Márquez: atrincheramiento obligado

1.- Márquez: atrincheramiento obligado

A medida de que avanzan las definiciones electorales en el PAN, el exgobernador Miguel Márquez Márquez baja su perfil, afina su estrategia y se mantiene a la expectativa para tratar de frenar o al menos equilibrar el dominio del blanquiazul en Guanajuato, hasta ahora liderado por el grupo en torno al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Desde la reunión del 3 de enero que el sindicato de exgobernadores de Acción Nacional sostuvo con el dirigente nacional panista, Marko Cortés Mendoza, con miras al consejo nacional que definió los términos de la selección de candidatos que dio formalidad a la Alianza Va por México, el purisimense bajó el perfil y puso en veda política sus redes sociales.

De las demandas expresadas en dicho encuentro se supo poco, pero bien claro estaba que, si bien no podrían echar para atrás una coalición con el PRI y el PRD –que consideran ideológicamente inferiores-, su intención era dejarla para el escenario nacional para que se respetaran las canonjías que se tenían en los estados.

Ahora sabemos que Cortés Mendoza poco caso les prestó y la reunión quedó para la cortesía. Al menos en el caso guanajuatense la alianza está a nada de consolidarse pero más aún, la cúpula que acompaña a Diego Sinhue es la que encabeza las decisiones y ese es el motivo que mantiene a Márquez en sigilo.

El mismo fin se semana en el que Márquez estuvo en el CEN panista, su amigo personal, el exdiputado y exalcalde de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala, fue el anfitrión de una cabalgata en su rancho, en el que fue notoria la presencia de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos. La presencia de Márquez era previsible.

Junto a los exdirigentes estatales del PAN, Humberto Andrade Quesada, Fernando Torres Graciano y Román Cifuentes Negrete, además del coordinador de los diputados locales, Luis Ernesto Ayala Torres, ha conformado un grupo de contrapeso que no está de acuerdo con las decisiones del grupo oficial.

Es desde esa trinchera que Márquez sigue muy activo tras bambalinas, promoviendo aspiraciones y demandando contiendas internas que él no propició cuando estaba en el poder político. Es así que sigue asistiendo a los eventos que lo invitan en su terruño, donde el alcalde Roberto García Urbano le da trato de prócer.

Todo con discreción pues la presión del grupo oficial mantiene en ascuas a los ediles que osan acercarse al exgobernador.

Así que aún con bajo perfil en redes sociales, Márquez sigue una dinámica de la que tendría que salir bien librado, si realmente su intención es contender por un lugar en el senado de la república, que de entrada se antoja difícil con la escasez de lugares.

 

 

2.- Crimen, explosivos y búsqueda

El explosivo con el que se atacó a las corporaciones de seguridad y justicia en Jalisco, no sólo desnudó las carencias y vulnerabilidades en ese estado, sorpresivamente también exhibió en blanco y negro el desinterés y el desdén que en Guanajuato se tiene se cara a la búsqueda que emprenden los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Es preciso aclarar que el involucramiento de los colectivos de madres buscadores en este suceso ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga, fue indirecto. Presuntamente un anónimo les reportó el hallazgo de unos restos humanos, cuestión que en automático reportaron a la fiscalía de aquel estado.

Esa versión de los hechos ha provocado que se pongan los ojos sobre los protocolos y la seguridad que las entidades tienen para las búsquedas que las familias de personas desaparecidas realizan, con o sin el acompañamiento del gobierno que es el verdadero responsable de acuerdo a la ley.

Sin embargo, el suceso motivó la crudeza en las declaraciones del Secretario de seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, quien garantizó el apoyo a los colectivos siempre que estos lo soliciten a través de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) que encabeza Héctor Díaz Ezquerra.

Es sin duda alguna un condicionamiento expreso que invisibiliza los esfuerzos que hacen agrupaciones como la Brigada de Búsqueda Independiente, cuyo fundamento es seguir una agenda ciudadana para encontrar a los desaparecidos. La CEB para sus integrantes, ha decepcionado por su falta de disposición y pluralidad.

El método de búsqueda es muy similar entre los colectivos de Jalisco y Guanajuato: reciben mensajes anónimos y salen a buscar a esos lugares, sin saber de dónde vienen y qué te van a encontrar.

Para Alvar, el apoyo está de manifiesto, ahora con la donación de perros entrenados para detectar cuerpos inhumados. Es decir, un respaldo en especie que más bien pareciera un deslinde de una actividad que corresponde al Estado.

Sobre la seguridad a las buscadoras en Guanajuato, basta decir que en los últimos tres años es el estado que más registros tiene al respecto, lo cual ya ha motivado acciones urgentes de la ONU, por la vulnerabilidad en la que se encuentran al buscar en lugares que todavía registran actividad criminal.

 

 

3.- PAOT: una dependencia dormida

Ya se ha puntualizado que las limitaciones legales de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), le impiden llegar a fondo y lograr cambios sustanciales, sobre todo en materia de obligaciones municipales, ámbito en el que sólo puede realizar recomendaciones.

Sin embargo, esta dependencia a cargo de Gerardo Morales Moncada parece decidida a navegar sin mayores turbulencias, sólo dando seguimiento a expedientes ya abiertos sin garantía, faltaba más, de que estos encuentren una respuesta favorable de los municipios a los que se refieren.

Puntualmente hay dos grandes temas que se reconocieron como prioritarios, pero poco cambios se han conseguido: los rastros municipales y los rellenos sanitarios.

La contaminación por las descargas de rastros en drenajes o arroyos como los de Celaya, Cortázar, Apaseo el Alto, Tarimoro y Apaseo el Grande, fue documentada desde 2017. A la distancia del tiempo, se han cruzado dos cambios de presidencia municipal y las correcciones han tenido cauce a cuenta gotas.

Pero el problema de los rellenos sanitarios se cuece aparte. Los incendios se han convertido en un fenómeno recurrente. El último en Guanajuato capital, causó una crisis climática que tardó más de dos semanas en resolverse, pero ya otros sucesos similares se habían registrado en Apaseo el Grande, Comonfort y Apaseo el Alto.

A pesar de que se anunciaron investigaciones al respecto, la PAOT se mantiene en una mimetización que ya no sólo demuestra su limitado marco legal, sino su limitada entrega de resultados con las facultades que ya tiene.

 

 

CONTRA RETRATO

Luis Felipe Guerrero Agripino

Él mismo propició el agravio, lanzó consignas y descalificaciones, justo con el proceso de sucesión de la rectoría general de la Universidad de Guanajuato (UG) a cuestas y un ambiente de tensión entre el cuerpo académico. Lo único que provocó su proceder es una crispación mayor que además es completamente innecesaria.

Luis Felipe Guerrero Agripino se halla ante el efecto boomerang de sus decisiones, que ahora se materializan con una resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), que lo convoca –entre otras cosas- a pedir disculpas públicas por el allanamiento que realizó con una comitiva a las instalaciones de Correo.

Según el rector, aceptarán sin duda la recomendación pero “con sus consideraciones”. Un eufemismo para expresar que admiten la solución, pero la forma de acatar ellos la pondrán sobre la mesa.

Por supuesto, no se puede aceptar menos que un pronunciamiento que parta del agravio contra un medio de comunicación, por no estar de acuerdo con sus publicaciones. Eso es sin duda alguna, un ataque contra la libertad de expresión, y no una magnificada entrega de un derecho de réplica.

Pero esa respuesta refleja mucho más de Guerrero Agripino, un funcionario universitario que es capaz de enarbolar los valores más profundos, pero que en la práctica se encuentra severamente señalado por su intromisión en los procesos legales de la máxima casa de estudios.

Por lo pronto, el rector bien podría aceptar las citaciones legales que se han realizado ante los juzgados por el allanamiento, en una señal de congruencia respecto a la Prodheg.