que vende perecederos, llegan un par de funcionarios corruptos de la CFE y le hacen cargos por varios miles de pesos, siendo ellos juez y parte, porque no hay instancia de arbitraje, a cambio de moche o suspensión del servicio. Sin posibilidad de enfrentarlos de manera pronta por vía judicial, usted afronta el corte de energía con sus productos perecederos que dependen de la energía para su refrigeración. No hay empresa de la competencia a la cual acudir ante el mal servicio o para sostener su necesidad de energía. Está en manos del sistema.
La anterior es la realidad de miles de personas en el país y lo puede ver en Profeco y otras instancias. Así ha sido por años. La competencia abría la puerta a cortar los abusos. Regresar al modelo que acendró la corrupción, porque así siente que es tener nacionalismo quien preside México, dañará a los usuarios. Los abusos privados, de existir, pueden sancionarse de otras formas. No se cumple con uno de los objetivos, el mejor diría, de la reforma eléctrica de 2015, romper un monopolio. La soberanía se puede atender de otra manera, pero para eso hay que estudiar un poco y entender el mundo actual.
